La controversial Ley Amnistía en Nicaragua

Título: Gráfica política, Managua, Nicaragua.
Foto Jesús Gómez

Por Jesús Gómez[i]

Estamos entrando en una segunda fase, ya están siendo liberados los presos políticos, pero después de eso, ¿qué sigue?, ¿qué vamos a hacer?, seguimos trabajando en función de terminar de organizarnos, de unir a todos los frentes y los sectores sociales para trabajar en un mismo plan para sacar a Ortega y el imperio que ha construido en su beneficio, seguimos trabajando para nuestra seguridad. No tenemos miedo de volver presos. A nivel jurídico me voy a defender con la amnistía, pero no nos pueden pedir que olvidemos, tenemos más de 500 muertos, desaparecidos, madres que siguen en luto, gente en el exilio, tenemos pruebas de todo, ¿cómo vas a querer que hagamos borrón y cuenta nueva? (Victoria Obando, 11 de junio de 2019).

Victoria es una joven mujer trans, era estudiante de Gestión de la Información de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), ha sido activista por los derechos de la comunidad LGBTTTI y formaba parte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ). Después de 9 meses de estar encarcelada en La Modelo, acusada de terrorismo, homicidio, secuestro, robo con intimidación, y amenaza de muerte, Victoria fue liberada. En todo este tiempo ha dado a conocer en diferentes medios la represión y las torturas a las que ha sido sometida, y en días pasados, como muchos activistas liberados, confiesa estar lista para seguir con sus luchas.

Desde febrero de este año, el gobierno de Daniel Ortega ha liberado gradualmente a casi todos las personas que fueron detenidas en el marco de la jornada de protestas abierta en abril de 2018 que, según la Lista Preliminar de Presas y Presos Políticos, fechada el 19 de marzo de 2019, ascendía a más de 800 personas.[ii]La liberación de estos presos ha sido producto de la segunda jornada de diálogos entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de donde surgieron dos acuerdos: la liberación de cientos de presos políticos y el compromiso de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estos acuerdos se han dado en un marco de profunda desconfianza entre las partes, en el contexto de una economía que ha venido colapsando, y ante el deseo del Gobierno de eludir y suspender las sanciones internacionales. En este escenario, la liberación de presos parece ser una muestra de la necesidad del gobierno de Daniel Ortega para abrir paso a una posible solución política al conflicto. Sin embargo, estas las liberaciones no se han caracterizado, según  analistas y grupos opositores, por ofrecer la plena libertad a las personas excarceladas, prevaleciendo la falta de transparencia y la certeza legal para estas.[iii]

El pasado 8 de junio, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Amnistía, que absuelve a todas las personas involucradas en crímenes en relación con los acontecimientos del 2018. La promulgación de esta ley permitió que el pasado 11 de junio se liberara a más de 50 personas, entre los que se encuentran algunos de las principales figuras de las protestas, lo que ha sido motivo de celebraciones en diferentes partes de Nicaragua.

Como Victoria Obando, otros activistas recién liberados han expresado a través de diferentes medios que están con toda la disposición de continuar movilizados y articulados para buscar transformar la realidad sociopolítica de su país, y tienen claro que estas excarcelaciones no son suficientes para volver a la estabilidad económica y el clima de paz. Por el contrario, saben que será un proceso complicado y que se abren numerosos desafíos para los diferentes actores involucrados.

Con respecto a la Ley de Amnistía de Presos Políticos existen diferentes preocupaciones y críticas. En primer lugar, se cuestiona la cláusula de la “no reincidencia” que vulnera los derechos de expresión de los activistas quienes se reivindican como presos políticos, y no se reconocen como culpables de ningún delito «contra la seguridad común y tranquilidad pública”, “responsables de golpe de estado fallido” como el gobierno los define; por otro lado, resulta preocupante la impunidad que permitiría esta Ley para personas potencialmente responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas.

De tal suerte, el gobierno de Ortega ha enviado un mensaje de buena voluntad hacia los críticos nacionales y extranjeros con la liberación de la mayoría de personas detenidas, pero hemos pasado ya el 18 de junio, fecha en que cumplieron los 90 días de plazo para la liberación de todos los detenidos en el marco de las protestas, sin que todavía se hayan liberado a todos estos. Según la oposición permanecen 86 personas detenidas, por lo cual el gobierno no ha cumplido con los números, y  tampoco con los procedimientos.

Asimismo, siguen sin cumplirse los acuerdos referentes al tema de los derechos ciudadanos. Estos últimos son fundamentales, en tanto que contemplan: el debido proceso legal, los derechos políticos y económicos, la seguridad, autonomía universitaria, la libertad de expresión y el derecho a retornar de los nicaragüenses exiliados, así como un llamado a las fuerzas de seguridad para la desarticulación de los grupos armados ilegales y el cumplimiento con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.[iv]

En suma, el gobierno de Ortega, parece ceder a regañadientes ante las presiones internas y externas, pero lo hace al filo de la navaja, evitando ser objeto de nuevas sanciones de países extranjeros y organismos internacionales, específicamente la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En consecuencia, el contexto que se vive hoy en Nicaragua continúa siendo altamente inestable.

En días pasados, portavoces de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijeron que esperan que el gobierno cambie de opinión y que se liberen a las personas que continúan detenidas. Por su parte el Gobierno, mediante un comunicado, señala que ya se realizó plenamente la liberación de los nombres en las listas consensuadas entre la Alianza Cívica, el gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Será necesario ver qué sucede en los próximos días, pues lo que está en juego es la posibilidad de dar continuidad a una tercera ronda de negociaciones donde falta discutir temas de gran trascendencia para la situación social y  política de Nicaragua. Entre estos: la demanda de justicia para los crímenes realizados en 2018 y las reformas electorales, algo que también resultará complejo, considerando las diferencias internas entre el gobierno, la oposición y el papel de los actores internacionales.

[i]Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA)

[ii]“Lista Preliminar de Presas y Presos Políticos, Comité Pro-liberación de Presos Políticos”, 19 de marzo de 2019.

[iii]“Informe Preliminar sobre  excarceladas y excarcelados políticos”, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + (2019). Volviendo a ser humano, 3 de mayo de 2019.

[iv]“Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, 30 de marzo de 2019.