Polifonía y poderes incontrastables

No sé si hemos entrado a viaje de no retorno con base en las medidas que se han tomado, tal y como se nos ha informado, a fin de combatir las consecuencias devastadoras de la infección generalizada producto del contagio masivo por el virus Sars Cov 2, mejor conocido como Covid19 o coronavirus.

Aunque las medidas aplicadas no ocurren en los mejores momentos del país, resulta inevitable que las acciones de “confinamiento voluntario” ni eliminaría el virus, como tampoco eliminaría los contagios. En todo caso, se trataba de extender el número de las afectaciones en el tiempo, de modo que hubiese la posibilidad de atender la mayor cantidad de casos, particularmente los más graves que necesitarían hospitalización y respiradores mecánicos que hoy resultan uno de los bienes más preciados.

En ese contexto ya de por sí difícil, no ayudan mucho las actitudes confrontacionales que prácticamente hemos estado viviendo al menos desde el inicio del presente sexenio. En ese escenario han contribuido todos los actores políticos, desde los gobernadores (como el de Jalisco que intenta sacar raja política en el momento más apremiante para la población) que aprovechan el momento para apuntalar sus intereses políticos, hasta los organismos empresariales, los medios de comunicación y el propio presidente de la república. Con las debidas reservas de cada caso, todos ellos proyectan una postura que raya en lo miserable o la temeridad.

Algunos de los organismos cupulares de la clase empresarial del país, como Coparmex y el Consejo Mexicano de Negocios, han subido cada vez más el tono de la confrontación que sostienen con el presidente de la república. Pero no todos los empresarios se expresan de la misma forma y tienden a cuidar las formas en que manifiestan sus diferencias porque, sobre todo, cuidan sus intereses y saben que una confrontación abierta con el gobierno de la república implica costos que hay que pagar; lo de menos son los de carácter político, los de naturaleza monetaria es donde más les duele y, por eso, suelen actuar con alguna cautela.

Particularmente esos dos organismos han estado muy activos frente a las propuestas presidenciales a las que se oponen. No obstante, nos enteramos que existen alrededor de 15 corporativos, entre nacionales y extranjeros, que simplemente se niegan a pagar lo que deben a la hacienda pública por concepto de impuestos. Entre todos ellos se le adeuda al SAT la nada despreciable suma de 50 mil millones de pesos. Eso, por donde se le quiera ver, resulta una mezquindad gigantesca en las actuales circunstancias del país y, peor aún, manifiesta de manera brutal el comportamiento más o menos regular de ciertos empresarios acostumbrados a sacar provecho de las prácticas del no pago de impuestos, a sabiendas que los litigios pueden llevar años en los tribunales y resultando beneficiarios de semejante estado de cosas.

Por cierto, en los últimos días se hizo evidente lo que desde las mañaneras había dicho el presidente, que el dirigente máximo de COPARMEX está enfocado y usando su poder al interior de ese gremio para hacer carrera política. El efímero nombramiento de Javier Lozano (un político oportunista, pendenciero y mercenario, que lo mismo está con el PRI que con el PAN o quien le ofrezca buenos emolumentos) como “vocero especial” del organismo patronal, no hace más que materializar o intentar hacer realidad lo que era un secreto a voces: que el presidente del organismo empresarial prepara una campaña para incidir políticamente (con candidatos y recursos) en los procesos electorales del 2021. Nada más que un pequeño error de cálculo hizo recular al dirigente, los estatutos de COPARMEX no delegan la vocería en otra persona que no sea el representante oficial del organismo. Eso y la lluvia de críticas en las redes sociales frustraron la tentativa de chamba para Lozano.

Cabe apuntar, también, que al menos desde que Vicente Fox llegó a la presidencia, los empresarios se percataron que la política igualmente puede ser una gran oportunidad de negocios. Por ello, entre otras razones, tienen como enemigo número uno al actual presidente de la república que, desde el inicio de su mandato, ha sido muy enfático en no permitir que los empresarios aprovechen el poder político para hacer negocios o coludirse con funcionarios corruptos para conseguir canonjías. Ahí puede estar la probable explicación del enojo empresarial o al menos de una parte de la cúpula.

No obstante, así como se observa lo desproporcionada actitud empresarial, también lo es del gobierno de la república. Nadie, salvo muy contadas excepciones, puede estar en contra del tamaño de la misión autoimpuesta por el régimen actual por boca del presidente de la república: revertir la tendencia al empobrecimiento de la mayoría del pueblo de México. En lo personal, creo que la opción por los pobres es correcta, pero el problema es cómo se hace y sobre todo, cómo se establecen prioridades frente a la escasez de recursos. Hasta ahora, la draconiana medida de la austeridad republicana ha sido el estandarte para obtener recursos y poner orden en la administración pública federal. No está mal, dado el acostumbrado dispendio que existe en el gobierno, pero todavía hay muchísimos gobernantes y funcionarios de todo tipo y nivel que se siguen despachando con la cuchara grande. Es un despropósito pedir a este gobierno que acabe de un día para otro con esas costumbres al interior de la propia administración pública, pero lo que no se le puede negar es que resulta plausible que se haya tomado la iniciativa y se esté actuando en consecuencia. Mientras escribo estas líneas, me despierto con la noticia de que una funcionaria de nivel en el gobierno morenista de Veracruz ha sido despedida por los excesos cometidos: usó los recursos públicos para “apoyar” a su parentela y hoy paga las consecuencias de sus malos hábitos. ¿Cuántos de estos casos habrá en todo el país?

Por otra parte, el gobierno del presidente Obrador ha tomado la decisión de suspender el aguinaldo para los altos funcionarios de su gobierno al menos para este año. Quién nos asegura que en el próximo la emergencia no sea por un problema sanitario, sino por la devastación de la economía ¿se “invitará” de nuevo a los altos funcionarios a renunciar voluntariamente de su aguinaldo? Tomando en cuenta que esa es una conquista laboral a la cual todos los trabajadores tienen derecho, aun cuando los fines sean razonables (atender la emergencia) ¿se le puede pedir a un trabajador que renuncie a sus derechos? Más allá de las diferencias abismales que hay entre lo que recibe de aguinaldo un alto funcionario del gobierno y el trabajador promedio en el país ¿Qué le impide al presidente solicitar una contribución generalizada para que los trabajadores de todo tipo en el país renuncien voluntariamente a sus derechos, en este caso, al estipendio adicional que significa el aguinaldo?

En Chiapas, sólo parientes más cercanos pueden ver cuerpo de fallecidos con diagnósitco de Covid-19

Resulta un tanto perturbador que muchos dirigentes actuales de Morena, quienes se curtieron en la lucha en favor de los trabajadores, permanezcan prácticamente callados frente a la iniciativa presidencial que ataca derechos conquistadas por las largas y sacrificadas luchas obreras. Es cierto que el gobierno ha manifestado que se trata de un acto voluntario, pero de todas formas la determinación de cancelar los aguinaldos para altos funcionarios no parece detenerse.

Lo que llama poderosamente la atención es que los proyectos emblemáticos enfocados a estimular el desarrollo del país, como el Tren Maya, Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía, no parece que vaya a modificarse la fuerte inversión que cada uno de esos proyectos significa en el presupuesto de la federación. Sin duda se trata de obras en que este gobierno ha puesto todo su empeño y, también, se trata de inversiones que están estimulando el empleo, al menos los dos últimos. Por lo tanto, la opción no necesariamente tiene que ser cancelarlos sino, en todo caso, ralentizar las obras y, en consecuencia, distribuir en el tiempo las obras y reorientar el gasto, de tal forma que de ahí puedan obtenerse fondos para revertir los impactos en la economía debido a la contingencia sanitaria. Esto haría menos terco y más sensible a este gobierno.

Mientras tanto, el presidente envía una propuesta al Congreso con el propósito de modificar la Ley de Ingresos de la Federación. En pocas palabras, el debate está en los riesgos que significa otorgar amplias facultades legales al ejecutivo para determinar cuándo y en qué momento modificar las partidas del presupuesto con base en el criterio de emergencia. El problema es quién decide qué y cuándo estamos en una situación como esa. Aquí, el presidente se pasó de legalista, pues pretende apegarse lo más posible a la ley para que no se le acuse de autoritario y muchísimo menos de corrupto, al igual que todos los presidentes que le han antecedido en el cargo. AMLO tiene razón cuando afirma que todos los presidentes anteriores han hecho lo que quisieron con el presupuesto sin que nadie les dijera nada. En efecto, esa es una mala práctica de la administración pública federal, pero eso no justifica que ahora se pretenda una legislación a modo para otorgarle validez legal a lo que siempre se ha realizado. En este caso, puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. Por lo demás, existen mecanismos de “negociación política” y el presidente tiene un gran poder con sus aliados en el Congreso para tomar acuerdos en ese sentido e incluso de manera más eficaz y sin tantos aspavientos o frentes de conflicto.