Todos somos país de origen, tránsito y destino: De Chile, Centroamérica y México
Por Verónica Paredes *
Durante la dictadura de Pinochet, se empezó a forjar la falsa idea de Chile como un país próspero, con una de las mejores economías latinoamericanas. A fuerza de imponer un modelo económico neoliberal, el cual fue reforzado durante los siguientes gobiernos, colocaron a Chile en el ideario colectivo internacional como un país de grandes oportunidades económicas y por ello, un imán de destino en los desplazamientos migratorios de países caribeños y del mismo cono sur.
El movimiento estudiantil en 2006, conocido como la Revolución Pingüina, exigía el fin de la privatización en la educación. Fue una de las primeras llamadas de atención hacia el mundo de que, en Chile, el cuento no era como lo pintaban. En 2011 y 2012, nuevamente las jornadas de protestas instaron a poner atención en la eliminación de fallidas políticas, herencia de la dictadura y que habían derivado en una fuerte inequidad económico-social. Esta vez, ponían sobre la mesa la necesidad de eliminar, además de la privatización educativa, bandera del anterior movimiento pingüino, lo relativo a la privatización de la salud, de los fondos de pensiones (AFP) entre otras. Las jornadas de protestas de 2019, que lograron articular a una buena parte de la población, derivaron en los actuales procesos para los cambios constitucionales que se vienen tras el voto del sí a la Asamblea Constituyente. Fueron estas últimas jornadas de protesta, las que quizá más eco han tenido a nivel internacional para demostrar que Chile y su milagro económico, no eran más que un espejismo, y que éste es en realidad uno de los países más desiguales en cuanto a ingresos en América Latina [1].
Sin embargo, ese espejismo fue suficiente para que los flujos migratorios fijaran a Chile, como “El país de las oportunidades”, un simil al “American Dream” en el cono sur. Para 2014, Chile estaba más acostumbrado a la histórica inmigración peruana, quienes ocupaban el primer lugar con un 31% de los inmigrados, mientras que Haití y Venezuela, apenas ocupaban un 1% y 1.9% en los registros nacionales [2]. Actualmente, las cosas han cambiado en Chile: en 2010, la población inmigrada apenas ocupaba un 1.8% de la población (305 mil personas), pero para 2021, se elevó a 1.500.000, que significa un 7.5% de la población censada en Chile [3]. En ese explosivo aumento, la población venezolana pasó de 8 mil en 2012, a 500 mil en 2020, mientras que la haitiana creció de 1600 personas en 2012, a 185 mil en 2019, informa el Servicio Jesuita de Refugiados en ese país [4].
En 2018, con la entrada a la presidencia de Sebastián Piñera y la implementación de su “Plan de regulación migratoria”, la expulsión de extranjeros y el endurecimiento de las leyes migratorias fueron evidentes [5]. Junto a ello, el aumento del racismo y xenofobia también develó una de sus peores caras, como lo muestra, por ejemplo, el trato racista hacia los extranjeros, especialmente cuando el fenotipo es diferente al del “chileno” o los ataques de la semana pasada a migrantes en Iquique, la ciudad nortina cercana a la zona fronteriza con Bolivia (uno de los puntos de inicio de su ruta sur-norte), en donde una marcha antiinmigrante culminó en la quema de un campamento de migrantes [6]. Chile, al no poder dar respuesta a una mejora de las condiciones dignas de vida, se convierte en una escala más en la larga travesía sur-norte, en donde la población migrante, especialmente los haitianos, suelen tratar de monetizarse, con el fin de llegar hacia Estados Unidos, proceso que puede durar un par de años, tiempo en el que solicitan estatus de refugiados.
Prueba de ello, es la reciente noticia de que en la frontera norte de México se había hallado una gran cantidad de cédulas chilenas y brasileñas [7], países en los que los migrantes se internan inicialmente y donde buscan el primer refugio. Sin embargo, al llegar hacia E.E.U.U y para evitar que se les niegue el estatus de refugiado, necesitan despojarse de cualquier evidencia de que han sido ya beneficiados con ese estatus en otro país. En el camino de Chile a los EE. UU., esta diáspora, que se une a la africana, tocará otros puntos como Ecuador, Colombia, la mortal selva del Darien [8] y el resto de Centroamérica, donde se integrarán a migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que buscan también, internarse y movilizarse a lo largo de México para llegar a la frontera norte.
En éste transitar, los países centroamericanos y en especial aquellos ubicados en la parte norte del Istmo, que normalmente había sido países desde donde iniciaba la migración, se ven convertidos en nuevos espacios de tránsito de un reconfigurado corredor migratorio y que ha dado lugar a los efectos de una economía basada en el tráfico de personas en situación irregular [9] y su sabido impacto social. Así, la ciudad de Esquipulas en Guatemala, una zona que solía ser famosa por la peregrinación religiosa de feligreses centroamericanos y del sureste mexicano, ahora se ha visto transformada en uno de los últimos puntos de reunión haitiana, previo a atravesar hacia México y establecerse temporalmente en Tapachula.
Los refugios de migrantes en la zona del oriente guatemalteco e incluso, los de la ciudad guatemalteca, se han visto desbordados ante esta nueva y nutrida oleada migratoria, quedando en evidencia que el país no tiene capacidad para atender los requerimientos de las nuevas dinámicas de la movilidad humana y que la política antiinmigrante norteamericana y mexicana, están convirtiendo esta zona en un embudo y que, de manera sutil, EE. UU sin necesidad de convenios específicos, finalmente ha convertido a Guatemala y México, en los ansiados “tercer país seguro”, justo como el plan de la administración de Trump pretendía, reteniendo a las poblaciones en tránsito en ciertas ciudades, mientras resuelven el rechazo o aceptación del estatus de refugio.
A pesar de que ya Guatemala tiene un tiempo de ser consciente de que también nos hemos convertido en un lugar de tránsito, la política se ha reducido a hacerle el trabajo sucio a los EE. UU en cuanto a “retener” la migración, sobre todo en la zona que fronteriza con Honduras, bajo el mismo discurso de México: el de la migración “ordenada, segura y regular”, que a su vez, es la línea de la apuesta norteamericana de política migratoria y atisba el atender la emergencia humanitaria de estos desplazamientos. Una política puede entenderse como el conjunto de decisiones y acciones de un gobierno para atender con un objetivo, a un grupo de individuos, sin embargo, en el caso de las migraciones derivadas de desplazamientos forzados a causa de violencia estructural en los países de origen, lo que rige es la necropolítica; es decir, esa lógica hacer permanente y sostener la precariedad y la vulnerabilidad como una forma de eliminar al individuo indeseado. Así, “el no hacer nada” de los gobiernos, también se convierte en la política no oficial.
Esto tampoco nos es ajeno en México. El mismo embudo que se está creando en el norte y oriente guatemalteco, es el que ya se ha establecido en la frontera sur y si bien se está aplicando para todo el flujo migratorio, actualmente se hacen más notorios los grupos haitianos (y otros extracontinentales). Esto se debe a que, a diferencia de los centroamericanos, que sus países están más cerca de México para volverlo a intentar (o al menos quedarse en Guatemala temporalmente), los grupos africanos o haitianos, tienen que quedarse a esperar la dilatación de su proceso de refugio, el denominado “itinerario burocrático”[10], que es una forma más de las políticas neoliberales de burocratización de trámites gubernamentales, que tiene como objetivo el desalentar la búsqueda de atención, una negación implícita de los servicios, a través de la complejización y alargamiento de los trámites.
Esta acción de “no hacer nada” y del tortuoso itinerario burocrático del migrante solicitante de refugio, exacerba los discursos xenófobos y racistas en las ciudades en las que son retenidos, dejando el gobierno perversamente en “sus ciudadanos”, otra estrategia para desalentar al migrante y que muchas veces deriva en violencias, como los ya mencionados ataques en la Ciudad de Iquique (Chile) o los enfrentamientos que hemos visto en la ciudad de Tapachula entre migrantes y “ciudadanos mexicanos” o con las mismas autoridades.
Por ello, los discursos de los gobiernos del norte de Centroamérica y México en la reciente CELAC respecto a la migración, realmente son ajenos a una respuesta real a la atención de la crisis migratoria en la región, porque los flujos no empiezan únicamente en Centroamérica y cada día, esta región se complejiza más. La crisis humanitaria la tenemos ya, pero parece que, como sociedad, aún no nos damos cuenta de las implicaciones de no atender y no exigir a nuestros gobiernos una atención integral y digna en el tema migratorio, entendiendo que, en esta nueva reconfiguración de las movilidades, todos somos país de origen, tránsito y destino.
*Integrante del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica. Correo veronica.paredes@unicach.mx
[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56999711
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58732902
[9] ttps://www.youtube.com/watch?v=yPQ2YmNTuco
[10] https://www.redalyc.org/pdf/545/54519734009.pdf
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