Si no fuera por el sufrimiento y el dolor infringido a toda una familia, el sonado caso del joven Rafael recién excarcelado por la denodada lucha emprendida por su madre y la intervención del presidente de la república, este ejemplo configuraría las ridículas formas en que se conducen los encargados de impartir justicia en el país. El horror sufrido es un dique de contención frente a un hecho que resulta pertubador y hasta digno de una tragicomedia.

Mientras algunos medios de la Ciudad de México sostienen una campaña de crítica permanente al actual gobierno, las famosas mañaneras no solamente han servido al presidente para contrarrestar los ataques recibidos sino que, al mismo tiempo, permite fustigar a la prensa tradicional que el ejecutivo tacha con frecuencia de fifí, pero también se han convertido en el vehículo a través del cual pueden exponerse una gran diversidad de problemáticas por conducto de los comunicadores que ahí participan.

Las conferencias matutinas han sido muy criticadas y somete a un considerable desgaste a la figura presidencial, pero es innegable que se ha convertido en un instrumento de comunicación no solamente para contrarrestar las campañas en contra del presidente sino que, además, el gobierno es un actor principal en el debate de la agenda nacional y, al mismo tiempo, se convierten en un espacio en que se filtran asuntos muy diversos e inconformidades de sectores de la sociedad que se sienten agraviados o ignorados.

La semana pasada una periodista, Judith Valenzuela, presentó al presidente el caso de su hijo Rafael que permanecía en la cárcel desde el 2008, detenido en Valle de Bravo por la comisión de los presuntos delitos por delincuencia organizada, por portación de armas de uso exclusivo de las instituciones se seguridad del Estado y posesión de drogas.

Dos semanas antes, la señora Valenzuela ya había participado y denunciado en la mañanera la injusticia que se estaba cometiendo en contra de su hijo. En esa ocasión informó al presidente que, más allá de la falsedad de los delitos, su hijo llevaba más de 10 años injustamente encarcelado y, peor todavía, la condena que habían determinado las autoridades judiciales ya la había cumplido y solamente por un absurdo jurídico permanecía detenido.

En efecto, Rafael Méndez, fue originalmente sentenciado a 16 años de prisión, aunque la pena se le redujo a 10, pero mientras permanecía recluido en prisión, una de las instancias judiciales consideró que debía reponerse el procedimiento y, por lo tanto, quedaba sin efecto la sentencia inicialmente aplicada.

Más allá de los tecnicismos jurídicos con que suelen regodearse los abogados e incluso el uso de una fraseología arcaica para mostrar cuan eruditos resultan (aunque en la práctica están plenamente conscientes que brota en nuestro sistema de justicia es la impudicia y un mercado corrupto en el que se comercian las libertades o las detenciones), el caso nos muestra cómo la insensatez puede dar lugar a un terrorífico disparate jurídico y, más preocupante aún, dañar física y psicológicamente a las personas.

El caso fue litigado por el defensor del inculpado durante todos estos años en donde, entre otras cosas, se alegó desde el principio que había muestras de tortura para reconocer la comisión de los delitos; lo que implicó practicar el protocolo de Estambul hasta en cuatro ocasiones, confirmando la violación de los derechos humanos del inculpado debido a las evidencias de violencia para obtener su confesión.

El protocolo de Estambul es una suerte de guía que permite certificar en qué condiciones puede determinarse la existencia de tratos crueles e inhumanos en procesos judiciales. Este instrumento jurídico fue adoptado por la ONU a finales del siglo pasado y aceptado por sus Estados miembros, entre los cuales se encuentra México.

Por fortuna, la decidida participación de su madre y la sensibilidad mostrada por los funcionarios del gobierno federal, incluido el propio presidente, motivó una pronta liberación de Rafael. De hecho, AMLO ofreció otorgar el indulto como mecanismo para la excarcelación inmediata, pero la propia secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que no procedía debido a que la sentencia había quedado sin efecto.

Por supuesto, es loable que la presidencia de la república haya intervenido para que fuese liberado el joven que permanecía injustamente detenido. También, es plausible y digno de reconocimiento la larga lucha emprendida por la madre y familiares de Rafael, con las cuales ahora podrá reunirse dejando atrás tantos años de privaciones y sufrimientos. Insisto, por supuesto que es un gran logro y una acción acertada de quienes intervinieron en su liberación, pero hay varias cosas que pueden causar algún desconcierto.

Desde luego, la insensatez de los encargados de impartir justicia que o bien resultan incapaces de interpretar de manera no restrictiva los marcos legales, o bien continuan pensando que pueden obtener beneficios en casos como este. ¿Cómo es posible semejante aberración e insensibilidad de los encargados de hacer justicia en el país?

Este situación refleja el fracaso del sistema de justicia penal antiguo y la falta de eficacia del nuevo. Pero más allá de esto, lo que también revela es que no es suficiente con que se cambien o se perfeccionen los procedimientos jurídicos y las leyes, se requiere profundizar aun más la capacitación y profesionalización del personal que opera nuestro mal llamado sistema de justicia o remover a quienes incurren todavía a prácticas del pasado o absurdos como el mencionado.

Contra el sentido común, incluso de los propios abogados, no se libera a alguien por faltas al debido proceso en sentido estricto. Las faltas al debido proceso regularmente son violaciones de la propia autoridad que recurre a distintos métodos y prácticas para la fabricación de culpables. Por lo tanto, no solamente son procedimientos que deben ser erradicados, sino que tienen que ser sancionados para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir y así, poder ir limpiando poco a poco una de las peores lacras de la vida pública e institucional del país.

Un problema adicional es que, ante el fracaso de nuestro sistema de justicia, más vale recurrir a otro de los poderes, en este caso, al mismísimo presidente de la república, para resolver querellas y encontrar justicia, cuando lo deseable sería que las instituciones funcionaran para que todo ciudadano tenga las posibilidades de recibir un trato justo y eficaz mientras recurre a las instituciones de justicia. Lo peor sería un regreso al pasado en que el presidente se erigía en el fiel de la balanza repartiendo premios o castigos.