Diálogo de sordos

Dentro de los múltiples frentes abiertos que las medidas del gobierno federal ha aplicado con el propósito de eliminar el dispendio en el sector público, recientemente se ha abierto una tímida discusión acerca de los viajes en el ámbito académico nacional. La propuesta presidencial ha sido en verdad radical, en la medida en que se informa que todos los viajes al extranjero deberán ser solicitados y, en su caso, aprobados por la presidencia. Más aún, algunas IES han comenzado a protestar por los recortes como medidas de austeridad que el gobierno central ha impulsado. Considero que ambas partes carecen de la sensibilidad y la autocrítica necesaria para resolver un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años en la educación superior del país.

Las decisiones que ha tomado al respecto el gobierno de la república no solamente resultan impracticables y burocráticas, sino que constituye un despropósito que esto limite la movilidad de académicos y científicos, por el consabido turismo académico que reina en los sacros recintos universitarios y de centros de investigación del país. Dicho en otras palabras, pagarán justos por pecadores por los excesos que en estos espacios se presentan.

Es cierto, como algunos han mencionado, que las universidades y los centros de investigación nacionales padecen limitaciones económicas desde hace muchos años y eso dificulta el que se lleven a cabo apropiadamente las actividades sustantivas que en ellos se realizan. Organismos internacionales estiman que los gobiernos deben al menos invertir el 2% de su producto interno bruto a fin de satisfacer adecuadamente las demandas educativas de la población. En México estamos aún lejos de esa cifra.

Obra de Manuel Velázquez

Si bien las circunstancias en que se lleva a cabo el trabajo académico son diferentes en el plano nacional, no se puede dejar de reconocer que todos experimentan distintos grados de precariedad en cuanto a las condiciones en que se vienen desempeñando los profesores e investigadores del país. Sin embargo, frente a un país en donde la mitad de su población se encuentra en la pobreza, no deja de ser este un sector aparentemente privilegiado por los recursos públicos que se invierten para llevar a cabo sus actividades y mantener sus ingresos.

Con todo, no se puede negar que las actividades que se desarrollan en las instituciones de educación superior son muy importantes para el país, como lo demuestra la experiencia internacional. Los países que invierten en la educación son aquellos que no solamente logran superar algunos rezagos sociales sino que, además, están mejor preparados para competir en un mundo plagado de tiburones. En este sentido, las experiencias de los tigres del sureste asiático ofrecen un modelo exitoso, sin que estos signifique que todos sus problemas se hayan resuelto por arte de magia, pero los coloca en una clara posición ventajosa frente a México, por ejemplo. Corea del Sur, por poner un caso, hace más o menos 30 años era un país más atrasado que el nuestro y hoy en día es una potencia pujante. En buena medida eso se debe (no únicamente, desde luego) a la inversión en su capital humano.

Es importante mencionar que las instituciones de educación superior no son islas y a pesar de que son de los pocos espacios con alguna credibilidad sustentada por principios universales como la solidaridad, los derechos humanos, la equidad; entre otros, ellas también se han dejado usar por los malos gobiernos que hemos padecido en los últimos años. Es el poder corruptor del dinero lo que mantiene postradas a las universidades y centros de investigación del país, vulnerables y dependientes de los recursos públicos que mal administran y que en no pocos casos da lugar a excesos intolerables. Muchas de estas instituciones educativas se encuentran prácticamente en quiebra y ello no es solamente producto del manejo político con que se pretende mantener subordinadas a estas. En su régimen interno, aunque parezca paradójico, hay severas limitaciones presupuestales, pero para aquellos que se dedican a la investigación y/o la docencia. Para alta burocracia universitaria y de los centros de investigación no parece haber límites en el uso de los recursos públicos. En consecuencia, un llamado a la prudencia y una invitación a evitar los excesos no solamente resulta correcta sino que, en estos tiempos, prácticamente es un imperativo moral frente a las limitaciones y carencias que en todos los ámbitos de la vida nacional existen.

Pero las críticas al gobierno por las medidas tomadas casi se puede afirmar que se han quedado en la Ciudad de México y es lógico que así suceda. Para nuestra desgracia, los principales centros de investigación y educativos del país se encuentran ubicados precisamente en aquella zona. No obstante, cabe reconocer que al menos desde los años 80 del siglo pasado, se ha intentado promover la descentralización y apoyar a las regiones del país, pero los esfuerzos aunque plausibles no han sido suficientes frente a las necesidades educativas de los jóvenes que año con año demandan coronar su derecho a la educación solicitando su ingreso a las universidades públicas existentes en el país. Con las debidas reservas del caso, las universidades del país no alcanzan siquiera a satisfacer el 50% de la demanda; de modo que una buena cantidad de jóvenes se quedan si educación o sus familias realizan grandes esfuerzos para que puedan estudiar en las muy variadas expresiones de formación que se ofrecen desde la iniciativa privada.

Por si esto fuera poco, varias universidades del país participaron de lo que se ha conocido como la Estafa Maestra, un esquema astutamente orquestado a fin de desviar recursos públicos en donde aquellas obtuvieron beneficios por proyectos nunca realizados.

Afortunadamente, la directora del CONACYT ha enviado un comunicado en estos días en donde asegura que los nuevos criterios para aprobar los viajes al extranjero solamente serán aplicables a la burocracia del sector. Esto, sin duda, calmará los nervios de algunos académicos y científicos que se pronunciaron abiertamente en contra de las decisiones tomadas por el gobierno de la república. Si bien es importante imponer un límite al turismo académico, el mayor problema tiene que ver con las inequidades que al interior mismos de estas instituciones reina. Por lo tanto, resulta imprescindible darle paso a la autocrítica en estos ámbitos y aplicar las medidas correctivas que haya menester para poner un alto al dispendio y los excesos que también en estos lugares ocurre.

De manera que limitar los viajes al extranjero de científicos y académicos es una soberana tontería, aunque el llamado a la moderación es correcta por donde se le quiera ver. En nada ayuda a los académicos y científicos del país rasgarse las vestiduras si antes no son capaces limitar los abusos, al mismo tiempo en que se aplican los correctivos necesarios en beneficio de las actividades sustantivas a los que se supone están abocados.