La disputa por el Estado

En los últimos 30 años no ha existido otro gobierno que haya sido objeto de un intenso vendaval de críticas y resista tal cantidad de metralla en los medios como el presente. En parte, esto se debe a la “liberalización” de los propios medios y a la democratización del sistema político que permitió la alternancia en el poder. Lo malo de todo esto es que, a menudo, lo que prolifera no es necesariamente la crítica fundada, sino las descalificaciones derivadas de antipatías y fobias que ayudan muy poco al análisis de las acciones que este gobierno aplica. Las escasa crítica se pierde en un mar intenso y ruidoso que se orquesta desde las cúpulas del poder mediático y empresarial del país.

No es ninguna novedad que la prensa escrita y, en general, aquellos medios que tienen la capacidad de llegar al gran público, practican lo que puede esgrimirse como el mercenarismo comunicacional, cosa que ha sido descrita de manera muy gráfica por el cineasta, Luis Estrada, en la Dictadura Perfecta.

Desde la época de don Porfirio ya se practicaban al menos dos protocolos bastante eficaces para domesticar a la prensa: dinero o plomo. Don Lázaro perfeccionó el sistema concentrándose en monopolizar la comercialización del papel para influir en los medios escritos. Partidario de la negociación o, en su caso, de la presión indirecta para incidir en los criterios editoriales de los medios, el general introdujo una forma menos cruda o tosca de procurar obtener beneficios de la prensa. No evitó los asesinatos de periodistas, pero implantó un estilo diferente de presión política hacia los comunicadores y los empresarios del sector.

La cuasi-rebelión generalizada de la prensa escrita con el actual gobierno es el resultado de un estricto manejo del presupuesto público en torno a la difusión de las acciones del gobierno; tan es así que la actual administración federal se ha dado el lujo de devolver a los medios los tiempos oficiales para la comunicación de mensajes estatales. Algunoseditorialistas, hijos predilectos del régimen neoliberal, también se inconforman porque han sido afectados en sus ingresos, por la sencilla razón de que ya no se paga por sus opiniones. Con sus debidas excepciones, era un secreto a voces en la práctica periodística traficar con una nota o columna. Al ser liberados de la tutela del gobierno, desatan un infantil criticismo que destila más iracundia que razón. Su enojo es comprensible, aunque no justificado, puesto que no solamente vivían en su zona de confort, sino que se habían acostumbrado a una suerte de acumulación originaria basada en la informalidad de sus contratos. Más aún, la incomodidad frente a las acciones tomadas por este gobierno devienen de la cancelación de sus privilegios y el impacto que esto tiene en sus estilos de vida.

Lo que ahora sorprende es que quienes llegaron al poder con un amplio respaldo popular otorgado por los votos obtenidos, parecen olvidar sus propios esfuerzos por una mayor apertura en los medios a fin de convertirlos en expresión genuina de la diversidad existente en la sociedad, así como vehículos de la pluralidad política que hoy caracteriza la lucha democratiza en el país.

Eso parece haberse olvidado en la muy reciente confrontación o, mejor dicho, en la denuncia pública que hizo, Carmen Aristegui, a propósito de una campaña en su contra a través de las redes sociales para desacreditarla y desprestigiarla. La animadversión contra Aristegui tiene su origen en la difusión de una investigación realizada por Signa_Lab y Artículo 19: el primero es un proyecto del ITESO para la investigación en nuevas tecnologías, mientras que la segunda es una asociación civil relacionada con el estudio sobre el campo periodístico, particularmente la violencia ejercida hacia los periodistas. Estas organizaciones realizaron un estudio en el que se recogen evidencias de que ciertos ataques a través de twiter están orquestados desde las altas esferas de la agencia estatal de noticias, conocida como Notimex. El asunto es delicado en sí mismo, pero resulta preocupante que sea desde el órgano de noticias estatal desde donde presuntamente se está armando todo esto.

Por donde se le quiera ver, este no es un buen augurio ni para la propia agencia de noticias del Estado, ni para el gobierno en turno, como tampoco para la sociedad y muchísimo menos para los comunicadores que se han forjado un espíritu responsable y crítico frente a todo tipo de excesos y abusos.

Entre los muchísimos problemas que de por sí ha generado este gobierno, sorprende que ahora se añada un conflicto más en un área que, en teoría, debería estar abocada no a desacreditar a las distintas voces que se intentan expresar en los medios y mucho menos descalificarlas a través de “bots” que incluyen mensajes soeces.

Flaco favor le hacen al gobierno actual aquellos demócratas y luchadores sociales que anidan en la agencia de comunicación estatal, que al llegar a sus nuevos cargos terminan haciendo lo que tanto criticaron mientras estuvieron fuera del poder.

No sólo es deseable que reaccionen a fin de evitar estas ruindades, sino que resulta urgente desterrar estas prácticas que tarde o temprano terminarán por hundirlos.

Colofón

Resulta intrigante reconocer que el gobierno de la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, está instrumentando una propuesta para inyectar recursos públicos a la empresa de aviación, Lufthansa. El acuerdo parece ser casi un hecho e implica que el Estado alemán adquirirá al menos el 25% de las acciones de la compañía.

Mientras esto sucede, no deja de sorprender que en México estamos en el polo opuesto. Por supuesto, no se trata de comparar dos países con características muy distintas, ni siquiera se trata de un cotejo acerca de los impactos económicos que ha traído como consecuencia la pandemia por coronavirus y la manera en que ambos gobiernos intentan superarla.

En México, toda forma de asociación con el capital privado no solamente está satanizada sino que, además, ha sido prácticamente una desgracia que casi siempre termina en actos de corrupción. En eso tiene toda la razón el presidente, por eso intenta mantener una frontera entre lo público estatal y el sector privado porque en la historia más reciente ha habido casos escandalosos de corrupción, como en la turbia desaparición de Mexicana de Aviación o en el sector energético que ha dado muestras de colusión entre funcionarios públicos y agentes privados. AMLO pretende fortalecer al Estado, cosa que no está mal, pero hay que reconocer que se trata de una ardua tarea cuando se dejó embarnecer a los depredadores que enloquecieron pensando que eran dueños de México, hasta de sus instituciones.

La cruzada emprendida por el presidente Obrador implica el reconocimiento de la gran debilidad del Estado controlado por una élite de grandes potentados y políticos sin escrúpulos que, aliados con el capital trasnacional, doblegaron a las instituciones públicas del país. En otras palabras, lo que vivimos fue una claudicación del Estado mexicano en sus funciones principales de contar con un sistema de justicia robusto e independiente, no sometido al poder del dinero u otras formas de quebrar las credibilidad y eficacia que las instituciones públicas deben tener. Todo esto, sin caer en los excesos del régimen autoritario que ya experimentamos durante el largo interregno priista en el país.

Por eso ahora, llama la atención que estemos en una situación distinta que en Alemania, donde pueden establecerse acuerdos con el sector privado donde rigen reglas claras, sobre la base de que actos de corrupción no solamente arruinarían carreras políticas sino que, principalmente, darían lugar a investigaciones para las sanciones penales correspondientes. En un país como el nuestro en el que tenemos instituciones de justicia débiles donde impera la impunidad, lo urgente es poner orden mediante la división de poderes y, sobre todo, convenciendo a aquellos que se han acostumbrado a hacer su voluntad sin la menor consideración de la legalidad. No será fácil porque el Estado es frágil y sus enemigos muy poderosos. En medio de todo esto estamos los ciudadanos y, ni modo, aquí nos tocó vivir, alguna postura habremos de asumir.

No obstante, la colaboración entre agentes privados y las instituciones de gobierno pueden ser viables, tal y como nos lo muestra el caso alemán. Más aún, sí asumimos que el presidente López Obrador habla con la verdad cuando dice que “no todo el que tiene es malvado”; entonces, podemos suponer que las contradicciones no son insalvables. En este sentido, es claro que con el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, o el representante del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, no prosperará ningún tipo de convenio, no al menos en las condiciones actuales. ¿Será que solamente Carlos Slim es el único empresario que se salva desde la óptica presidencial?