La 4T, pretorianismo institucional y pobreza

La semana pasada reflexionaba sobre el tema del CONEVAL, los excesos en la administración pública y el combate a la pobreza en México. La renuncia del secretario ejecutivo y las declaraciones tajantes del presidente en términos de la posible desaparición del CONEVAL llamaron mucho la atención en la prensa de mayor circulación en el país.

Después de una semana de discusión sobre el particular, el presidente no solamente matizó algunos de sus comentarios acerca de la institución encargada de medir la pobreza y diagnosticar los alcances de las políticas públicas enfocadas a erradicar los rezagos sociales existentes; sino que, además, planteó que el CONEVAL no desaparecería. Considero que es una sensata rectificación presidencial y debe ser reconocida en su justa dimensión. Dada su cruzada en contra de la pobreza del país, el CONEVAL puede constituirse en un instrumento eficaz para el propio gobierno toda vez que puede medir con altos grados de certeza los impactos de las políticas sociales dirigidas hacia los pobres. El CONEVAL, vale decir, está técnicamente capacitado para evaluar con base en estrategias metodológicas rigurosas los resultados de los programas que ahora instrumenta el gobierno federal para abatir la pobreza y la desigualdad en el país. En el buen sentido, no es un mal instrumento que puede ser útil a los propósitos de esta administración con el fin de que los recursos para los pobres lleguen de manera eficiente y sin condicionamientos de ningún tipo.

Por su parte, el ex-secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, ha realizado declaraciones moderadas admitiendo que el funcionamiento del CONEVAL no depende de una sola persona, de manera tal que la institución continúa su trabajo como de costumbre. Al mismo tiempo, admitió que quien llega ahora a ocupar su lugar se presenta con las mejores cartas académicas para desempeñar el cargo. También, reconoció que sí se pueden hacer recortes o, como él mismo dice, diseñar un plan B que permita hacer más eficiente el uso de los recursos públicos disponibles para la institución, cuidando no dañar presupuestariamente las actividades sustantivas que viene realizando el CONEVAL, es decir, no comprometer las tareas que tiene asignadas en términos de evaluación y diagnóstico de las políticas sociales enfocada a combatir la pobreza en el país.

Cabe reconocer, también, que Hernández Licona pudo haber renunciado por una drástica disminución de sus ingresos que, como mostraba en el artículo anterior, ha resultado una merma de aproximadamente 60 mil pesos en su salario. Si embargo, si le damos crédito a las palabras del presidente en el sentido de que ganaba más de 200 mil pesos, pues evidentemente la reducción es significativamente muy superior. En este sentido, el ex-secretario ejecutivo está en todo su derecho de no continuar dirigiendo una institución que implicaba un ajuste significativo de sus ingresos. A nadie se le puede exigir sacrificios que no está dispuesto a ofrecer.

Dentro de las críticas esgrimidas acerca de un uso, vamos a decir, inadecuado de los recursos con los que cuenta la institución, se mencionó que, a pesar de contar con edificio propio, el CONEVAL venía rentando oficinas para el desempeño de sus funciones. Si esto es verdad, resulta algo desconcertante que se haya procedido de esa manera. Debe existir alguna razón que justifique tales medidas; de no haberlas, la situación es muy simple: hay que dejar de pagar renta por el edificio que ahora los alberga, adecuarse a las condiciones del propio e invertir los recursos que se liberen a sus actividades sustantivas.

Sin embargo, el CONEVAL tiene un estructura que incorpora la figura de un Consejo integrado por académicos de muy buen perfil y varios de ellos se han mantenido en sus cargos desde hace mucho, justamente el tiempo que el ex-secretario ejecutivo llevaba en el cargo. Todos ellos pertenecen a la planta académica de las instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, entre otras. Sin demeritar el perfil académico de ninguno de ellos, cuesta trabajo imaginarse que una permanencia tan prolongada pueda contribuir al mejor desempeño de sus funciones; menos aún si todos ellos no han abandonado sus funciones como investigadores y profesores de las instituciones de educación superior a las que pertenecen.

Un apunte adicional sobre la manera en que el régimen actual entrega recursos para abatir las desigualdades a varios sectores de la sociedad. Con el afán de evitar el intermediarismo pernicioso, este gobierno ha instrumentado la distribución de recursos de manera directa a un conjunto de beneficiarios y, en especial, a las familias más pobres. Desde luego, se trata de una medida que contrasta con todas las administraciones anteriores donde, en efecto, no solamente existía un exceso de burocracia, sino que a menudo existían distintas formas de mediación que no únicamente retrasaban la entrega de recursos sino que, además, mermaban los fondos que debían llegar a los más pobres. Sin embargo, había una suerte de institucionalización de los apoyos basado en reglas de operación y, eventualmente, podían sustentarse controversias por el mal uso de los mismos, siempre y cuando los afectados pudiesen contar con las instancias adecuadas que no solamente los atendieran sino que, principalmente, establecieran las sanciones por desvirtuar los fines de los programas destinados a los pobres del país.

Eliminar el intermediarismo y el burocratismo, de entrada, es algo que puede calificarse como positivo. Sin embargo, las medidas que los remplazan pueden tener consecuencias indeseables no solamente para el gobierno sino, principalmente, para quienes se supone están diseñados los programas sociales de combate a la pobreza. Sobre todo si pensamos en la debilidad institucional de nuestros sistemas para la solución de conflictos. En otras palabras, es difícil pensar que ante la prácticamente inexistencia o, mejor dicho, la inoperancia de nuestros sistemas de justicia, quienes reciben recursos del gobierno puedan apelar a ellas cuando se derivan controversias por el uso y destino de esos apoyos.

Bajo esta lógica, no hay que hacer demasiado análisis para pensar que tanto en localidades urbanas, como en las rurales en donde se concentra la pobreza existen conflictos derivados de los usos de los recursos proporcionados por el gobierno. En este contexto, la entrega de dinero en efecto y de manera directa puede alimentar disputas o incluso hacer más hostil las relaciones familiares y comunitarias precisamente por la decisión uso de esos recursos. La de por sí tensa y frecuentemente violenta relación entre mujeres y hombres en el ámbito familiar puede intensificarse por esas razones, peor aún si le agregamos que en esos contextos existe un consumo excesivo de alcohol. En este sentido, puede no ser una hipótesis descabellada que, frente al estado de indefensión en que se encuentran grupos vulnerables de la sociedad, veamos un incremento en los índices de violencia al interior de las familias y de las comunidades. Nadie en su sano juicio puede estar tranquilo ante tal escenario. Ojalá me equivoque.