Honestidad, voluntad y eficacia

Si hay algo que puede caracterizar a este gobierno en tan solo unas letras, se podría pensar que los términos clave serían la honestidad y la voluntad. Reiteradamente, el presidente esgrime ante los medios y en sus conferencias mañaneras que sobre todo la honradez es y será el principio fundamental que guiará su administración. Un principio loable en un mundo tan descompuesto como el de la administración pública en México. Pero de buenas intensiones está plagado el camino hacia el infierno, reza el dicho popular.

El presidente López Obrador cree fervorosamente que en su gobierno un principio fundamental para asegurar un buen desempeño, resulta de la conducción honesta de sus funcionarios. En un país donde la corrupción ha llegado a límites intolerables, la propuesta presidencial no solamente suena lógica sino que, además, despierta las más amplias simpatías.

En el periodo neoliberal mexicano, por ejemplo, la clase gobernante terminó por descomponerse brutalmente. Sin escrúpulo alguno funcionarios y servidores públicos diversos en los distintos niveles de gobierno, hicieron del cohecho y el desvío descarado de recursos públicos práctica común alimentada por la complicidad o la indolencia, así como por la creciente impunidad con que se manejaban los miembros del gobierno. Si el presidente Peña Nieto hundió su gobierno frente al escándalo que significaron el tema de la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro; ya teníamos antecedentes del deterioro de la vida pública en los ámbitos subnacionales con gobernadores como Fidel Herrera, Andrés Granier, Humberto Moreira; entre una gran pléyade de políticos que no sólo endeudaron a sus estados y municipios, sino que hicieron gala del más abyecto uso patrimonial de los recursos públicos.

Frente a este escenario, nadie que esté en sus cabales puede estar en contra de la cruzada que ha emprendido este gobierno en contra de las prácticas del soborno y el patrimonialismo que caracteriza a la administración pública en México.

Josefa González, exsecretaria de Semarnat.

Quizás sea por este principio de honestidad que la Secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortíz-Mena, debió presentar su renuncia al cargo que ostentaba. El hecho de retrasar un vuelo comercial sin duda es un despropósito al que están acostumbrados los funcionarios del gobierno, cosa que contrasta con la actitud del presidente cuando ha tenido que esperar los frecuentes retrasos en los vuelos. Sin embargo, creo que el mal manejo de la crisis ambiental de la Ciudad de México, así como el brutal impacto ecológico originado por la falta de personal en la atención de los incendios forestales, fueron los elementos en los que la secretaria dejó mucho que desear.

Por su parte, la renuncia de Germán Martínez aunque puede leerse bajo estas claves, más bien se trata de un tema de poder donde el ahora ex director del IMSS jugó a las vencidas con Hacienda y perdió. En otras palabras, Martínez se opuso a la intervención de Hacienda, en particular, de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, que pretendía definir los montos de inversión, los lugares en que estos serían aplicados y, sobre todo, los beneficiarios. Por eso denunció que este tipo de intervenciones podrían dar lugar a relaciones clientelares.

Tampoco se puede regatearse mérito alguno al presidente cuando hace manifiesta su voluntad de hacer o proceder como gobernante de manera distinta. La disposición presidencial de modificar la forma de gobernar ha quedado de manifiesto desde los largos seis meses de la transición entre la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto, y la actual. Dijo que se revisaría la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y no solamente ocurrió eso sino que, además, se realizó una consulta simplemente para convalidar las decisiones ya tomadas, al tiempo en que se suspendía la obra y se proponían alternativas para atender la saturación de la terminal aérea actual.

En el frente externo figuran tres elementos clave, donde la voluntad presidencial prefiere llevar la fiesta en paz. Primero, por decisión del gobierno federal no existe la más mínima preocupación de emprender una labor de promoción de su gestión y del país en el concierto global. El presidente lo ha dicho, “se siente bien representado por Marcelo Ebrard”; de modo que descargará en su secretario de relaciones exteriores las principales funciones de vinculación con el resto de naciones del mundo. Por otra parte, en el conflicto venezolano, para algunos ha sido excesivamente prudente e incluso ha ofrecido una suerte de respaldo indirecto sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro, a través de la reiteración de la doctrina de no intromisión en los conflictos de otros países apelando a la intermediación y a la búsqueda de la paz por la vía de la negociación. En tercer lugar, dado que las negociaciones del ahora T-MEC ocurrió entre la salida de la anterior administración y la entrada de la presente, no puede dejar de reconocerse que entre los negociadores mexicanos existió la suficiente prudencia como para alcanzar el mejor acuerdo en un contexto sumamente complicado para el país. En este sentido, la renegociación fue buena y es posible que se ratifique en las próximas semanas.

Nos guste o no, en todos estos ámbitos ha existido una actitud perseverante del presidente y, hasta ahora, su empeño ha sido inquebrantable en hacer creer y actuar en consecuencia de lo que pretende cambiar. No hay duda sobre la voluntad de cambio presidencial (dijo, quiero ser un buen presidente), pero la forma de imponer el cambio ha sido por momentos un tanto tosca.

El presidente cree (y en múltiples ocasiones lo ha reiterado) que en México el principal problema es la corrupción y uno de nuestros principales males es que hemos padecido y soportado malos gobiernos. Aceptando que, en efecto, estos son nuestros achaques fundamentales como país, no es en modo alguno transparente que la corrupción pueda terminarse por decreto, ni por voluntad presidencial. El presidente, cada vez que puede, reitera que ésta ya se acabó y es loable que lo recuerde insistentemente, pero de tanto recalcarlo no puede erradicarse un problema que lleva enquistado muchos años. Hasta ahora, el ex-funcionario de más alto nivel que ha sido sancionado es Emilio Lozoya, pero este gobierno no busca la justicia sino actos ejemplares disuasivos para los propios funcionarios públicos, así como un mensaje para la propia ciudadanía; de modo que la justicia se usará como antaño coronando con éxito el principio juarista de que para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas. El gobierno actual no pretende enfrascarse en juicios interminables que solamente desgasten y se obtengan victorias pírricas frente a los grandes problemas que enfrenta. Pretende sobre todo controlar los excesos y esto no es una cosa menor, pero resulta difícil pensar que semejante actitud opere en cascada en el resto de los poderes de la nación.

La otra forma de aplicar medidas que permitan administrar las fugas de dinero público es el resultado de mostrar los despropósitos con que se extraen beneficios a costa de ofrecer  diverso tipo de servicios y bienes al gobierno. En este sentido, el gobierno de la república juega, también, con el escarnio público exhibiendo casos que podrían no ser actos ilícitos, pero que pueden configurar una conducta desmedida frente a los beneficios que se pretenden obtener del presupuesto público. Esto ha sido particularmente revelador en el tema de la relación con columnistas y medios de comunicación.

El cierre del presupuesto o el férreo control que se ejerce desde la Secretaría de Hacienda cierra la pinza de la estrategia gubernamental a fin de mantener una estricta disciplina sobre el uso y destino del presupuesto. Cortar de tajo el flujo de los dineros que el gobierno ejerce para atender necesidades sociales, no solamente ha provocado malestares diversos entre proveedores de servicios sino que, además, se acumulan retrasos en distintas áreas. Si bien en algunas de ellas puede soportarse algún tipo de dilación, existen otras en que resulta temeraria la actitud del gobierno, por ejemplo, en los servicios de salud donde se están poniendo en riesgo a las personas que presentan algún tipo de padecimiento, cuando existe escasez de medicinas para atenderse.

En el caso particular de los servicios de salud que últimamente han padecido la falta de medicamentos, el problema no parece estar precisamente en la escasez sino en los sobreprecios y los beneficios extraordinarios que obtienen las grandes farmacéuticas que surten de ellos al gobierno. De nuevo, aunque podamos estar de acuerdo en las medidas emprendidas por la federación con el fin de evitar esta sangría de recursos de manera indebida, resulta al menos dudoso que el método empleado nos conduzca hacia los beneficios esperados. Peor aún si tomamos en cuenta que en el área de la salud lo que se está poniendo en peligro es precisamente la vida de las personas.

Queda aún por verse hasta donde estas medidas asumidas por el nuevo gobierno resultan eficaces para lo que se espera alcanzar. El hartazgo ciudadano por las muestras inequívocas de la descomposición de la clase política que llevó a Morena al gobierno, hacen ver como correctas las decisiones que se han tomado respecto al combate a la corrupción en todos sus frentes. Sin embargo, esto provoca “daños colaterales” que termina pagando la ciudadanía por la ineficiente atención en áreas prioritarias. Hasta ahora, si bien han podido capotear el temporal de críticas, nada nos asegura que las cosas cambien en el corto tiempo y habrá algunos segmentos de la población que terminarán por desesperarse. Los retos son enormes, las necesidades no esperan, el tiempo es corto y  muchos los intereses sociales que se deben encausar. ¿Habrá el tino y la sensibilidad en el gobierno para percibir esto y actuar en consecuencia?