Entre la exigencia y el infantilismo

Con la colaboración de Ana Luisa Pérez Sosa

No es ninguna novedad que mientras se discute en la Cámara de Diputados el presupuesto para el siguiente año, peregrinen por los pasillos de San Lázaro ciertos personajes de la vida política del país, al mismo tiempo en que se discute en los medios los alcances y posibles recortes en áreas específicas que atienden los gobiernos de la república. Así, nunca falta la presencia de las universidades, por ejemplo, a fin de justificar frente a los diputados el incremento de sus presupuestos. Lo mismo ocurre con sectores importantes de la economía que se articulan a través de distintas organizaciones de productores del campo o autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En los últimos días, ha llamado la atención la movilización de alcaldes de diferentes partes del país con el fin de ser atendidos directamente por el presidente de la república en sus peticiones de ampliación presupuestal. Este escenario resulta propicio para reflexionar sobre las condiciones de los municipios en México, las lógicas de sus demandas, al respuesta inmediata de las autoridades federales y la pertinencia de sus reclamos.

Es cierto que el recibimiento de los presidentes municipales no fue del todo amable que digamos, pero tampoco puede afirmarse que estos se hayan presentado en una forma -digamos- adecuada. Llegaron a hacer ruido y victimizarse para lanzar a los cuatro vientos que eran “vergonzosamente castigados por un gobierno represor como el de Venezuela”. Mientras la oposición no entienda que resulta un imperativo modificar sus prácticas, flaco favor le harán a la democracia y estarán condenados a la falta de respaldo de la ciudadanía. Por cierto, es lo que ocurre en América Latina, los movimientos de protesta con frecuencia rebasan a las viejas estructuras partidarias y remplazan a los liderazgos tradicionales.

Estatua de la Libertad de Tuxtla Gutiérrez
Foto Roberto Ortiz (8)

¿Cuáles son las demandas de los presidentes municipales en este momento? Hay que decir, para empezar, que quienes organizan la protesta y exigen una reunión con el presidente son autoridades locales del PAN, básicamente; aunque también se incorporaron algunas del PRD y Movimiento Ciudadano. El argumento central es que necesitan más presupuesto para hacer obras y la atención del problema de la inseguridad en sus demarcaciones; temas, por cierto, en los que más corrupción ha existido y prevalece en la administración pública del país. Es ahí donde se aplica el famosísimo diezmo o se fugan ríos de dinero que deberían ser usados con el mayor escrúpulo.

En primer lugar, es importante destacar el grado de articulación que alcanzaron los alcaldes de México promotores de la movilización, puesto que no es una empresa fácil conciliar una diversidad de intereses en más de 2,400 municipios del país. No es un logro menor enseñar el músculo a un gobierno federal que no solamente está empeñado en acabar con la corrupción, cosa por lo demás loable; sino que, además, ha puesto en práctica una política de austeridad y de cancelar el dispendio en el gasto del gobierno, cosa igualmente atinada. Y, sin embargo, es cierto que los municipios necesitan más recursos a fin de resolver problemas inmediatos y tratar de abatir los rezagos sociales que han ocupado un papel secundario frente al interés por mantener los equilibrios macroeconómicos y controlar la inflación. Con todo, quienes encabezan la protesta son alcaldes del PAN, pero que resultan una minoría frente al total de municipios existentes en el país. En efecto, aunque las demandas pueden ser legítimas, los alcaldes movilizados a penas llegan al 10% del conjunto de autoridades locales de toda la república.

En segundo lugar, aunque los gobiernos municipales constituyen la parte institucional más débil del Estado mexicano; lo cierto es que desde hace años, sobre todo desde las administraciones de Fox y Calderón, han contado con una mayor cantidad de presupuesto. Desde luego, para el tamaño de los déficit que se tienen en los espacios locales no hay recurso que alcance. Sin embargo, la mala noticia de todo esto es que las alcaldías han incrementado su burocracia de una manera desproporcionada. Sin duda, este elemento ha sido la oferta corruptora desde las administraciones locales a fin de colocar adeptos y pagar favores político-electorales. No está por demás insistir que, aún cuando se han hecho obras, no siempre las necesarias, pero obras públicas a fin de cuentas, la generalidad de los presidentes municipales opera de esa forma y, desde esa lógica, pues resulta obvio que el presupuesto que se les asigna no alcance mientras se dedican a la contratación de personal de manera desproporcionada e injustificada.

En tercer lugar, aunque acusan cierta debilidad respecto de los otros poderes, los alcaldes no son ni inocentes y, mientras pueden, no es ninguna sorpresa que terminen ignorando a esa ciudadanía que hoy invocan y que dicen se siente obligados a atender en sus necesidades. Si bien no hay razón por la que deba satanizarse a los alcaldes, tampoco existen motivos para no hacer una balance crítico de los despropósitos que a menudo padece la ciudadanía. Los ediles, incluidos los regidores y funcionarios locales de medio pelo, resultan auténticos reyezuelos que terminan ahogando en el más abyecto autoritarismo a sus propios ciudadanos. En esto no existen partidos que los distinga. Hay, eso sí, algunas experiencias, poquísimas por cierto, que podrían tipificarse como buenas prácticas para la administración de los recursos y un trato adecuado al ciudadano. Pero una golondrina no hace verano.

Por otra parte, cada año las contralorías estatales o los órganos de supervisión del manejo del presupuesto, así como la Auditoría Superior de la Federación, auditan y entregan informes en donde se evidencian los malos manejos o la probable comisión de delitos por el desvío de recursos en que incurren las autoridades municipales. La pregunta aquí es obvia ¿Por qué otorgarles más recursos a quienes ostensiblemente han dado muestra de sus incapacidades para administrarlos adecuadamente?

La actual movilización de alcaldes solamente deja en evidencia su derecho al pataleo, puesto que solamente se dedican a pedir sin ofrecer nada a cambio para que la administración de los recursos públicos sean aplicados correctamente. Pero escasamente dicen algo de esto los ediles que hoy se inconforman. No dicen, por ejemplo, cómo reducir una burocracia que en algunos casos no solamente resulta excedentaria sino insultante. También, omiten mencionar que el gasto corriente de las administraciones locales implica entre el 60 y el 80 por ciento de los recursos a su alcance. Resulta por lo demás extraño que los alcaldes no reconozcan que han hecho un mal uso de los recursos que no solamente han llevado a la ruina a sus administraciones sino que, además, languidecen por lo abultado de sus deudas. En eso son cómplices los gobiernos estatales y los congresos locales que han permitido semejantes despropósitos. No está demás recordar, también, que existen presidentes municipales en el país que ganan en la actualidad más que el presidente de la república. Es sorprendente que nada se diga de eso, es decir, cómo aplicarán medidas que permitan racionalizar el gasto equilibrando los salarios de la alta burocracia municipal.

Como los diputados federales han dejado de ser repartidores del presupuesto, ahora los alcaldes recurren al presidente de la república. Si AMLO acepta negociar con ellos e incrementar los presupuestos para los municipios será la muestra inequívoca de nuestro retorno ”glorioso” a la época dorada del priismo más autoritario. Porque, si el presidente es consecuente con lo que ha dicho, quienes se encargan de aprobar el presupuesto son los diputados. Por lo tanto, remitir a los ediles a esa instancia es congruente con el ejercicio republicano de la división de poderes. Pero la política tiene vericuetos en ocasiones incomprensibles. Ojalá esta vez no veamos un retorno penoso de nuestro pasado más espinoso.

Nuestros municipios son muy importantes y, es cierto, necesitan más recursos que deberían beneficiar a la ciudadanía y, al mismo tiempo, es indispensable contar con un gobierno eficaz. De igual forma se necesita un mayor control sobre este nivel de gobierno para evitar los excesos y la abierta predisposición al latrocinio. Dado el consabido contubernio de los actores políticos y las pobres facultades de los organismos supervisores para establecer los castigos frente a conductas incorrectas en el plano municipal, la mejor medicina es el fortalecimiento de la sociedad civil local mediante mecanismos de control social que permitan evitar no solamente los excesos, sino el más descarado desvío de los recursos que son de todos. Veremos en los próximos días el desenlace de esta historia.