La captura de la institución electoral

El viernes pasado, en una cargada sesión del Congreso del Estado en donde se discutieron 13 puntos contemplados en el orden del día, se aprobó algo que amenaza a nuestra naciente democracia: la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, un mamotreto de más de 400 páginas que busca someter al Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC).

Los únicos votos en contra fueron de los diputados priistas Aída Jiménez Sesma y Mario Santiz Gómez y de la diputada perredista Olga Luz Espinosa. La voz discordante y sensata dentro de la aplanada y vergonzante participación de los diputados del Verde, PES, PT y Morena, fue la del diputado Juan Salvador Camacho Velasco.

Esta nueva Ley busca capturar el IEPC mediante el control de su instancia administrativa, cuando debe ser un instituto autónomo en donde no tengan injerencia diputados, funcionarios ni dirigentes de partidos.

En las elecciones pasadas votamos por legisladores que honraran su palabra, que mejoraran nuestras instituciones y que transparentaran sus acciones en un parlamento abierto, siempre enriquecido y digno, pero lo que hemos visto es un retroceso al viejo PRI, en donde las iniciativas se envían de última hora y no se discuten con los actores involucrados.

De aplicarse esta Ley, los partidos políticos, o sea Morena, PES, PT y el Verde, por ser mayoría, podrán manejar la Comisión de Quejas y Denuncias, serán juez y parte; por si fuera poco, controlarán la sección administrativa, como si no existiera ya una Contraloría general designada por el Congreso, y determinarán las sesiones, porque conformarán el quórum legal, con lo que podrán desbaratar, aplazar e impedir reuniones a su gusto.

Los diputados del mayoriteo, es decir de Morena, PES, PT y el Verde, expresaron su apoyo de forma muy general o soslayaron el verdadero asunto en discusión, como lo hizo la diputada Patricia Mass Lazos, quien prefirió descalificar al consejero presidente del IEPC por la manera en que envió un mensaje a los diputados para que no aprobaran la Ley, ya que “el Congreso no recibe instrucciones de nadie”, dijo con la mano agitada. Las diputadas Eduwiges Cabañez del PT y Carolina Sohle, también de Morena, sintetizaron su postura con la afirmación de que la nueva ley “nos pone a la vanguardia a nivel nacional”.

¿Cómo?, nos preguntamos. ¿Capturar y controlar un órgano electoral que debiera ser totalmente independiente, es vanguardista? Que solo exista un candidato independiente por cada cargo de elección popular, ¿es de avanzada? Qué se restrinja la participación a miembros de las etnias de Chiapas, ¿es un paso adelante? Qué se obligue a alcaldes y a diputados a separase de sus cargos, 90 o 120 días antes, porque ni eso queda claro, ¿es constitucional?

Esta Ley, resumió la diputada Aída Guadalupe Jiménez Sesma, no otorga legitimidad, porque se legisló en la penumbra, y porque “las mayorías no pueden ni deben imponer su voluntad a las minorías”.

El diputado Juan Salvador Camacho se sumó a los cuestionamientos iniciados por la diputada priista: esta Ley, abundó, se elaboró a espaldas de los chiapanecos, no ha sido discutida, no fomentó la participación de las personas interesadas y no ha sido consensuada con los actores principales; “es una ley que violenta derechos y es inconstitucional”.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales consideró, además, que la ley violenta la paridad de género y la autonomía del IEPC; en tanto, el diputado Mario Santiz Gómez criticó los 13 puntos del orden día, porque dijo que se pudo haber dedicado más tiempo de trabajo para una discusión más amplia. En cuanto a la ley aprobada indicó que viola los derechos de los pueblos indígenas al no garantizarles participación plena, y trastoca la vida interna del IEPC, con la supresión de la Secretaría Administrativa.

Los diputados morenistas y anexas se concretaron a emitir su voto favorable a la iniciativa. La Ley, por supuesto, será impugnada, y esperemos que desechada, pero eso llevará tiempo y tendrá que dirimirse en tribunales de la federación.