Los pueblos indígenas de México frente a las políticas de la 4T

Indígenas trabajan en la conformación de un nuevo modelo económico, paralelo al que promueve el Estado mexicano. Foto: Ángeles Mariscal

Por Delmar Méndez Gómez*

Breve remembranza

El 01 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Posteriormente, se trasladó al zócalo de la Ciudad de México, donde miles de personas estaban reunidas. Durante el evento, los “representantes” de los pueblos originarios del país le entregaron el bastón de mando a AMLO[i] –esto como un símbolo de autoridad y legitimidad– y, al mismo tiempo, para hacer presencia en un acto oficial de relevancia internacional, como no había sucedido en la historia política de México. En ese momento la opinión pública, enmarcada en el discurso de la cuarta transformación (4T), expresaba que “ahora sí” habría una reconciliación entre el Estado mexicano con los más olvidados y excluidos del país.

En aquel momento, AMLO señaló que en su gobierno se implementarían nuevas políticas para atender, con preferencia, a “los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas y afromexicanos”. Sin embargo, estas han sido parecidas a las mismas y viejas prácticas asistencialistas y paternalistas que se vienen reproduciendo desde el siglo pasado. La voluntad de querer cambiar las cosas no lo es todo, pues a poco más de un año de aquella puesta en escena, del espectáculo político, la realidad tiene el mismo rostro de antes: sin variaciones.

Panorama actual

Desde los primeros días del nuevo gobierno, se hizo público el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024[ii], en el cual se sugieren políticas para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicanos. Lo cierto es que existen muchos retos y desafíos para atender cada una de las demandas que históricamente se han exigido, y que son insuficientes al momento de hacer un balance de los resultados de dichas políticas sociales pues, aun cuando la presente administración lleva un año, dicho programa es una continuación del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) propuesto por el gobierno anterior, en el cual se expresaba la necesidad de impulsar una política social donde se incluyeran los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas “con medidas concretas que incorporaran la consulta y la participación social, así como la coordinación institucional[iii]”, que era coordinado por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –creado en el 2003 durante el gobierno de Vicente Fox––, ahora en el gobierno de AMLO fue cambiado de nombre, más no de fondo, para denominarse Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, se registró que 7.2 millones de personas hablan una lengua indígena, y casi 25.7 millones se identificó como indígena, que equivale al 21.5% de la población total del país. La mayor población indígena se localiza en el sureste, en los estados de Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Chiapas[iv], de la cual el 71.9% se encuentra en situación de pobreza y el 28% en situación de pobreza extrema[v]. Asimismo, de los más de 28 mil jóvenes de entre 20 y 24 años que hablan una lengua indígena sin hablar español, prácticamente ninguno ha logrado siquiera terminar la secundaria[vi]. Todo lo anterior, se traduce en la amplia dificultad para poder acceder a los servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura, pero esto se debe, en gran medida, a una política social deficiente, pues aun cuando los gobiernos de los sexenios pasados aumentaran el presupuesto para “combatir y revertir” la pobreza, los resultados no fueron los esperados: “de 1989 a 2018 los pobres en México se incrementaron en 16.4 millones de personas, pero también en ese lapso los gobiernos federales gastaron poco más de 28 billones de pesos corrientes[vii]”.

Además de los datos sobre la pobreza y la política social, los pueblos indígenas enfrentan otras problemáticas, una de ellas es contra los megaproyectos transnacionales (mineros, de represas e hidrocarburos) que amenazan con despojar su territorio, como sucede con el territorio Wirikuta del pueblo wixarika; la lucha del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla; el pueblo Me’phaa de Guerrero; la lucha de los 13 municipios que conforman el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) en Chiapas, entre otros. Estas luchas han estado acompañadas de la persecución, la desaparición y el asesinato de defensores ecologistas, que en la última década (2008-2018) en México se registraron 125 crímenes: 108 asesinatos de hombres, seis de mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas una mujer. De las 125 víctimas 82 eran indígenas, 66% del total[viii], y en lo que va la presente administración se registran, cuando menos, 15 asesinatos a líderes, activistas y defensores de los pueblos indígenas[ix], acontecimientos que ponen en duda al Estado y las políticas de seguridad que deben de proteger a quienes luchan por los derechos de los pueblos.

Aun cuando el gobierno de la 4T asegure atender a los pueblos indígenas y haya decretado como necesaria la consulta de proyectos a los pueblos, esta ha sido condicionada para aprobar lo que el propio gobierno ha decido encaminar en este sexenio, como sucede con el proyecto “Tren maya”. En este sentido, las políticas de la 4T continúan reproduciendo las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, pues en vez de suspender las concesiones de los megaproyectos extractivos, los aprueba, bajo la idea de que esto traerá infraestructura y desarrollo para el país.

Además, el despojo del territorio ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de familias, como ha sucedido con pueblos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que viven en condiciones marginales, sin tener la más mínima posibilidad de acceder a la tierra, a una vida digna. Esto, además, tiene consecuencias en los cambios de vida en las comunidades indígenas que se reflejan, por un lado, con la sustitución de la siembra de granos básicos por la producción de amapola, como sucede con los pueblos de la Sierra de Guerrero y, por el otro, con el abandono del campo y la comunidad para trabajar en los cultivos de tomates, uvas y chile en los Estados Unidos, en condiciones precarias e inhumana y que, además, estimulan la producción y acumulación del capital de las grandes empresas transnacionales.

Si bien AMLO señaló hace unos meses, en un evento realizado con los pueblos indígenas del occidente y noroeste del país, que para él era “una contradicción y una injusticia que los verdaderos dueños de México sean ahora los más pobres y marginados, ofendidos y humillados”[x], tal vez en términos discursivos sí somos considerados “los verdaderos dueños”, sin embargo, en la práctica, en la vida cotidiana, somos la negación y exclusión constante[xi], sin importar que en el país existan leyes y políticas públicas[xii] creadas para atender a los pueblos.

Es cierto que, en algunos contextos, los programas sociales han operado sin contratiempos, aunque eso no es suficiente para atender las necesidades reales y profundas de los pueblos pues, aun cuando AMLO pidiera a los pueblos otomíes, totonacos y tepehuanes, en un evento en Hidalgo, “que todos deben ayudar a mover al ‘elefante reumático’ y transformar el país[xiii]” –haciendo alusión a las prácticas de corrupción, injusticia y desigualdad social–, sin embargo, aquel “elefante” todavía sigue padeciendo de “reuma”.

Los pueblos indígenas no deben ser considerados sólo para la puesta en escena de un espectáculo político mediático, como sucedió durante la toma de posesión de AMLO, así como cuando se pidió permiso a la Madre Tierra para dar inicio al proyecto “Tren Maya”. Aun cuando en la historia oficial en México no se les reconozca como actores políticos activos, la realidad es otra, pues han luchado de manera permanente, habilitando otras formas de acción política y colectiva que supera los límites de lo instituido. Una de estas refiere a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como Los Acuerdos de  San Andrés –que cumple 24 años de haberse firmado, y sin efectuarse– en los cuales se exigía modificar la Constitución de México para otorgar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, atender las demandas en materia de justicia y equidad para los pobres de México.

En este sentido, se hace necesario repensar las políticas sociales que propone la 4T para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido los pueblos indígenas, así como los sectores populares y subalternizados del país; que no solamente están condicionados por las deficientes políticas sociales sino, además, por un profundo problema estructural, de fondo, impuesto desde la colonia, que se traduce en el constante racismo, la discriminación y la negación hacia los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas de nuestro país.

* Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica, del CESMECA-UNICACH. Correo: delmarmego@gmail.com

[i] Se ha planteado que la presencia de los pueblos indígenas en el discurso de la 4T es un nuevo neoindigenismo. Sin embargo, yo disiento de esa postura, pues hablar de ello es contrarrestar la larga lucha que los pueblos indígenas originarios han emprendido.

[ii] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los-Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf

[iii] Véase Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2014). Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014–2018. México: CDI. En esta se estipulan como principales acciones: 1) Derechos indígenas y acceso a la justicia; 2) Desarrollo social; 3) Desarrollo económico; 4) Participación de la sociedad indígena; 5) y preservación y fomento de la cultura de los pueblos indígenas.

[iv] Véase https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20Pindigenas(1).pdf

[v] Véase los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-Dia-Pueblos-Indigenas.pdf

[vi] Solís, Patricio (2017). Discriminación estructural y desigualdad social: con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad. México: Conapred-CEPAL.

[vii] Martínez Espinoza, Manuel (22 de agosto de 2019). “El fracaso”, en Chiapas Paralelo, disponible en: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/el-fracaso

[viii] Algunos de los defensores asesinados son: José Carlos Jiménez, Luis Gustavo Hernández, Francisco Jiménez Alejandro, Santiago Luna Crisanto y Felipe Ramírez (en Michoacán); en Oaxaca: Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Benjamín Juárez José y Gabriel Ramos Olivera; en Chiapas: Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y Pablo Andrés Jiménez. Véase Castellano, Laura (14 de noviembre 2018). “Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos”. En México.com,disponible en https://www.mexico.com/nuestras-causas/estos-108-mexicanos-fueron-asesinados-por-defender-nuestros-bosques-y-rios

[ix] Algunos de ellos son: Raúl Hernández Romero, defensor del santuario de las mariposas monarcas, el 27 de enero de 2020; Santos Reyes Nopala, defensor indígena en Oaxaca, el 30 de noviembre de 2019; Leonel Díaz Urbano, activista y líder indígena en Puebla, 10 de mayo de 2019; Noé Jiménez Pablo, activista chiapaneco, 19 de enero de 2019; Telésforo Santiago Enriquez, fundador de una radio comunitaria en Oaxaca, 02 de mayo de 2019; Arturo Ramírez, comunicador mixteco, 18 de agosto de 2019; Samir Flores, líder opositor a una termoeléctrica en Cuatla, Morelos, el 20 de febrero de 2019.

[x] Heraldo de México (17 de noviembre de 2019). “Pueblos indígenas son los verdaderos dueños de México, asegura AMLO”, El Heraldo de México, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/pais/pueblos-indigenas-duenos-de-mexico-asegura-amlo-visita-comunidad-wixarika-huicoles-la-yesca-nayarit/

[xi] Aquí hablo en primera persona pues, después de varios años de reconocimiento identitario y político, me reconozco indígena en clave política, como sujeto de derecho, y tseltal en términos de comunidad, al reconocerme parte de un pueblo y una familia lingüística particular.

[xii] México junto con Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia son los países de América Latina que reconoce a los pueblos indígenas y que cuenta con leyes que buscan garantizar sus derechos.

[xiii] Notimex (04 de enero de 2020). “AMLO insta a indígenas a cuidar la entrega de apoyos sociales”. Notimex, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-insta-a-indigenas-a-cuidar-la-entrega-de-apoyos-sociales-20200104-0008.html