La noble tarea de salvar vidas

Se han hecho reconocimientos públicos acerca de la labor del personal médico que en esta coyuntura han resultado imprescindibles a fin de salvar vidas en nuestro país a propósito de la pandemia por coronavirus. Afortunadamente en ello han coincidido una muy variada cantidad de personajes y actores desde muy diversos oficios y profesiones. No solamente es loable sino que resulta un deber cívico reconocer el trabajo de aquellos profesionales que están dando literalmente la vida por todos nosotros. Con extenuastes jornadas de trabajo, el personal médico en los hospitales hace una labor casi heróica frente a la rudeza con la que el virus ha pegado a la humanidad.

El presidente sobre todo ha sido elogioso con el personal que labora en hospitales y centros de salud públicos y, en general, todos aquellos trabajadores del sector que han participado atendiendo a los enfermos durante la contingencia sanitaria. Más recientemente ha decretado un minuto de silencio y un toque de corneta a las 12 del del día, como homenaje a quienes han perdido la vida en lo que va de la pandemia, incluido el personal sanitario que acompaña los esfuerzos en la primera línea de combate contra el covid19.

Mientras en los medios de comunicación y algunos gobernadores se han dedicado a atacar la estrategia del gobierno federal, con frecuencia se olvida que la infantería médica de nuestro malogrado sistema de salud se enfrenta al coronavirus en la antesala de los servicios sanitarios. Con el afán de críticar al jefe del Estado y al subsecretario de salud declarado vocero oficial, suele olvidarse torpemente que las virtudes y defectos de dos personajes no puede obnubilar nuestro juicio acerca de la labor titánica que ahora realiza el personal médico de nuestros país.

Conviene no olvidar o, visto de otro modo, resulta necesario recordar que el sistema de salud en el país fue uno de los más castigados por el abandono e irresponsabilidad de las autoridades que nos han gobernado en los últimos años. Lo más grotesco lo hemos vivido en algunas entidades del país por el criminal desvío de recursos destinados al sector salud. Veracruz es un caso emblemático en ese sentido, pero también lo es Chiapas, Tabasco, Guerrero, entre muchas más entidades que padecieron gobiernos que no tuvieron escrúpulo alguno para desmantelar el de por sí precario sistema de salud subnacional.

Mientras algunos gobernadores hacían gala de la disposición de dinero a manos llenas, el derrumbe de los sistemas de salud en los estados del país era solamente cuestión de tiempo. Así, era común ver hospitales que no se terminaban de construir o sin la infraestructura necesaria para operar, sin el personal de la salud que los hiciera funcionar aunque fuera mínimamente, sin aplicar la inversión ya aprobada para proporcionarles el mantenimiento necesario que permitiera atender adecuadamente a los enfermos; entre muchas cosas más que pueden sumarse al catálogo de infortunios que genuinamente pusieron en una crisis humanitaria por sus deficiencias al sistema de salud. Levantar de nuevo un sistema sanitario que literalmente fue destruido en sus capacidades de atención por el crecimiento sin freno de la corrupción de las administraciones estatales en los últimos 20 años, resulta una labor gigantesca no solamente por las ruinas en que quedó ese sector sino porque, en la coyuntura de la pandemia, esto debe hacerse en el menor tiempo posible dada la emergencia sanitaria.

Socialmente así como existe un reconocimiento tácito al personal de la salud, es cierto también que han existido muestras de agresión contra ellos derivado de las preocupaciones que embarga en estos momentos a la población. Desde luego, las agresiones no son justificables, pero resultan entendibles por el clima de miedo que se ha infundido desde los medios de comunicación. No hay nada más infame que usar el miedo para dirimir conflictos políticos, ni nada más insulso que participar espontáneamente guiados por nuestros instintos más básicos para “castigar” a quienes nos protegen.

Por todo ello, resulta una torpeza brutal el hecho de que las autoridades judiciales del Estado de Chiapas iniciaran un prodecimiento judicial en contra del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, por supuesto delito de abuso de autoridad mientras atendía al exdiputado por el Partido Mover a Chiapas, el sr. Miguel Arturo Ramírez López, quien fuera el padre de la señora, Karen Alejandra Ramírez Molina, quien cumple la función de querellante. Es ya ampliamente conocido que el sr. Ramírez López falleció producto de las afecciones que le dejó el contagio por covid19 y, de acuerdo con la parte demandante, el abuso se configura por la solicitud que el médico le hiciera a fin de proporcionarle médicamentos a su padre, toda vez que el nosocomio en el que había ingresado carecía de ellos.

Movilización a favor de Grajales Yuca en Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Andrés Domínguez

Desde luego, es comprensible el dolor de todos aquellos que perdemos a un ser querido, como en este caso, pero me temo que el abuso de la autoridad está en la parte en que se administra la justicia por el despropósito que el hecho significa, o incluso en el ejecutivo estatal que dejan avanzar un problema que vuelve a colocarlos en el plano nacional como un gobierno incompetente. En medio de la pandemia, las autoridades judiciales de Chiapas acostumbradas a resolver los problemas a la antiguita, con todo y el “nuevo” sistema de justicia penal, primero detuvieron al presunto responsable y luego empezaron la investigación. En el sistema penal chiapaneco aplicaron la máxima de don Doroteo Arango, “mátalos y luego viriguas”. Eso parece desprenderse del trato que ofrecieron al Dr. Grajales, dan por un hecho que es un criminal sin tomarse la molestia de recoger y estudiar todos los elementos de prueba.

Por otra parte, la falta de intervención al menos de los encargados de la política interna en la entidad, en la más abyecta actitud indolente, dejaron correr el problema como si este fuera a resolverse por inercia y desataron un movimiento social que trascendió las fronteras estatales.

Afortunadamente, el médico ha podido regresar a su casa y continuar su defensa en libertad, aun cuando está bajo custodia policial. Resulta por lo demás inaudito pensar que, en medio de la tragedia en la que nos encontramos, tengamos no solamente autoridades insensibles sino brutalmente incapaces de encontrar vías más adecuadas para la solución de conflictos.

Es una paradoja que los orígenes de la pandemia presente casos similares en lugares tan distantes. En Wuhan, China, un médico descubre que sus pacientes presentan síntomas parecidos a la influenza, estudia los casos y descubre la presencia de un nuevo virus, el Sars cov 2. Li Wenliang, fue detenido por la policía y obligado a desdecirse por “andar inventando rumores”, aunque antes de finalizar 2019 el gobierno chino tuvo que reconocer el imparable número de contagios y aplicar medidas draconianas para detener la transmisión del virus. El Dr. Grajales Yuca, como su colega chino, recibe la arbitrariedad como trato en el noble oficio de ayudar a los enfermos. A estas alturas, ya no sé si tenerle más miedo a la pandemia o a la incompetencia y arbitrariedad de las autoridades.