La democracia como ideología. A propósito de la defensa por los amagos para desacreditar al INE

Votaciones de 2018 en San Juan Chamula. Foto: Ángeles Mariscal

Por María del Carmen García A.*

En México, como en muchos países, la crisis de la democracia y sus instituciones no es un hecho nuevo. Tampoco lo son sus detractores y defensores, pero existen numerosos estudios críticos sobre la naturaleza de la crisis del sistema representativo y de las instituciones a las que se le encomienda tamaña responsabilidad: respetar y hacer respetar los procesos electorales garantizando elecciones limpias, cosa que desde hace muchas décadas no lo hacen. Por ello sorprende que hoy, “intelectuales, académicos, políticos y ciudadanos” refrenden su respaldo al ejercicio que el Instituto Nacional Electoral (INE) hace de su “autonomía constitucional”. El marco de referencia es, por supuesto, el modelo ideal de democracia representativa, que en México ni en sus mejores momentos ha existido, salvo la elección presidencial de 2018, que devino en perplejidad y después en la revisitación del desprecio político y mediático hacia las masas ciudadanizadas, y a su Presidente.

En esta tesitura se corre el riego de orientar la búsqueda de los enemigos de la democracia obviando los contornos del transfondo que definen la crisis de los órganos decisorios, burocráticos y operativos electorales y judiciales, y de sus actores, los partidos políticos. Ningún académico, intelectual o político ignora que la creación del INE le correspondió al poder Ejecutivo y a los partidos políticos; que la naturaleza de su cúpula dirigente es elitista, lejos de la chusma o de los “inditos” como, con abierto sentido racista, lo expresó Lorenzo Còrdova; un INE que no es autónomo, que sin la figura del poder del Presidente en turno, asume decisiones y acciones mancomunadas con los partidos políticos perdedores, PRI/PAN/PRD, reactivando un engendro que tampoco es nuevo: el “cártel party”, que “instalados en los vértices del Estado, acuerdan para repartirse financiamientos públicos crecientes y para obstaculizar el ingreso de nuevas fuerzas en la arena política” (Meaglia y Vitale (2007: 22).

La reforma político-electoral de 2014[1], tiene detrás de sí la experiencia de la elección presidencial de 2012. Numerosas encuestas nacionales, mostraron el recurrente descreimiento de la sociedad en los partidos políticos y en la representación parlamentaria[2], y la exigencia de anulación de la elección presidencial y la inequidad de las contiendas electorales (Castellanos, 2016); fue forjada en el marco de la estrategia Pacto por México, instituida por el expresidente Enrique Peña Nieto y el sistema de partidos políticos. La naturaleza de su radicalidad es su potencial regresión autoritaria (Cárdenas, 2014). Su primera prueba de fuego fueron las elecciones intermedias de 2015, visibilizando tanto la elitización de la burocracia electoral, como sus desproporcionados recursos, al igual que para los partidos políticos, y sus campañas mediáticas, haciendo del espectáculo lo suyo. En suma, una democracia de “lujo” en un “país de pobres”. Según fuentes oficiales, los comicios de 2015, fueron los más caros de la historia electoral de México, tuvieron un costo de 21 786 772 pesos, de los que poco más de cinco mil millones correspondió a los partidos políticos, partidos que como el PVEM hicieron de “la burla de las disposiciones legales, una estrategia de campaña” (Loaeza, 2015). Sin embargo, la crisis política profundizo la desconfianza hacia los órganos electorales –INE y TEPJF- y el desprecio ciudadano a los partidos políticos.

La falacia de esta democratización del lujo, salvo el puñado de políticos que la construyen para sí mismos, la impuso la elección federal de 2018. El INE después de las elecciones intermedias de 2015 no dio ninguna muestra de hacer una valoración crítica que permitiera el debate y las decisiones que alteraran los contenidos jurídico-normativos perniciosos de la reforma político-electoral; las fallas de su instrumentalización y desarrollo, se esperaba, sin duda, que serían superadas con las bondades de la misma reforma y la capacidad operativa de la elite responsable, sin obviar los recursos financieros y la fuerza misma del Estado. No es necesario bosquejar el proceso de la elección federal de 2018, los resultados no dieron razones para recurrir a la apelación del fraude y la exigencia del recuento: el despreciable candidato del trópico sureño ganó la elección presidencial y, con él, el no-partido Morena ganó mayoritariamente las curules de las cámaras alta y baja.

En el transcurso de poco más dos años, el INE y los partidos políticos han evadido el debate serio que explique la experiencia electoral del 2018, incluyendo el carácter de confrontación mediática que hoy define a la esfera pública. Llega a las elecciones intermedias de 2021, no como la estructura administrativa y operativa responsable de un proceso electoral limpio y equitativo, sino como actor militante del PRIAN, con decisiones reactivas, como, en palabras del presidente del INE “la adecuación de criterios para asignar diputaciones plurinominales”, y el retiro de la candidatura a gobernador de Guerrero”, con “apego a la ley”, cuyo “fallo, indica, se tomó por nueve miembros del consejo”, obviando no obstante, el mandato del artículo 105 de la ley electoral que prohíbe sean decisiones tomadas en procesos electorales en marcha (Urrutia, 2021). La realidad es que para la mayoría de los mexicanos, el INE no es árbitro; tampoco está por encima de las partes. Y en la elección del 6 de junio, están en juego decisiones constitucionales que definen el presente y el futuro del país.

La polarización política ha tomado cauces extremos desde el triunfo de AMLO. El nuevo gobierno se dio a la tarea de desnudar a tres sexenios bajo las siglas del PAN y del PRI.  La figura del “político corrupto” que como sujeto colectivo se disemina en el conjunto del sistema político mexicano, se tornó en su distintivo de identidad.  Con sentido de rabia y con el sustento de poderes mediáticos, junto con intelectuales y académicos, que también gozaron o aun gozan de los recursos públicos y de poder político, han emprendido una sórdida campaña contra quienes hoy son gobierno. Los alegatos de su defensa se particularizan e individualizan, o se colectivizan cuando es necesario, pero son alegatos pobres y banales. Inevitablemente se tornan “cínicos”, con la esperanza de desdibujarse en ese “cinismo difuso” del posmodernismo que Sloterdijk analiza magistralmente en la figura del nihilista, y en el nihilismo como su expresión subjetiva (2019). Pero el cinismo y la subjetividad del político mexicano, si bien se acomoda a ese posmodernismo de época, se construyen también con otros materiales.

El ideal de la democracia estadounidense ha sido la aspiración del político mexicano, figurando una competencia de mercado, como lo hace la teoría de la democracia schumpeteriana, sin obviar su particularidad cobijada en la tesis elitista de Ortega y Gasset, que se traduce en la idea, hecha práctica, de que en la Revolución mexicana, una revolución del pueblo, la democracia representativa encontró normal acomodo por sus raíces aristocráticas, para desde el conocimiento y el humanismo, evitar que el pueblo no devenga masa (Maestre, 2001:36). Teoría potente que se tornó en un recurso ideológico, casi un mito, que en 2018 llegó a su fin, pues la elección de 2018 no fue un “leve resbalón”, con AMLO en la Presidencia de México, no fue una elección cualquiera. En suma, a la democracia representativa la cruza el sentido de clase, y por ello se entiende un discurso político y mediático que deja en el archivero la idea de que la democracia es el  mal menor, para sostener, paradójicamente, que la democracia de las masas es totalmente inaceptable en México.

Si la desfronterizacción entre política y sociedad, es formalmente reconocida por la naturaleza social de la democracia representativa, la relación entre democracia y economía es difusa y priva el resquemor de nombrarla en los discursos políticos, aludiendo que son dos esferas autónomas. No obstante, Sartori, pocos años después de la Caída del Muro de Berlín, indicó con certeza que “el sistema de mercado vence en todo: es una es una victoria completa” (1993: 24). El neoliberalismo se instituye desde la década de los ochenta del siglo pasado, en el paradigma de la globalización, y su poderío no solo se tradujo en el tránsito de un Estado constitucional democrático a un Estado de la Economía, sino en la transformación misma de la sociedad y la política, es decir, “un cambio de época que está poniendo en discusión las formas e instituciones económicas, políticas y jurídicas en las que se desenvuelve la vida del individuo” (Mercado, 2002: 129).

En ese marco, resulta no solo insuficiente la defensa de una institución que trasgredió sus alcances, sino peligroso que por intereses particulares, académicos, intelectuales y políticos se pongan las anteojeras y se mire solo lo propio y lo demás se eche al mar. Las preguntas para entender la actual encrucijada de México como sociedad y país, siguiendo la analítica  de Enrique Dussel, (2021) pueden resumirse en las siguientes: ¿Qué significa que las mexicanas y los mexicanos avalemos la propuesta de una Nueva Constitución? ¿Qué es la única posibilidad para un cambio del Estado mexicano que se traduzca en un nuevo orden político y social? ¿Qué le significa al INE y al tribunal electoral, legitimar una Nueva Constitución? ¿Le significa constituirse en un poder independiente y legítimo, “pero elegido directamente por el pueblo junto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo? ¿Significa un INE ciudadanizado como en su momento lo fue el IFE?

Los partidos políticos, incluyendo a MORENA, enfrentan la peor crisis de su historia. Sin obviar la implacable fuerza del neoliberalismo global, las dirigencias de los partidos ceden  poder político al poder empresarial, como lo hicieron los gobernantes y los poderes parlamentarios de sus filas; dotados de poder económico y político las elites empresariales hacen  lo que saben hacer, un hacer cuya naturaleza es contradictoria, mayormente en países como México, a la democracia política, y a todo viso de intervención del Estado que altere sus intereses. Desigualdad, pobreza, y precariedad en todos los órdenes de la vida social, y la corrupción galopante, que torna a las elites políticas en rentistas de bienes y recursos nacionales privatizados, entre otros, es su mejor resultado, pero su costo no es menor: se engulló al mismo orden político que dicen le sustentan.

Como indica la prensa nacional e internacional, las acciones emprendidas por los partidos opositores (PRI/PAN/PRD), en las próximas elecciones de 2021, desvelan pobreza y orfandad política: la alianza entre estos partidos desvela una decisión pragmática pero sin ningún proyecto ideológico, sin ningún programa de gobierno, porque no lo tienen como partido singular; su único fin es atacar a sus enemigo, AMLO y Morena (Morán, Carmen, 2021).

Se amparan hoy en el discurso que proyecta ya no la amenaza, sino la vivencia política de un “régimen autoritario populista”. La amenaza es, entonces, la concentración del poder político, como en el tiempo pasado, y la alternativa, la búsqueda de los equilibrios del poder legislativo por parte del INE. La desazón sobre los desequilibrios, no es un hecho menor: en México es el sufragio de los ciudadanos quien determina a los ganadores de los poderes de gobierno y legislativos.

La otra dimensión de la pobreza política partidista es su material humano dirigente. La vieja clase política lucha por su autoconservación material y subjetiva que se acomoda o se tensa con las nuevas dirigencias que se alimentan de una subjetividad de descreimiento en los partidos, incluyendo el propio, y de una acción y práctica presentista y pragmática. Desde el poder que propicia su partido, se sustentan en el espectáculo, activando todos los medios de comunicación posible, seguro de los alcances de su magia. La globalización neoliberal se engulle a la democracia, y la sociedad se inclina hacia las derechas y desdibuja a las izquierdas. Lo paradójico es el destrone de prácticamente todo el sistema de sus ideologías, pues la búsqueda de un centro, lo más cercano a la democracia social, es hoy insostenible.

Lo visible en el proceso preelectoral y arranque de la lucha por el voto ciudadano, es una estructura de poder interpartidario que tritura a su antojo principios políticos y éticos de la democracia electoral que formalmente le sustentan. La alianza Va por Mèxico (PRI/PAN/PRD), y las alianza de Morena con el PVEM y las candidaturas de políticos adversos al mismo partido de Morena y de AMLO, desvela no solo la lucha por seguir concentrando el exorbitado financiamiento público al sistema de partidos, y la ampliación del poder dinerario y político con los cargos de elección popular.

Bibliografía citada

Alonso Urrutia. “Córdova Vianello. Hay riesgo de que se desborden los cauces institucionales de los comici0s. La Jornada, 31 de marzo 2021, p. 5

Cárdenas Gracia, Jaime (2014). “Una crítica general a las reformas político-electorales de 2014 –constitucionales y legales- y una referencia específica a la democracia participativa que regulan”, En Revista Mexicana de Derecho Laboral, núm. 6, pp. 39-72.

Castellanos Cereda, Roberto (2016). La reforma político-electoral de 2014. Diagnósticos, primeros resultados y principales desafíos. México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

Dussel, Enrique (2021). “¿Hasta cuándo?”, La Jornada, 31 de marzo.

FEP, IPN e ITAM (2009). “El sentir ciudadano. Encuesta Nacional sobre el sentir ciudadano”. En Este País, núm. 222, pp. 10-17. Disponible en https://bibliat.unam.mx/es/revista/estepais-mexico-d-f/articulo/el-sentir-ciudadano-encuesta-nacional-sobre-el-sentir-ciudadano-2009, consultado el 10 de agosto de 2019.

IFE/COLMEX (2015). Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. México: IFE. Disponible en https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivitas/Resumen_Ejecutivo_23nov.pdf

Loaeza, Soledad (2015). “La insolencia del partido verde”. En La Jornada, 7 de mayo. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2015/05/07/opinion/021pol. Consultado el 10 de agosto de 2019.

Mercado, Pedro (2005). El proceso de globalización, el Estado y el Derecho, en Portilla Guillermo. Mutaciones del Leviatán. Legitimación de  los nuevos modelos penales. Madrid: Universidad Internacional de Andalucía/AKAL, pp. 119-165.

Maestre, Agapito (2011). “Democracia de calidad o autocritica del demos”, Metapolítica, vol. 5, núm. 19, julio-septiembre, pp. 34-49.

Meaglia Piero y Ermanno Vitale (2007). “La revuelta antipolítica”, en Nexos, Año 29, vol. XXIX, núm. 355, pp. 19-22.

Morán Breña, Carmen (2021)- “La alianza del PRI, PAN y PRD: una fórmula vacía para vencer al enemigo común”. México, La Jornada. 08 diciembre 2020

Sloterdijk, Peter (2019. Critica de la razón cínica. Madrid: Editorial Ciruela

Sartori, Giovanni (1993). La democracia después del comunismo. España: Alianza Editorial.

[1]Notas pie de páginas:

El 10 de febrero de 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política electoral. Su despliegue se registra en las elecciones intermedias de 2015 y las elecciones de 2018.

[2] La encuesta de FEP, IPN e ITAM (2009) sostiene: “Para un amplio sector de los ciudadanos mexicanos, los diputados federales no reflejan su voluntad y sienten que no los representan”; la segunda fuente indica: “En general a nivel nacional la confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados, excepto en tres casos; el Ejército, 62%, los maestros, 56% y las Iglesias, 55%”.

La encuesta de Mitofsky revelo que entre marzo y abril de 2015, el rechazo de los ciudadanos a los partidos se incrementó; de igual manera, Amparo Casar, especialista en el tema, sostenía que el 92 por ciento de los mexicanos aseguraba que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos, y un igual porcentaje alcanza la policía, para concluir que la democracia mexicana es “el soborno en su máxima expresión”.

*María del Carmen García A./Profesora e investigadora del CESMECA