Que en Chiapas arribara al poder un funcionario que se desempeñaba en el área de la justicia prometía al menos un gobierno con la sensibilidad suficiente y con la dosis apropiada para la aplicación de ley. Visto a la distancia y casi a la mitad del sexenio de la administración estatal actual, el panorama resulta un tanto sombrío y poco alentador.

El presidente de la república ha depositado su confianza en Rutilio Escandón, pero ha resultado un gobierno errático y francamente incapaz frente a los poderes fácticos que controlan el territorio y sectores importantes de la entidad. El gobernador puede estar tranquilo frente al respaldo que a menudo recibe del presidente López Obrador, pero si observamos lo que acontece en la entidad a partir de los conflictos que han estallado en los últimos días, la situación puede convertirse en preocupante dadas las condiciones de fragilidad y abierta debilidad que manifiesta la indolencia, inacción o la franca incapacidad del gobierno estatal.

Es cierto que Rutilio Estandón recibió una entidad en franca descomposición tanto por las condiciones socio-económicas imperantes, como por la desarticulación del régimen político estatal y los enormes desafíos que grupos de poder regional y fácticos plantean con frecuencia a las autoridades estatales.

AMLO confía en que Rutilio Escandón es un gobernante honesto y es posible que así sea. Lo que resulta menos probable es que resulte un gobernante apropiado para los retos que significa gobernar una entidad que tiene alrededor del 80% de su población en pobreza, vive acechada por redes criminales dedicadas a trasiego de drogas y sectores poderosos que imponen su agenda de intereses por sobre las necesidades y demandas de la sociedad chiapaneca en su conjunto.

Aunque Rutilio Escandón no era un personaje que figurara en el ámbito político local, es decir, como un candidato fuerte para el reemplazo del ex-gobernador, Manuel Velasco, la existencia de redes familiares que lo acercaron de manera directa con el hoy presidente de la república, significó el elemento fundamental para colocarlo en la ruta correcta hacia la candidatura de Morena y triunfo electoral previsible dado el empuje que la campaña de López Obrador iba teniendo en el proceso electoral del 2018. Pese a ser un alto funcionario de la administración anterior, su desempeño como magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue de regular a francamente intrascendente, no obstante la importancia del cargo y haberle tocado la instrumentación del nuevo modelo de justicia penal en la entidad.

Sin embargo, su llegada al cargo político más importante y algunas de las acciones que de manera inmediata instrumentó provocaron una sensación positiva de su gobierno. En efecto, puso en orden a algunos grupos radicales y abrió las posibilidades de gobernar con apego a la ley, sin que esto significara la cancelación de la negociación política con algunos sectores que reclamaban atención y demandas que, en algunos casos, habían sido ignoradas por administraciones anteriores. En ese sentido, enfrentó a la Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) y detuvo a algunos de sus dirigentes con el propósito de enviar una señal contundente de autoridad. Pero más allá de los efectos alcanzados, la tónica imperante ha sido el descontrol derivado de un gobierno errático, con funcionarios que se enfrentan entre ellos mismos y un gobernador que resulta incapaz de disciplinar a su equipo.

Con un rostro menos afable, el gobierno de Rutilo Escandón enfrentó otros conflictos con estudiantes de una de las pocas experiencias que aun se sostienen para la formación de jóvenes profesores, como es el caso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, a quienes se ha enfrentado con mano dura, aunque también los jóvenes no han escatimado esfuerzo alguno y han contribuido al clima de violencia que se revierte en contra de ellos.

Los maestros de las secciones sindicales del movimiento democrático del magisterio, así como las organizaciones sindicales otrora oficialistas del ramo, han participado en acciones directas que incluso desafían las más mínimas formas de civilidad política para plantear las que podrían ser calificadas como demandas legítimas por mejores condiciones de trabajo e ingresos.

Las comunidades indígenas, tanto como los pueblos más apartados e incluso aquellos no tan lejanos de la capital, realizan reclamos frecuentes con el fin de garantizar aunque sea una mínima presencia estatal, de tal forma que se pueda favorecer la resolución de conflictos o al menos la neutralización de grupos especialmente violentos que mantienen el control de algunos territorios de la entidad. Esos legítimos reclamos de la población a menudo han sido ignorados o han recibido como respuesta la indolencia de las autoridades estatales.

Los más recientes procesos electorales no solamente dejaron heridas abiertas, sino que hacen estallar las contradicciones locales al no encontrar salidas institucionales para la resolución de los conflictos poselectorales. Peor aún, las pugnas no resueltas han dejado al descubierto no solamente las incapacidades del gobierno estatal para implantar la ley y construir un régimen en que no solamente haya autoridad sino, igualmente, espacio suficiente para la negociación política y la resolución de controversias; lo que en los últimos días hemos visto es que las redes criminales que operan en varios espacios de la entidad hicieron patente su presencia y no es difícil imaginar que, en algunos casos, tuvieron una participación directa en la designación de candidatos o disuadiendo por la fuerza a algunos prospectos que eventualmente podrían afectar sus intereses.

El presidente López Obrador está convencido que la honestidad es el principio fundamental por el cual valora a quienes le acompañan en su gobierno y no está mal que se establezcan criterios de moralidad para la incorporación de funcionarios al servicio público. Es posible que el gobernador de Chiapas cumpla esos parámetros basados en buenas prácticas, pero lo que nos queda claro con el perfil que ha adquirido su administración en esta primera mitad de su gobierno, es que no resulta suficiente para alcanzar un gestión aceptable o que su desempeño sea menos caótico al que revela lo que hasta ahora lleva en el poder. Bajo esta lógica, el gobierno de Chiapas puede ser el modelo del fracaso de una hipotética transformación que más que construir un nuevo pacto social y un andamiaje institucional para la solución de conflictos, a lo que se dirige es a la refuncionalización de las viejas prácticas heredades del régimen autoritario y con renovado partido hegemónico por la vía de Morena. Pero el caos y la fragilidad de las instituciones públicas a nivel local, podrían acaso estar capitulando en un escenario en que redes criminales y poderes fácticos de distinta manufactura ponen de rodillas a los poderes legalmente constituidos.