Los feminismos como referentes críticos en las universidades

Los feminismos tienen una larga trayectoria de luchas contra los distintos tipos de violencias. Desde los años setenta del siglo XX, estos movimientos tomaron formas políticas particulares que hicieron más visibles algunas demandas marcadas por las luchas estudiantiles de 1968. Las reivindicaciones han sido muy heterogéneas, pero sin duda una demanda permanente ha sido erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y otros sujetos diversos.

Los feminismos han sido referentes críticos en muchos campos de la vida social mexicana, y en las instituciones de educación superior nos han señalado que el sexismo es una lógica por la que las mujeres y otras personas de las comunidades universitarias son discriminadas, violentadas e impedidas de desarrollarse académicamente de manera óptima.

En Chiapas, en 1993, la promulgación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres y, en 1994, el levantamiento zapatista de los pueblos indígenas contra el proyecto neoliberal, propició diálogos de mujeres de zonas rurales y urbano-populares con feministas urbanas y universitarias, observando el racismo como una violencia histórico-estructural que afecta doble y triplemente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, trabajadoras y pobres en sus vidas cotidianas.

Así también los asesinatos a homosexuales en los años noventa hicieron que los movimientos feministas se pronunciaran contra la homofobia y, algunos contra la transfobia. A partir de la denuncia de los asesinatos de mujeres en el caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez en 1993, y de la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal en 2012, la violencia de género contra las mujeres en México ha sido condenada más frecuentemente en el espacio público, como los centros de educación superior.

El concepto teórico de feminicidio, elaborado por antropólogas feministas Diane Russell y Roberta Harmes (2006), y Marcela Lagarde de los Ríos (2008),  causó un impacto profundo en los códigos penales de los distintos estados de la República mexicana y constituyó una herramienta importante para enfatizar y condenar los crímenes de odio que cometen homicidas contra niñas, adolescentes y mujeres, así como para denunciar la construcción socio-cultural e histórica de los imaginarios dominantes que producen violencia hacia las mujeres.

A pesar de los logros a nivel jurídico y de la intensificación de las protestas feministas, México ocupa aún el segundo lugar en América Latina en este tipo de crímenes de odio y actualmente se calculan 13 asesinatos de mujeres, de las cuales 4 son de mujeres trans, y es en ese contexto que se formulan diálogos, debates y conceptualizaciones académicas para resentir las demandas y transformar los espacios universitarios.

En las últimas semanas, se han generado tensiones entre el movimiento estudiantil feminista y las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a partir del fallecimiento y presunto feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, estudiante de la facultad de medicina de dicha universidad.

Este proceso nos obliga a repensar la incidencia de las luchas históricas en las políticas universitarias dirigidas a las mujeres y a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Nos invita a repensar los logros que los feminismos han hecho como referentes críticos dentro de las universidades y a ampliar nuestros imaginarios de que otras universidades son posibles.

Las rutas para seguir tendrán que ser marcadas por las estudiantes y las colectivas feministas, y los universitarios tendremos que atender a su llamado de alto y de tolerancia cero a las distintas formas de violencia, particularmente el acoso, hostigamiento y violencia sexual. Nuestro espíritu tendría que ser el de generar espacios seguros para que los diálogos puedan darse de manera participativa, respetuosa, sensible y empática con las bases universitarias y hacer una revisión profunda de las demandas hechas en el pliego petitorio. Las discusiones tendrían que importarnos a todas las personas y organizaciones preocupadas por los procesos de democratización universitaria.