Los beneficiarios ausentes

Dentro de los muchos temas que se discuten desde el centro del país, no resulta sorprendente el que uno de ellos sea el que se refiere a los pobres. Recordemos que una de las cruzadas del actual presidente es precisamente la atención a ese segmento de la población que, de acuerdo a cifras oficiales, puede llegar a cerca de la mitad de la población total del país, aproximadamente 55 millones de mexicanos que no cuentan con los ingresos necesarios para una vida digna.

El asunto de la pobreza no es nuevo, pero las cifras resultan espeluznantes por la cantidad de mexicanos a los que afecta. Se puede decir incluso que el fenómeno viene de mucho tiempo atrás. El debate no está tanto en la cantidad de pobres existentes en el país o las políticas enfocadas a combatir los rezagos sociales que experimentan muchos compatriotas, aunque en cada uno de estos asuntos pueden esgrimirse críticas tanto a la idea de la pobreza, cómo medirla y los resultados que hasta ahora tenemos de los programas diseñados para erradicarla.

Entre los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, con altibajos, el número de pobres se ha mantenido casi constante en cerca de 20 años. Por momentos, también, tiende a elevarse la cantidad de pobres, pero en todos estos años nunca ha descendido de los 50 millones de mexicanos en dicha situación y quienes padecen de manera más cruda sus efectos son las comunidades indígenas, normalmente asentadas en localidades dispersas y con poco menos de 2 mil habitantes. En estos espacios se vuelven críticos los problemas de salud, educación y vivienda, no sólo por cuestiones relacionadas a sus magros ingresos sino porque, además, el acceso a este tipo de servicios con frecuencia se encuentran retirados de sus comunidades.

El gobierno de la república se ha impuesto una estrategia que puede ser calificada como temeraria. En efecto, para los distintos programas de apoyo se privilegia la entrega de recursos de manera directa a los beneficiarios. El argumento que se esgrime al respecto es que las personas que reciben esos apoyos se encuentran en una situación tal de libertad y responsabilidad, que terminarán aplicando racionalmente esos recursos a fin de mejorar sus condiciones de vida. Si en verdad se concediera tal grado de autonomía a las personas que padecen situaciones de pobreza, la situación me parece que sería plausible, pero me temo que esto no es tan simple.

Se supone que la entrega de los apoyos pretende eliminar el nocivo intermediarismo que ha caracterizado siempre las relaciones entre el poder público y la ciudadanía. No está mal que se ensayen nuevas formas de relación entre gobernantes y gobernados, pero una golondrina no hace verano. Desde luego, esto puede dar lugar a la circulación de liderazgos e incluso a la participación de otros nuevos, ofreciendo incentivos para el recambio de cuadros dirigentes en la base organizacional de la sociedad. Pero tampoco en este aspecto nada nos asegura que experimentemos la emergencia de nuevos liderazgos con prácticas renovadas. Me temo que el panorama resulta un tanto incierto en este aspecto.

Pero la polémica se desató no por estas razones y medidas, algunas de ellas correctas y otras inevitables, sino porque el gobierno federal mantiene una férrea disciplina en torno a las medidas de austeridad haciendo recortes por todas partes. Esto originó que el exsecretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, se inconformara puesto que las reducciones en el presupuesto ponían en peligro los programas que el CONEVAL viene llevando a cabo desde su creación hace aproximadamente 15 años.

Por su parte, el presidente sostiene que en el CONEVAL se habían acostumbrado al dispendio y, como en varios casos, fueron creadas instituciones con el fin de colocar allegados. Todavía más, López Obrador no encuentra ningún sentido mantener una institución abocada a la medición de la pobreza y diagnosticar los alcances de la política social aplicada por el gobierno, cuando esas funciones bien podría realizarlas el INEGI.

Como suele ocurrir en diferencias de esta naturaleza, las posiciones son el resultado de visiones parciales de la realidad e incluso la defensa de intereses particulares.

Es un secreto a voces que en todos los niveles de gobierno existen casos donde impera un uso inadecuado de los recursos públicos; vale decir, más que aplicarlos pensando en el beneficio de la ciudadanía, el presupuesto es utilizado para el derroche. En resumidas cuentas, no es muy difícil encontrar ejemplos en todos los niveles de la administración pública donde no se comentan excesos. Frente a estas circunstancias y, además, en una país donde la mitad de la población se encuentra o padece las consecuencias de sus limitados ingresos, atajar la desmesura me parece un acierto de esta administración. Desde hace ya mucho tiempo, la prensa ha documentado muchos de estos casos que tienen que ver con una práctica muy arraigada en nuestros gobiernos, pensar que los cargos públicos y los recursos derivados de ellos son patrimonio personal y, por lo tanto, están sujetos a la vanidades de los funcionarios en turno.

Por otra parte, es cierto que los sueldos de los funcionarios públicos en sus distintos niveles a menudo resultan desproporcionados e incluso pueden llegar a ser ofensivos frente al cúmulo de carencias existentes en el país. Por ejemplo, el exsecretario ejecutivo del CONEVAL recibió en 2018 un sueldo mensual neto de poco más de 150 mil pesos y un aguinaldo de más de 400 mil pesos. Este año, sus ingresos fueron de 93 mil pesos aproximadamente. Lo cual significa que su salario tuvo una reducción en cerca de 60 mil pesos. La reducción no solamente obedece a una decisión expresa de disminuirle sus ingresos, sino que se eliminaron algunas compensaciones. Sin embargo, todo depende del cristal con que se miren estos ingresos. Para algunos podrían ser excesivos, mientras que para otros podrían ser “modestos” e incluso hasta “normales”.

Vale la pena, entonces, hacer algunas comparaciones que nos permitan tener más elementos de juicio. Suponiendo un salario promedio de 5 mil pesos para el grueso de trabajadores del país, los ingresos mensuales de este funcionario resultan 30 veces más altos. Dicho en otros términos, con el salario del exsecretario ejecutivo del CONEVAL podría alimentarse 30 familias mexicanas.

Visto en otros términos y de acuerdo con el propio CONEVAL, la canasta básica promedio en el país ronda los 6 mil pesos mensuales. Esto significa que con los ingresos de este exfuncionario pueden mantenerse 25 familias. De esto, por supuesto, no es en lo personal enteramente responsable el ex-secretario ejecutivo del CONEVAL. Es solamente una muestra de las disparidades existentes en el país. En todo caso, la situación resulta ilustrativa de la manera en que opera todo un sistema dentro de la administración pública nacional y la cosa puede resultar todavía más escandalosa si se realizara una investigación más exhaustiva en todas las instituciones públicas del país. De manera tal que combatir los excesos no solamente resulta una labor encomiable, sino imprescindible para atenuar las abyectas disparidades existentes en el país.

Gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia, uno puede hacer incluso un análisis de los ingresos en esta y otras instituciones del gobierno federal, es decir, develar cómo se reparte el presupuesto público en salarios en el conjunto de trabajadores, funcionarios y empleados en general que laboran para el gobierno. En el caso del CONEVAL, por ejemplo, todavía hasta 2018 existían una serie de directores adjuntos (alrededor de 10) que obtenían salarios de más de 100 mil pesos mensuales. Después, hay otro segmento cuyos ingresos oscilan entre los 60 y 70 mil pesos; otros más entre 30 y 40 y, finalmente, en el último peldaño están los que tienen salarios de alrededor de 15 mil pesos o menos. En este sentido, se puede sostener al menos la hipótesis de que el CONEVAL internamente expresa en estos términos las disparidades existentes en el país.

Sin embargo, más allá de esto, las funciones del CONEVAL podrían no ser del todo prescindibles. Evaluar el desempeño y los impactos de las políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza a fin de señalar inconsistencias o errores es su aplicación no me parece del todo descabellado o inútil. Me parece que una instancia técnica para evaluar no sólo estadísticamente sino, además, en campo la forma en que operan las instituciones encargadas de aplicar los programas, me parece imprescindible para corregir lo que se hace mal o no alcanza a cubrir las metas.

Tiene razón el ex-secretario ejecutivo cuando dice que es incorrecto que la secretaria del Bienestar le pida las listas de beneficiarios porque, en efecto, la labor del CONEVAL no es esa. El Consejo no necesita llevar listas de beneficiarios por la simple razón que no es la instancia que tiene por fin aplicar los programas sociales, sino que su propósito último consiste en evaluar y diagnosticar lo que se está haciendo para paliar el flagelo de la pobreza. Pero, al mismo tiempo, el ex-funcionario no encara frontalmente la crítica por lo excesos que la presidencia de la república señala.

Frente a lo que ya se ha hecho público, resulta un tanto irónico o hasta insultante que la institución encargada de medir la pobreza sea exhibida como modelo de los desequilibrios existentes en el país. No hay que rasgarse las vestiduras para asumir autocríticamente la existencia de dichos excesos y actuar en consecuencia, pero no debemos cometer la insensatez de eliminar de tajo todas aquellas instituciones creadas durante el periodo neoliberal. Esto equivale a tirar el agua sucia con todo y niño. En estas circunstancias no está de más ciertas dosis de cordura. Veremos.