Veracruz: tiempos aciagos

Casi por decreto o porque su voz lleva toda la carga simbólica del puesto que representa, el presidente López Obrador ha insistido que la corrupción se acabó con su gobierno. No es desdeñable una cruzada de purificación dentro de las instituciones estatales, toda vez que han sido públicos los excesos sobre todo de funcionarios que prestan sus servicios en distintas áreas de la administración pública. Por lo tanto, se requiere incorporar al servicio público empleados y funcionarios con un perfil que satisfaga la que parece ser la premisa indispensable en este gobierno: la honestidad. No tengo dudas que en un país de 120 millones de mexicanos existen personas que pueden colmar ese perfil.

Después del devastador fin que tuvo la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto, por las ostensibles muestras de corrupción no solamente en el plano federal sino en varios estados de la república, no es ocioso que el gobierno entrante tome como bandera combatir ese flagelo que daña al país y socava la confianza de la ciudadanía. Más terrible resulta el hecho de que varios de los gobernadores que el expresidente se ufanaba en presentar como la nueva generación del PRI, han caído uno por uno en medio del escándalo por sus excesos y la corrupción reinante durante sus mandatos. Roberto Borge en Quintana Roo o Javier Duarte en Veracruz, son apenas dos muestras de la dinámica que se impuso durante el anterior gobierno federal: desviar los recursos a través de empresas fantasma y favorecer a aliados mediante contratos del gobierno.

Con el propósito de combatir estas prácticas, el gobierno de la república actual fortalece tres áreas para detener el deterioro provocado por la corrupción gubernamental. Coloca en la Secretaría de la Función Pública a la Dra. Irma Eréndira Sandoval; en la Unidad de Inteligencia Financiera despacha, al abogado Santiago Nieto y en la Fiscalía General de la República, al Dr. Alejandro Gertz Mañero.

Hasta ahora, esto ha permitido transparentar el patrimonio de los funcionarios de primer nivel y, sobre todo, proceder en contra de quienes presuntamente cometieron algún tipo de ilícito vinculados con el desvío de recursos públicos u operaciones con el fin de favorecer a grupos y personas en contra del erario. En el primer punto, el caso más relevante es el de la llamada “Estafa maestra” que hoy en día tiene en la cárcel a la ex-secretaria de Desarrollo Social en el sexenio anterior, Rosario Robles. En pocas palabras, se simularon contratos con universidades públicas del país y con empresas fantasma, lo que permitió un desvío millonario del presupuesto público. En el segundo caso, se trata de los contratos hechos por el ex-director de PEMEX, Emilio Lozoya, que implicó la compra de una planta en ruinas procesadora de fertilizantes en perjuicio del patrimonio de todos los mexicanos. La operación significó ganancias extraordinarias para los involucrados, incluido uno de los empresarios más acaudalados del país hoy detenido en España y sujeto a un proceso de extradición.

Aunque algunos funcionarios del actual gobierno acumularon retrasos en cuanto a la declaración de sus bienes, todos los del primer círculo finalmente atendieron esa determinación de la presidencia, aunque algunos optaron por reservar cierta información, motivo por el cual se hicieron algunos señalamientos al respecto en ciertos medios de comunicación. Pero cuando uno cambia la escala de la observación y mira con cierta atención lo que ocurre en las entidades del país, la sorpresa puede no ser muy grata no sólo porque el nivel de penetración de las prácticas de transparencia no son comunes en los gobiernos y sociedades locales, sino porque la falta de oficio y los desatinos, no obstante la honestidad, están provocando escenarios de ingobernabilidad.

En Veracruz, por ejemplo, el gobierno que encabeza, Cuitláhuac García, a quien el presidente López Obrador ha calificado como un hombre bueno y honesto, encuentra dificultades para fortalecer su gestión. Para quien no ha tenido ninguna experiencia de gobierno previa, como ha sido el caso del actual gobernador de Veracruz, que exista una curva de aprendizaje que le permita conocer las dinámicas de la administración pública se impone como una condición que debemos asumir sus costos. No obstante, el panorama actual también obliga que los nuevos funcionarios no solamente aprendan rápido, sino que se pongan a la altura de las difíciles circunstancias en que recibieron sus cargos.

En efecto, muchos de los actuales problemas que padece la sociedad veracruzana no han sido provocados por la actual administración, pero a estas alturas eso no es ningún consuelo para los ciudadanos que día con día padecen los estragos de la pobreza, la falta de empleo, un sistema de salud saqueado y altos índices de criminalidad y violencia a todo lo largo y ancho de la entidad. Todos estos problemas y otros que hoy padece Veracruz se fueron deteriorando por la irresponsabilidad que caracterizó a los gobiernos previos dede hace aproximadamente 15 años.

No obstante, la realidad no espera, ni se muestra con benevolencia frente a la impericia de los actuales gobernantes. Así ha sido con los más recientes escándalos derivados de la monstruosidad de los asesinatos masivos ocurridos en el sur de Veracruz. Primero fue Minatitlán y, aunque no trascendió a la prensa nacional, le siguió el asesinato de 6 personas ocurridos a escasos kilómetros de la capital, en la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, y ahora Coatzacoalcos.  

Tampoco se nos puede olvidar el horror de la matanza que ha significado la guerra entre las dos principales organizaciones criminales que operan en Veracruz, cuando fueron esparcidos 35 cuerpos en una de las avenidas más transitadas de la zona conurbada del Puerto de Veracruz, justamente cuando se realizaba en la localidad un reunión de procuradores de justicia del país en el mes de septiembre de 2011. 

El gobernador de Veracruz muestra de manera supina no sólo su ignorancia respecto al papel que le corresponde a cada entidad abocada a la persecución del delito sino que, además, exhibe la vanidad de sus controversias, animadversión y disputas con el fiscal estatal frente al dolor de las víctimas. Más que enfocarse en el crimen y el dolor infringido a las familias, el gobernador uso el momento para escribir un capítulo más de sus diferencias con el fiscal, aprovechando el momento para exhibirlo como un funcionario corrupto que no solamente incumple con sus funciones sino que, principalmente, protege a delincuentes de alta peligrosidad dejándolos en libertad. Es posible que el gobernador tenga razón respecto de los funcionarios del régimen previo, en cuanto a su predisposición a la corrupción, pero no puede tratarlos como estúpidos. Para sacar a Jorge Winckler de la Fiscalía no sólo se necesitan mayores dosis de astucia, sino igualmente algo de malicia. 

Por su parte, el Fiscal no necesitó mayores dotes de inteligencia, simplemente fue cuestión poner en el debate público que había sido la delegación estatal de la Fiscalía General de la República la instancia que tuvo a sus disposición al presunto autor intelectual de la masacre de Coatzacoalcos y la encargada de dejarlo en libertad, dado que los delitos que se le imputaban están tipificados como no graves. Con esto, el fiscal de Veracruz hizo carambola al evidenciar al gobernador, a la Fiscalía General de la República y al mismo presidente.  

En lugar de enfocarse en los terribles sucesos en que perdieron la vida casi 30 personas y el dolor que esto provocó a sus familiares y la sociedad local, el gobernador prefirió arreglar las cuentas pendientes con el fiscal resultando perdedor en las vencidas. Si bien las víctimas han encontrado algún tipo de sensibilidad en ciertos funcionarios del gobierno estatal, no es menos cierto que el fenómeno criminal se dejó crecer a tal grado en las administraciones anteriores que hoy es un problema que rebasa los esfuerzos actuales.

Por lo tanto, el gobierno de la república debe entender que, aunque resulta una medida correcta no sólo combatir la corrupción sino reciclar los cuadros de la administración pública en todos sus niveles, de tal manera que haya cada vez más funcionarios con la suficiente probidad para desempeñar sus cargos, esto resulta insuficiente para que las acciones de gobierno se lleven a la práctica de manera eficiente y al menor costo.

Si el gobierno de la república no percibe esto y, peor aún, no hace nada al respecto, seguiremos presenciando masacres que lastiman a la sociedad veracruzana, una mayor presencia de las organizaciones criminales y una ingobernabilidad galopante. En este sentido, es muy posible que Morena se acerque a la antesala de la debacle electoral en los próximos comicios. Ya veremos.