Algunos gobernadores del país traen una campaña de confrontación con el gobierno de la república. Su actitud es una buena señal en torno a los términos que ahora caracterizan al debate político, pese a los despropósitos, la falta de autocrítica y la maledicencia. Atrás han quedado los años aquellos en que los gobernadores y alcaldes no hacía más que recibir instrucciones y aceptarlas como lacayos del poder en turno. Durante todo el periodo autoritario, los gobiernos estatales y municipales ofrecían un triste papel con actitudes francamente vergonzantes, mientras afanosa y servilmente obedecían las instrucciones presidenciales.

Hoy en día, los 10 gobernadores de la Alianza federalista desatan un debate a nivel nacional por un asunto realmente importante, pero por razones equivocadas e incluso por motivaciones aun más siniestras. Las disputas, por cierto, no son nuevas, pero vuelven a intensificarse ahora que está próximo a iniciarse el ciclo electoral a través del cual habrá de renovarse la Cámara de Diputados el año que viene. En efecto, el tema de la recaudación de recursos y su distribución por parte de la federación es relevante puesto que, es verdad, el modo con que se recauda otorga un papel preponderante al gobierno central. Los impuestos más importantes (ISR, IVA, entre otros) van a parar a la administración federal, mientras que los gobiernos subnacionales recaudan muy poco, pero podrían incrementar sus ingresos si modernizan el catastro y actualizan las bases sobre las cuales se tasa el impuesto predial o aplican un gravamen a la tenencia de vehículos.

Sin embargo, el bloque de gobernadores está unido por la demagogia y los intereses político-electorales de corto plazo. Piden más dinero, pero escasamente combaten las fugas del presupuesto en sus gobiernos. Peor aún, “ignoran o de plano no advierten” las distintas modalidades del saqueo que en sus propias demarcaciones han hecho los gobiernos previos. Se han mostrado incapaces o cómplices frente a flagrantes hechos de corrupción e impunidad, puesto que ha sido la federación quien actúa frente a los escándalos hechos públicos a través de los medios de comunicación. Si bien varios de estos procesos judiciales se han cumplimentado, muchos de ellos han quedado en la impunidad.

El gobierno de la república no les retiene sus participación como sí ocurría antes, pero ha cerrado la llave de la entrega de recursos bajo la intermediación de los gobiernos estatales y municipales. Por esas razones protestan ahora porque ese era el mecanismo para comprar conciencias durante las elecciones y un barril sin fondo de corrupción. En este sentido, la administración federal está haciendo lo correcto, puesto que las experiencias que hemos tenido de parte de los gobernadores y presidentes municipales, ante un contexto social e institucional débil, han sido genuinos actos de autoritarismo y banalidad. Hasta ahora no podemos sentirnos satisfechos no solamente de gobiernos carentes de todo profesionalismo sino, ante todo, por funcionarios sin escrúpulos.

¿Quién puede salir en defensa de los gobernadores si lo que hemos vivido de manera brutal es un vulgar saqueo de los recursos públicos que ellos “administran”? De la política de pillaje subnacional ha dado cuenta la prensa en innumerables ocasiones. En Veracruz, por ejemplo, los gobiernos priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte, son casos que han trascendido por el descaro y la impudicia de este tipo de políticos que la ciudadanía ha padecido. En Chiapas, al menos desde el gobierno de Salazar Mendiguchía, pasando por el de Sabines y el de Velasco, todos electos mediante alianzas políticas coyunturales, la dinámica fue el desvío de recursos y la vanidad en los gastos del gobierno. Tabasco con Granier, fue también otra experiencia de pesadilla en que un mal gobierno incide directamente en un déficit y una pésima calidad en los servicios. El otro Duarte, el de Chihuahua, ahora detenido en Estados Unidos, se ha dicho hasta el cansancio que sus excesos provocaron un quebrando de las finanzas públicas de aquella entidad, pero el conservador gobernador actual ha hecho poco por recuperar lo hurtado.

En Nuevo León, Jaime Rodríguez, gobernador independiente, entró muy enjundioso en contra de su antecesor, pero muy pronto se le cansó el caballo. Después de un periodo de declaraciones en los medios, se le escapó el exgobernador Rodrigo Medina, quien había terminado su sexenio en un contexto plagado de denuncias por corrupción.

Por su parte, el michoacano, Silvano Aureoles, del PRD, ha demostrado con creces su incapacidad para gobernar y hace gala de la gran vida que lleva, con frecuencia ha sido denunciado por sospechas de corrupción. Ha sido tal su inutilidad en el gobierno que ha sido la federación la que ha mediado a fin de solucionar los conflictos con los maestros, por ejemplo.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Moviminto Ciudadano, añora suceder en el cargo a López Obrador, pero ha sido en su administración donde se vuelven a incrementar los índices de violencia en la entidad. De hecho, con afán protagónico ha aplicado una política de mano dura como método para detener los contagios por covid19 que derivó en brutalidad policíaca.

Diego Sinhue, otro de los gobernadores panistas, de quien existen fundadas sospechas de colusión con las redes criminales que operan en estado, puesto que ha sido incapaz de detener la ola de violencia que la ciudadanía vive en aquella entidad. En Guanajuato, se ha denunciado al Fiscal del Estado, quien lleva más de 12 años en el cargo, en una de las entidades más violentas de la república.

Afortunadamente esos tiempos han cambiado y podemos pensar que es positivo para la vida política del país, que en verdad comience una nueva era en la relación entre los distintos poderes de la república. No obstante, se necesita algo más que el simple reclamo hoy manifiesto. Resulta indispensable contar con buenos gobiernos en el plano subnacional y han existido algunos en el nivel municipal, pero una golondrina no hace verano, a menudo las buenas experiencias no tienen continuidad en la acción y en el tiempo. Sobre todo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control que permitan acotar los excesos del poder de los alcaldes y gobernadores que se traduce en facultades extralegales para imponerse u obtener beneficios personales indebidos.

Pero lo único que inspira a los gobernadores es el simple deseo de tener más dinero, pero no asumir el costo político de generar sus propios recursos vía impuestos; además de alimentar un debate para exhibir al supuesto enemigo de sus gobernados y posicionar a la corriente política que los llevó al poder y ganar votos. Sus intereses son inmediatos y no trascienden el interés personal del próximo cargo al que aspiran.