La reforma eléctrica de AMLO; contener el avance chino  

Decía un querido amigo: “voy a hacer un pronóstico… pasará esto y esto y esto”.

Traigo a cuento esta frase que recuerdo, porque en nuestro país al debate político se ha sumado el de la denominada “reforma eléctrica”, sus beneficios o los efectos negativos que le puede dejar a la nación.

El pronóstico es sencillo. Al regreso del monopolio estatal -como propone la reforma- sobre el sector eléctrico en México, le seguirá una ola de reformas en Latinoamérica -y otras partes del mundo- que básicamente, reforzará también en el subcontinente -y obviamente parte del resto del mundo- el control estatal sobre ese sector y, además, resaltará la importancia de los dos organismos financieros globales: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La razón es la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Como en cualquier otro servicio que se otorga a la población, los modelos económicos para ofrecer esos servicios pueden ser privados, mixtos o paraestatales. Estos servicios inevitablemente se encuentran ante el crecimiento poblacional, el cambio tecnológico y en su caso, la competencia. Hacerle frente a ello requiere una constante: la inversión.

Es la situación del sector de energía eléctrica mexicano. Hay un crecimiento sostenido en la demanda que necesita ser atendido. Por eso es necesaria una inversión que ante la irrupción de las energías amigables con el medio ambiente es evidente que tendrá que ser cuantiosa para asegurar el abasto.

Ese es el panorama futuro; la necesidad de garantizar el abasto eléctrico a la población mexicana, asegurarlo además en un contexto de cambio de paradigma medioambiental, los expertos le llaman “la transición energética”.

La vía que está buscando el gobierno mexicano para asegurar el crecimiento del sector es que a través de una reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que propone regresar el monopolio de la distribución de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La generación privada de energía continuaría, pero la comercialización correspondería a la CFE.

Los detractores de la reforma dicen que, si esta se concreta, aumentará la incertidumbre regulatoria, presionará el gasto público, limitará la libre competencia y asestará un duro golpe a la inversión privada en el sector energético y el uso de energías renovables. incluso, afirman que viola los acuerdos del T-MEC.

Quienes la defienden argumentan que el sector es estratégico para la seguridad nacional, que la compañía nacional CFE ha sufrido un proceso de abandono a beneficio del capital privado que, además, es extranjero y que el consumidor final, en los hechos, en nada ha sido beneficiado con los esquemas privados, ni siquiera con el modelo de subastas.

Los bandos que discuten están bien definidos. Son los opositores a MORENA y al presidente Andrés Manuel López Obrador los que están en contra de la reforma y; quienes se muestran dispuestos a promoverla, son los simpatizantes de la “Cuarta Transformación”.

Ante la casi probable aprobación de la reforma constitucional -difícil pero no imposible- que haría de la CFE nuevamente un monopolio; la primera pregunta básica es: ¿el estado mexicano tiene capacidad de afrontar un futuro con inversiones cuantiosas en el sector para asegurar los niveles de crecimiento necesarios para atender la demanda?

De manera contundente la respuesta es no. El estado mexicano no podrá cubrir grandes niveles de inversión. La respuesta es negativa porque es necesaria la inversión nacional en otros proyectos sociales no solo en el energético. El gobierno mexicano no solo tiene que invertir en el sector eléctrico, requiere hacerlo en otras áreas económicas y sociales en donde la inversión pública, es también cuantiosa.

Sin embargo, tampoco la inversión privada ha sido la solución a la necesidad de crecimiento del sector porque los mexicanos no hemos visto reflejado en el recibo oficial del servicio, una disminución de la tarifa eléctrica. Los generadores privados de energía eléctrica básicamente están concentrados en grandes empresas que producen su propia electricidad. Es decir, son las empresas las que ahorran gastos eléctricos, no las familias.

La idea central de una reforma en cualquier sector económico de una nación es ofrecer ese bien a los ciudadanos lo más barato posible y que también el producto sea accesible. La reforma se realiza, porque en la situación anterior, ese bien o producto resultó más caro o inaccesible.

Las reformas económicas suceden a una situación generalmente de crisis y buscan revertir la situación; pero no solo eso, también pueden aparecer para adaptarse a las externalidades ya sean estas positivas o negativas.

¿El sector privado ha sido la solución a nuestros problemas eléctricos? Tampoco parece ser el caso

Los que quieren la reforma y quienes se oponen a ella, quieren es que la energía sea lo más barata posible. López Obrador y el gobierno morenista quieren conseguir ese propósito a partir de la rectoría del estado sobre la industria. Los opositores dicen que eso se puede lograr con la apertura y la competencia económica.

A esa pregunta básica de porqué regresar al modelo de monopolio de la CFE sobre la distribución nacional si la inversión requerida en el sector es cuantiosa, se podría responder: porque el modelo neoliberal tampoco funcionó. El modelo de monopolio estatal tampoco; podría ser la respuesta a esa pregunta, pero no es la única respuesta.

Si volvemos al punto básico de que el sector requiere mucha inversión y que la reforma obliga al estado mexicano a realizarla -sin inversión privada- pero este no podrá por sí solo garantizarla; habría que voltear a ver lo que sucede en el mundo. Existe una guerra comercial China-Estados Unidos iniciada con Donald Trump y continuada con Joe Biden. Es el país oriental la nación que quiere y busca la supremacía mundial.

En ese sentido, seamos pragmáticos; Estados Unidos no vería con buenos ojos inversiones chinas cuantiosas en México. Entonces, ¿Cómo evitar que inversionistas orientales no desplacen a otros inversionistas privados en un sector sensible?

En ese escenario, algo o alguien tiene que invertir en el sector tarde o temprano. Si no son los inversionistas privados, si tampoco no hace el capital chino, si el gobierno no puede hacerlo con sus propios recursos, entonces están los dos organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El debate ideológico-político de la reforma eléctrica se estrella contra la realidad que impone la guerra comercial China-Estados Unidos. Por eso se antoja estéril e incluso errado. La reflexión debe de llegar desde el análisis de los escenarios nuevos y globales que plantea esa guerra comercial y el papel de México -recordemos que es socio comercial americano- en esa nueva etapa internacional.

La geopolítica respalda la decisión del presidente López Obrador y los americanos pragmáticos, saben que tendrán que pensar como lo hacían los monárquicos ante una crisis: “Si para salvar el reino tenemos que matar al rey, que muera el rey”. Es más importante preservar la supremacía americana que salvar a unos inversionistas, por más importantes que estos sean.

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