Son tan próximos y por desgracia lamentables que es imposible abstraerse de opinar acerca de los procesos electorales en curso. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, estas serán las elecciones más grandes de la historia de México, si consideramos en número de puestos de elección que están en juego. En efecto, habrán de elegirse de manera directa e indirecta 500 diputados que renovarán por completo la Cámara de Diputados a nivel federal. Al mismo tiempo, están en juego casi la mitad de los ejecutivos estatales y una multiplicidad de cargos públicos locales, pues habrá elecciones para cambiar 15 gubernaturas y casi 2 mil puestos entre alcaldes y autoridades auxiliares.

Esto solamente es el reflejo de los puestos que están en disputa, pero si tomamos en cuenta que en cada uno de ellos habrá al menos entre 3 y 4 agrupaciones políticas luchando por alguno de los cargos, el ejército de candidatos es todavía más enorme. En los municipios, por ejemplo, que se vota por planilla, mínimamente se proponen tres candidatos por partido o coalición con el fin de ocupar los cargos de alcalde, síndico y regidor; lo que significa que entre 9 y 12 ciudadanos luchan por ocupar tan sólo tres cargos.

En medio de la violencia política ejercida hacia candidatos, sin el menor pudor, los partidos se han dado un banquete escogiendo lo peor. Ya he expresado en anteriores colaboraciones los casos más grotescos y solamente me permito añadir que esto se traduce en una suerte de desprecio hacia el electorado, es decir, se envía el mensaje que la ciudadanía importa muy poco y se restringen sus opciones a simplemente escoger lo menos peor a juicio de cada quien. Desde luego, habrá candidatos respetables o que al menos pueda otorgárseles el beneficio de la duda, pero resultan más la excepción que la norma.

Aunque ha bajado la intensidad de las disputas entre la presidencia de la república y algunos consejeros del INE, lo cierto es que hay una abierto conflicto por el control de la institución encargada de llevar a cabo las elecciones en todo el país. Especial protagonismo han mostrado el presidente del INE y uno de sus consejeros frente a las críticas presidenciales. Sin embargo, antes de hacer cualquier tipo de señalamiento debería examinarse meticulosamente la actuación del instituto electoral, como de sus consejeros en particular. Que los consejeros tengan ingresos elevados no es ilegal, en todo caso puede criticarse que resulta inmoral frente a la pobreza y la gran desigualdad existente en el país. El argumento ingenuo de que debe pagarse muy bien a los funcionarios para que no se corrompan quedó echo trizas con la actitud indolente de los consejeros. Dependiendo del caso, no hay que olvidar a los propios partidos políticos y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes igualmente son protagonistas importantes en la trama electoral; unos definiendo “temas y programas” como ofertas políticas al electorado, otros resolviendo los conflictos derivados de las querellas que emergen de las diputas político electorales. Ese es el complejo entramado en que nadie de los actores principales puede quedar exento de crítica por comisión u omisión.

Aunque nuestra democracia electoral es relativamente joven, no cabe duda que el entramado institucional que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos 35 años atribuyen algún grado de credibilidad que hace más confiable el respeto al sufragio, que cuando era el gobierno quien organizaba las elecciones. En efecto, si tomamos en cuenta que solamente a partir de la creación de una institución independiente del gobierno encargada de organizar las elecciones en 1994, hizo posible nutrir de credibilidad un proceso que en manos de las autoridades fue todo menos que escrupuloso y cuidadoso de los sufragios que los ciudadanos depositan en las urnas; no cabe la menor duda que el INE puede ser una institución imperfecta, pero quienes forman parte del servicio electoral han logrado acreditar un trabajo profesional.

El presidente Obrador ha tenido el cuidado de no descalificar todo el sistema electoral, sino principalmente a algunos de los consejeros del INE con quienes mantiene diferencias. Ciertamente la trayectoria de la institución electoral tiene claroscuros, pero es precisamente este INE el que organizó las elecciones del 2018 y fueron los ciudadanos que mediante su voto quienes decidieron que el hoy presidente llegará al poder.

Que muchos de los funcionarios actuales estén comprometidos con redes políticas a quienes deben sus cargos no parece ser una hazaña analítica que nos muestre más allá de lo obvio. Ni en Escandinavia los funcionarios públicos dejan de obedecer a quienes les otorgan los cargos. No obstante, existen diferencias abismales entre esos países y México en términos de los procedimientos y reglas que desde la administración pública se ejecutan, como en el entorno que a menudo examina con lupa la actuación de las autoridades del nivel y responsabilidad que sea.

En México no hemos alcanzado a tener una burocracia eficiente, como tampoco contamos con un ambiente que lo favorezca. Eso se expresa en la debilidad estatal, prueba de ello son la acechanzas que a menudo reciben los gobiernos de parte de las redes criminales y poderes fácticos acostumbrados a obtener rentas de la acción, indulgencia o indiferencia estatal, como también la fragilidad y a menudo el estado de indefensión en que se encuentra la sociedad en su conjunto. Es verdad que hemos avanzado en algunos diseños institucionales que permiten atajar ciertos excesos, como también se han desarrollado prácticas sociales que apuntan a una suerte de pedagogía democrática que implican compromisos en la toma de decisiones colectivas. Sin embargo no ha sido suficiente.

No es privativo de México el hecho que los partidos políticos tengan tan poca aceptación o gocen de un escaso prestigio entre la población. Pero hasta ahora no conocemos otra forma de organización política que permita una acceso al poder mediante procedimientos democráticos, que aseguran una transmisión pacífica en los cargos de representación política.

Ahora que estamos a escasos días de volver a las urbanas a cumplir nuestro deber ciudadano y, al mismo tiempo, hacer efectivo nuestro derecho a votar por el partido y candidatos que más se acerca a nuestras formas de pensar el panorama parece no ofrecernos un escenario muy distinto a lo que tenemos hasta ahora. Mientras el bloque opositor no logre colocar temas que sean del interés general, el bloque de poder que hoy gobierna podrá cometer errores como hasta ahora, pero será difícil que la confianza ciudadana retorne hacia aquellos que ya tuvieron su oportunidad de gobernar y terminaron envueltos en escándalos de corrupción.

Mientras los opositores al régimen de la 4T pierdan el tiempo en campañas negativas y alimentando la chismografía que desde los medios de comunicación tradicionales se alimenta, no harán más que evidenciar que sus intereses están solamente dirigidos a la conquista del poder, reduciendo a la categoría de clientes a todos aquellos que convocan como ciudadanos.