La consulta o la abyecta costumbre de no tomarnos en serio

Mientras escribo estas líneas, algunos periodistas concentran su interés y expectativas en torno a la consulta que se realiza este domingo 1ero de agosto. Como sabemos, se trata de un ejercicio democrático con el fin de recoger la opinión de la ciudadanía en torno a las probables acciones ilegales hechas por los expresidentes desde Salinas hasta Peña Nieto.

En el lenguaje ordinario de la política suele decirse que para no resolver un problema es necesario crear una comisión, ese parece ser el destino de la consulta de este domingo, si es que acaso se alcanza la hazaña de una votación de al menos el 40% de la lista nominal para que “una comisión de la verdad” tenga viabilidad jurídica. Sin embargo, se ve muy difícil que pueda alcanzarse ese número por varias razones.

En teoría, creo que pocos pondrían en duda la pertinencia y el carácter democrático de un ejercicio de esta naturaleza. Sin embargo, el tema ha despertado tal polémica y estado sujeto a la interpretación de múltiples actores que a estas alturas es sumamente complejo no solamente entender la pregunta sino, además, valorar si realmente tiene sentido participar en una convocatoria de este tipo.

Foto Andrés Domínguez

En Veracruz, durante el gobierno de Miguel Alemán, se llevó a cabo una reforma constitucional que contemplaba varias figuras jurídicas de consulta directa a la ciudadanía como el referéndum, la consulta popular y el plebiscito. De este modo, se promovió un referéndum sobre la realización y apoyo presupuestario para la Cumbre Tajín (un festival que se realiza cada año con el fin de difundir la cultura totonaca, pero que igualmente ha permitido la convivencia de múltiples expresiones culturales), hacer públicas las auditorias realizadas a la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde; entre otros cuestionamientos para los que solicitaba se pronunciara la ciudadanía veracruzana. A pesar de haber invertido recursos con ese propósito, el referéndum fue un fiasco dada la escasa participación de la población y una malísima inversión de dinero público.

El presidente Obrador también ha realizado algunas consultas, como la que se hizo a propósito de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se pretendía llevar a cabo en Texcoco. Desde la campaña, AMLO dijo reiteradamente que de llegar a la presidencia cancelaría esa “obra faraónica” por las sospechas de corrupción. De manera que la decisión estaba tomada y la consulta, para decirlo de una manera amable, resultó bastante modesta en cuanto a la participación ciudadana, puesto que solamente fue un mero trámite para validar lo que había sido una propuesta de campaña.

No sabemos realmente si esa obra estaba plagada de actos de corrupción, pero no es difícil sospechar que así era sobre todo a raíz de los escándalos en que se vio envuelto el gobierno que la promovió. Pese a lo tóxico o incómoda que le resulta al presente gobierno quienes desde la prensa tradicional mantienen bajo escrutinio las acciones de los actores políticos, han sido las investigaciones en ese campo a través de las cuales nos hemos podido enterar de actos indebidos o abiertos casos de corrupción tanto en el gobierno federal, como en las administraciones locales.

Ultimamente, el presidente Obrador ha tenido el tino de deslindar en su crítica a los medios tradicionales, sobre todo a la prensa escrita, las posturas de los dueños de los medios, de los periodistas y analistas que los sostienen. El caso es que el periodismo vive una situación paradójica porque, pese al régimen de libertades que impera, quienes se dedican a esta profesión padecen el doble asedio de la violencia y la precariedad laboral que termina convirtiendo una noble labor en un acto heroico cada vez que se publica algo. En medio de todo esto, también existe en el campo periodístico la banalidad y, con frecuencia, la defensa de intereses antes que “historias” que se sostengan con rigor a la verdad.

En ese sentido, la consulta emerge en un clima en que no parece existir el ímpetu que estimule el entusiasmo ciudadano para acudir a un ejercicio democrático de este tipo. Es lamentable que esto ocurra en estos momentos, pero la realidad no espera condiciones ideales sino que se presenta con altas dosis de incertidumbre en momentos que resultan contingentes a las posibilidades y recursos a los que pueden apelar los actores involucrados.

Para empezar, el ente organizador de la consulta es el INE, pero desde sus inicios el consejero presidente del instituto señaló que no tenían dinero para tales propósitos y, sobre todo, cuestionaba la constitucionalidad de la propuesta y el tipo de cuestionamiento que la sustenta. Por ese motivo, tuvo que intervenir la Corte y aunque aceptó que era saludable para la vida democrática del país llevar a cabo dicha consulta, también señaló que los comportamientos ilícitos o acciones que transgreden el orden legal no están sujetos a la opinión o la deliberación ciudadanía, sino que se denuncian y se llevan a juicio.

Pero la Suprema Corte no solamente esgrimió comentarios sobre la constitucionalidad de la consulta, también se tomó la licencia de intervenir en la redacción de la pregunta que habrán de responder los ciudadanos este domingo. El cuestionamiento quedó de la siguiente forma:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Flaco favor le hace la Corte a la consulta con semejante intríngulis, pues el ciudadano común tendría que pasar por alguna facultad de derecho para estar medianamente capacitado y poder descifrar semejante maraña lingüística. Si tomáramos en serio a la Corte, habría que reconocer la temeridad con la que los ministros aprobaron un cuestionamiento que claramente dificulta la comprensión y no solamente eso, sino que pone en riesgo de saturar las cárceles de los “actores políticos” (alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y todo un conglomerado variopinto de personajes de la política) que toman decisiones afectándonos a la ciudadanía de este país en el presente y en el pasado.

Para clavarle la última estocada a la consulta, el presidente ha mencionado que el no participará porque no es su fuerte la venganza. Está bien que sea sincero y que no albergue ningún tipo de animadversión con relación a los presidentes que le ha  antecedido en el cargo. Más aún, es loable que no pretenda “vengarse” de los anteriores presidentes, pero ahora no puede caer en la incongruencia desentendiéndose de una acción en la que él resulta un protagonista central. ¿Entonces para qué tanta discusión? ¿Para que distraer recursos en un contexto tan adverso económica y sanitariamente, cuando no se comparte el cuestionamiento que están en el origen de la consulta?

Resulta un tanto ocioso distraerse en una consulta para alimentar el ego de una supuesta congruencia si las condiciones de posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes son punto menos que nulas o implica una movilización social de tal magnitud que no se ve que pueda alcanzarse en estos momentos. El listado nominal es de poco más de 93 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de nuestro país, si tomamos en cuenta que resulta indispensable que el 40% de ellos vote para que la consulta tenga consecuencias en torno a la integración de una comisión que investigue los probables delitos cometidos por los expresidentes desde Salinas hasta Peña Nieto; esto significa que deberán acudir a las urnas poco más de 37 millones de ciudadanos. Ese es el tamaño del reto, lo cual se ve difícil de conseguir en un entorno que no lo favorece mucho y bajo experiencias de consultas asumidas por este gobierno que ni mínimamente han alcanzado tales cifras.

Por supuesto que no habrá ningún tipo de consecuencia derivada de la consulta, ni tendrá relevancia alguna por la simple razón de que los expresidentes gozan de inmunidad. La reforma constitucional enviada por AMLO que sustrae el fuero al presidente estando en funciones, no puede aplicarse retroactivamente a los expresidentes para fincarles responsabilidades penales, administrativas o del tipo que fueran. Por lo tanto, la consulta aunque puede ser un instrumento adecuado y legítimo que, además, podría robustecer nuestra novel democracia, no será más que un distractor con nulos resultados. Pan y circo.