En los últimos días se ha destapado o, mejor dicho, ha adquirido mucha notoriedad a través de los medios de comunicación, el diferendo que existe y que viene de tiempo atrás, entre las actuales autoridades del CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Técnico, A.C.

En efecto, la confrontación entre las nuevas autoridades del CONACYT y dicho Foro tuvieron lugar casi desde que inició esta administración. Se sabe que desde 2019 la actual administración del Consejo ha puesto trabas a la entrega de fondos al Foro, pese a que la ley le obliga a entregarlos a esta instancia de consulta. En junio de este año el conflicto escaló a tal grado que el Foro demandó al CONACYT por la negativa a la entrega de los recursos que le corresponden, desavenencia que fue avalada por la Suprema Corte, obligando al CONACYT entregar los fondos reclamados.

Más recientemente, el conflicto tomó un giro inesperado e incluso se enrareció aún más con la intervención de la Fiscalía General de la República al solicitar a un juez la detención de cerca de una treintena de científicos integrantes del Foro, bajo el desproporcionado argumento de que se trata de un red criminal que opera con recursos de procedencia ilícita, usurpación de funciones y delincuencia organizada; entre otros delitos graves. Haciendo alarde de su insensibilidad, la fiscalía solicita orden de aprensión inmediata en contra de los científicos como si estos fueran delincuentes de la más alta peligrosidad.

Previamente, se había dado a conocer por los medios de comunicación un problema de orden familiar en que el fiscal resulta uno de los principales protagonistas. Resulta que un hermano del actual fiscal falleció años atrás y este demandó a su cuñada y sobrina porque las responsabiliza de la muerte. Sin embargo, este conflicto se había mantenido fuera de la esfera pública, pero ahora que el fiscal ocupa el cargo extrañamente las investigaciones y las denuncias toman un súbito desenlace que mantiene a las familiares de Gertz en la antesala de la cárcel.

Cuesta trabajo asimilar la determinación de la fiscalía y más inaudito resulta el tipo de faltas que se imputa a los científicos hoy defenestrados, pero en ambos casos el actual fiscal parece destilar más bien una reacción de odio y una torpeza inauditas.

Existen evidencias de que durante los gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto, los funcionarios que administraron el CONACYT cometieron algunos excesos, mismos que ya se han hecho públicos por las actuales autoridades de ese organismo. Se ha denunciado, también, que los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico usaron recursos públicos para pagar bocadillos, viajes, pago de choferes y celulares. Sin embargo, todo esto puede estar plenamente justificado o si existe delito que perseguir, pues la cosa es tan simple como hacer las denuncias correspondientes y que se proceda conforme a las leyes vigentes. No es necesario hacer un escándalo mediático, cuando existen temas más sustantivos que atender en el campo de la ciencia y la tecnología, para no hablar del pobre desempeño de nuestra economía, los impactos que ha tenido la pandemia no solamente en la salud, sino incluso en el empleo y en las condiciones generales del país; de la imparable ola de violencia, de la avalancha migratoria, entre muchos otros temas de mayor relevancia.

Que las instituciones de educación superior y aquellas que manejan o establecen las políticas de ciencia y tecnología en el país no sean impolutas no es ninguna novedad, como tampoco son islas o paraísos por donde únicamente descuellan virtudes. Estas instituciones son el reflejo del país y aunque muchas de ellas se han labrado un prestigio, no es menos cierto que otras han sido largamente controladas por redes políticas y prácticas de nuestro pasado priísta que, para bien y para mal, hizo que muchas de ellas se convirtieran en genuinos cotos de poder de grupos enquistados en universidades o centros de investigación. La estafa maestra destapó justamente las malas prácticas en que pueden incurrir muchas de estas instituciones y, hoy en día, mantiene en la cárcel a una de sus principales protagonistas. ¿No sería más propio discutir cómo le hacemos a fin de evitar abusos y excesos en las instituciones científicas y tecnológicas del país?

No obstante que sigo pensando que resulta un despropósito la manera en que se conducen las actuales autoridades del CONACYT y, peor aún, la Fiscalía General de la República, esto no es una obstáculo para creer que ha llegado el momento de hacer cambios en las instituciones de educación superior para beneficio de todos.

Creo, sinceramente, que el debate está en otra parte, pese a la importancia que tienen todos estos temas. Si la política científica y tecnológica en este país ha sido siempre definida por un pequeño circulo de académicos y la iniciativa privada, tal y como se ejerció por lo menos desde Salinas hasta Peña Nieto, la propuesta de la 4T se dirige no solamente a centralizar aun más las decisiones sino que, peor aún, se trata de crear un organismo plagado de funcionarios antes que de científicos y tecnólogos con el desastre previsible que esto puede generar.

Considero que esto es más sustantivo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como para el impulso que merecen todas las instituciones de educación superior en el país, antes que andar persiguiendo académicos e incluso aventarse la puntada que no hay diferencia ninguna entre (no) atrapar delincuentes que dañan a diario la más mínima “convivencia social” y profesores e investigadores que pueden cometer faltas y deben ser sancionados conforme a las reglas, pero el despropósito resulta de la equiparación de conductas o acciones que no admiten el más mínimo análisis y mucho menos su aceptación.