Rechazo a la violencia en contra de personas en situaciones de movilidad

En la ciudad de Tapachula, miles de migrantes viven en condiciones precarias. Foto: Ángeles Mariscal

Las personas firmantes, académicas y académicos integrantes del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos adscritas a El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), quienes por varios años hemos documentado las cambiantes situaciones de la movilidad humana en esta región, nos pronunciamos para sumarnos a las voces de denuncia por la situación que enfrentan miles de personas originarias de varios países -Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela, Cuba, entre otros-, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La movilización en caravanas así como las manifestaciones por algunas calles de esta ciudad son expresiones de cansancio, frustración y desesperación por la falta de respuesta del gobierno mexicano respecto a sus trámites migratorios y solicitudes de refugio. Esta situación prolonga su permanencia en la ciudad en condiciones de extremas carencias de medios de subsistencia, falta de opciones laborales y de acceso a servicios básicos. De igual forma, enfrentan diversas formas de violencia derivadas de prácticas de discriminación, condiciones que se han agravado durante la prolongada pandemia.

La mayor parte de las personas (solas o en grupos) que se han expresado movilizándose rumbo a otras ciudades mexicanas iniciaron sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o en el Instituto Nacional de Migración (INM), respetando las normas migratorias y cumpliendo todos los requisitos con el fin de contar con la documentación migratoria requerida en México. Pero, el período de su resolución se ha prolongado. Otras personas ya tienen respuesta positiva, es decir, se les ha reconocido la condición de refugio o de protección complementaria, pero no han podido obtener la Tarjeta de Residente Permanente que les corresponde. Frente a esta incertidumbre, sin respuesta a sus trámites y sin recursos, decidieron emprender su camino.

Sus estrategias de salida masiva de la ciudad de Tapachula van más allá de una cuestión de voluntad: se trata de una movilidad forzada por las circunstancias que durante meses han estado viviendo, así como por la necesidad de garantizar su subsistencia y la de su familia.

Como académicos y académicas que, además de analizar y producir conocimiento sobre estos temas, residimos y compartimos espacios con la población migrante, manifestamos nuestro rechazo a la violencia perpetrada por la Guardia Nacional y el INM y por actos de estos servidores públicos que las personas migrantes denuncian, como: quitarles sus pertenecías, romperles sus documentos, trasladarlas de forma arbitraria hacia otras ciudades y deportarlas por la frontera con Guatemala sin registros ni procedimientos claros. Por ello, exigimos un trato digno que garantice el respeto de los derechos humanos y el acceso a servicios básicos, así como la debida orientación o información clara del proceso a seguir para permanecer en el territorio mexicano.

Exigimos un alto a la violencia, a la detención injusta y a la expulsión de migrantes de cualquier edad, nacionalidad, género y estatus migratorio. En especial, exigimos el respeto irrestricto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres embarazadas y de otras personas en situaciones de vulnerabilidad que están en mayor riesgo de ser afectadas en su integridad física y emocional, o de que sean separadas de familiares o de los grupo con los que viajan.

Además de ayuda humanitaria, también exigimos un trato apegado a derecho y al respeto a la dignidad propia de cada ser humano durante su estancia, dando las opciones de mejorar sus condiciones de vida y garantizando el acceso a los servicios básicos y a la sana convivencia con las sociedades locales. Para ello, entre otras acciones, se deben impulsar campañas de sensibilización sin victimización ni revictimización sobre la situación de las personas migrantes que huyen de lugares donde la violencia y/o las crisis económicas/ambientales son la norma.

Por otra parte, es necesario garantizar y agilizar los trámites migratorios y que se destraben los procesos de solicitudes de la condición de refugio y de regularización migratoria. Sabemos el enorme reto que eso implica para una institución como la COMAR que cuenta con poca infraestructura e insuficiente personal, pero se tiene que reconocer la urgencia de agilizar los procesos. Además, es primordial ofrecer alternativas y permitir que estos procesos administrativos se lleven a cabo en otras ciudades. Confiamos que el tiempo de espera en las resoluciones sea mínimo, pero que al mismo tiempo sea una experiencia de seguridad y de esperanza, y no al revés, de peligro, amenaza y de desesperación.

Finalmente, reiteramos lo que hemos exigido durante varios años: el rechazo rotundo al enfoque de securitización, de control militarizado y de intimidación por parte del gobierno mexicano y señalamos la falta de atención humanitaria igualitaria, que es violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes en situación forzada.