El desencuentro

Tan pronto como se ha reconocido los altos niveles de aprobación que ha mantenido el presidente López Obrador en los 14 meses de gobierno, asistimos a dos hechos relevantes indicativos de los ánimos presidenciales y de la “incomodidad” que muestran algunos sectores de la sociedad.

El presidente ha reconocido que, en efecto, sufre una caída en los distintos instrumentos hechos públicos en los niveles de aprobación de su gestión. Esto, según la lógica presidencial, resulta de un natural desgaste en el ejercicio de gobierno y el combate a grupos de interés que han usufructuado en beneficio propio los recursos derivados de la gestión pública.

El Grupo Reforma que ha sido particularmente crítico de esta administración, por ejemplo, ha publicado sus más reciente mediciones acerca de la aceptación ciudadana de la gestión del presidente López Obrador. En este sentido, lo que se observa es una tendencia pronunciada a la baja en la aprobación del gobierno, puesto que en marzo del año pasado contaba con 78% de aprobación y hoy en día la cifra está en 59 por ciento. Es decir, el indicador ha descendido en casi 20 puntos.

Aunque en algunos temas las opiniones están divididas, en otros la ciudadanía muestra algún grado de escepticismo. Por ejemplo, el materia de combate a la corrupción y en el tema de la educación, el gobierno sale más o menos bien librado en tanto que más del 50% de los entrevistados señaló que el gobierno muestra resultados favorables. Pero la situación se revierte en los temas de la violencia y la salud, están cercanos al 50% o superior que considera que el gobierno ha tenido un mal desempeño en esos asuntos. En el primer caso, el 62% de los encuestados considera que el gobierno ha tenido un mal desempeño en el combate al crimen organizado y un 67% cree que no ha reducido la violencia. En el segundo, 46% de los ciudadanos encuestados opina que, en cuanto a la salud, el desempeño del gobierno no ha sido el mejor.

Pese a que estas cifras son indicativas del desgaste en la gestión actual, debe reconocerse que la imagen personal del presidente sale bien librada, puesto que la mayoría lo considera un hombre justo, honesto, capaz para gobernar y hasta simpático.

Otras casas encuestadoras manejan cifras más o menos similares. Buendía y Laredo, por ejemplo, muestra en sus últimas mediciones que si bien este gobierno contaba con un alto nivel de aceptación (superior al 70%) en febrero de 2019, ahora en marzo de 2020 la cifra es de 62 por ciento. Como quiera que sea, sigue siendo una mayoría de la población que aprueba a la presente administración. En la encuesta de Buendía y Laredo hay un dato interesante con la relación al segmento de la población -digamos- más crítica con este gobierno por grado de estudios. En efecto, mientras los sectores menos educados (a nivel de enseñanza media y básica) aprueban en casi el 70% la gestión del presidente Obrador; solamente la respaldan el 43% de los ciudadanos con estudios universitarios y/o de posgrado.

Desde su conferencia mañanera de la semana pasada, el presidente anunció que estaría en varias partes de la zona Chontal en su natal Tabasco. En particular, un acto en Macuspana, municipio tabasqueño que lo vio nacer, despertó de su letargo a unos ciudadanos inconformes con sus autoridades locales. El desencuentro entre el presidente y las bases sociales que más le apoyan se debe, entre otras cosas, a incomprensiones mutuas. Desde el inicio de esta administración federal han sido frecuentes las protestas de la ciudadanía con sus autoridades inmediatas, sean alcaldes o gobernadores. Pero, en esta ocasión, López Obrador, buen rejoneador en estas lides, no soportó la presión de quienes la reclamaban la falta de cumplimiento en la entrega de becas y diversos apoyos que su gobierno ha prometido sobre todo a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Algunos actores políticos locales señalan que la protesta fue orquestada desde los grupos que perdieron en las pasadas elecciones. Como quiera que sea, quizá algo de razón asista a quienes en su legítimo derecho protestan por la falta de congruencia entre lo que se ofrece y lo que no se recibe que, por cierto, pasa por la intervención de las autoridades locales y ahí puede estar el negrito en el arroz. No hay duda que el presidente hace esfuerzos porque los recursos lleguen a los más necesitados, pero es imposible que pueda supervisar una multiplicidad de casos cuando esto no sucede. Eso depende de las autoridades locales y estas pueden actuar de manera facciosa, discriminatoria e incluso corruptamente a la hora de otorgar apoyos. Visto así, combatir la corrupción en el plano federal resulta insuficiente si este esfuerzo no se complemente en los espacios locales donde aún perduran viejas prácticas.

Si bien el gobierno actual se ha desempeñado más o menos bien en términos de un eficaz instrumento de comunicación con el ciudadano medio, no es menos cierto que esto debe guardar una elemental congruencia con la práctica de gobierno y la instrumentación de las acciones públicas que constituyen su oferta política a la ciudadanía en su conjunto. En ese sentido, la retórica acerca de la corrupción y las invocaciones al neoliberalismo como insignias del mal atribuido a los gobiernos anteriores, comienzan a ser un exceso que pone a esta administración contra las cuerdas ante la incapacidad de renovar su lenguaje y la enorme resistencia que ha generado el combate a la corrupción que, salvo el caso de Rosario Robles, la cuota ha sido mínima frente a la cantidad de exfuncionarios señalados públicamente.

Un error innecesario resultó de la falta de sensibilidad presidencial respecto del tema de las mujeres, en particular, el asunto de un súbito incremento en los índices de feminicidios y la propuesta de reforma penal que algunos grupos de la sociedad civil califican como un intento de eliminar tal tipo de conducta criminal. Más aún, el muy difícil de creer al presidente que no intercedió con su esposa, la sra Beatriz Gutiérrez Muller, a fin de cambiar su postura respecto al paro femenino del próximo 9 de marzo. Descalificar el movimiento simplemente porque se intuye que intereses conservadores manipulan el movimiento, ofrece cándidamente la oportunidad para que los opositores aprovechen la circunstancia y afinen sus dardos retóricos en contra del gobierno.

Puede ser que este gobierno se esté guardando algunas municiones para cuando sea pertinente hacerlas públicas en los momentos coyunturales en que mejores dividendos políticos puedan rendirle a esta administración. Por lo pronto, la retórica del combate a la corrupción ha moderado las imposturas y la incontinencia verbal de los expresidentes Calderón y Fox. Uno por no cumplir sus obligaciones fiscales, el otro porque jamás vio el enriquecimiento (in) explicable de uno de sus subordinados.

Como quiera que sea, esta vez no han sido de los mejores días del presidente y conviene un llamado a la prudencia. No se pueden descalificar las demandas ciudadanas nada más porque se intuye que estas son producto de la “grilla” o la “politiquería”. No puede recriminar al “pueblo” que tanto reconoce y admira de hacer política con los recursos que tiene a su disposición, sin caer en visiones maniqueas y simplistas de un pueblo bueno y sabio, de otro que está en su antípoda.