Desafíos locales en la 4T (2de 2)

En la entrega anterior mencionábamos la necesidad de fortalecer a los gobiernos locales, de tal manera que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Si bien no se trata únicamente de dinero, contar con el financiamiento suficiente para atender las necesidades sociales es, sin duda, un buen inicio para revertir la tendencia de la desigualdad y la pobreza reinante en los espacios locales del país. Al menos desde el año 2000, los ayuntamientos han sido beneficiarios de cada vez más recursos por la vía de las participaciones federales y otras fuentes de financiamientos que se ofrecen desde el gobierno central, pero esto no ha sido suficiente para revertir los grandes rezagos sociales existentes en ese espacio de la vida nacional. Peor aún, conforme se acumulan recursos en los ayuntamientos, éstos se convierten en objeto de disputa entre los actores políticos a fin de apropiarse de los fondos que se les asignan, haciendo cada vez más evidente un uso patrimonial de ellos y, con frecuencia, abriendo las puertas a la corrupción.

Desde luego, deben mejorarse otros aspectos de las administración pública municipal, por ejemplo, racionalizar sus procedimientos, contar con un servicio civil de carrera que garantice el ingreso por competencias, de manera tal que se cuente con una burocracia adecuada y eficiente en sus funciones. También, deben mejorarse las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y, sobre todo, favorecer la colaboración entre municipios. Al mismo tiempo, deben perfeccionarse los mecanismos para una rendición de cuentas efectiva y favorecer la transparencia en el manejo de los recursos y bienes públicos. De igual forma, debe revertirse la tendencia a incrementar la burocracia y, por lo tanto, revertir el impacto que esto tiene en los presupuestos municipales puesto que deja muy poco margen al gasto de inversión; entre muchos otros elementos que deben mejorarse en la acción pública en el plano local. Sin embargo, fortalecer los ingresos de los ayuntamientos y racionalizar su gasto puede contribuir a paliar algunos de los aspectos más graves de la convivencia social generando oportunidades de desarrollo.

¿Cuáles pueden ser, entonces, esas fuentes de financiamiento para los municipios del país? A mi modo de ver, existen sobre todo tres formas a través de las cuales los ayuntamientos podrían fortalecer sus finanzas.

Una de ellas es el endeudamiento, pero como ya lo vimos en el caso de Guadalajara, los gobiernos municipales ya no tienen mucho margen para soportar la carga financiera que implican más empréstitos. Muchos ayuntamientos en el país han comprometido sus ingresos y ni siquiera invirtiendo todo lo que reciben pueden solventar sus deudas.

Por otra parte, otra de las vías para mejorar los ingresos de los ayuntamientos es incrementar los precios de los servicios que se ofrecen. Básicamente se trata de la recolección y disposición de residuos sólidos, y el agua potable. Esto, de hecho, ya lo estamos pagando a través del encarecimiento de estos servicios y la privatización de los mismos. Sin embargo, frente a los retos que las administraciones locales tienen enfrente, los recursos que de estas medidas pueden obtenerse resultan limitados.

Una tercera fuente deriva de una mayor eficiencia en el cobro de impuestos e incluso en la innovación sobre este tema imponiendo gravámenes en materia ambiental, por ejemplo. Como se sabe, existe un desequilibro entre los distintos niveles de gobierno en que se otorgan mayores facultades a la federación en materia de impuestos; de tal manera que se encuentran muy concentrados en el gobierno central. En el tema fiscal, no hemos llegado a un punto -digamos- óptimo en que exista mayor equidad entre la federación, los estados y los municipios. Como ya se ha señalado muchas veces, esto ha derivado en una perversa relación en la administración pública en todos sus niveles. Los gobiernos subnacionales prácticamente no cobran impuestos, ni toman iniciativas al respecto porque todo se concentra en la federación, de manera tal que se conforman en obtener recursos por esa única vía. Además, no resulta muy sexi andar cobrando impuestos a la gente, sobre todo mientras existe una alta dosis de opacidad e incluso una ostensible corrupción frente al manejo de los recursos estatales. De ahí se derivan dos conclusiones o medidas derivadas de la común racionalidad de la ciudadanía: si el gobierno no hace evidente un manejo escrupuloso de los recursos públicos ¿por qué razón debería contribuir con él? De ahí, la evidente determinación que se concreta en la práctica del no pago.

La segunda conclusión es más terrible que la primera y se expresa de la siguiente forma: hay que sacar provecho personal en cualquier tipo de relación con la autoridad o nuestros conciudadanos porque, al final, todos terminamos haciendo lo mismo. Para decirlo de manera coloquial: “hay que chingar porque atrás vienen chingando”.

Pese a esta situación tan adversa, los ayuntamientos tienen la gran oportunidad de abrir el abanico de posibilidades en materia impositiva (por ejemplo, en materia ambiental, como ya lo señalábamos antes). Uno de esos impuestos que tiene potencial y que puede significar una bolsa importante de recursos a los municipios es el cobro del impuesto a la propiedad. Lo que ocurre en todo el país (con sus matices, desde luego) es que no solamente existe una suerte de rezago en la tarifa que el ciudadano y personas morales pagan al respecto, sino que, principalmente, no está actualizado el catastro, la cartografía que ayudaría a actualizar el valor del suelo y, sobre todo, los montos que se cobran que, como todos sabemos, se encuentran rezagados con relación a los precios de mercado.

Aquí, observo dos tipos de problemas:

El más obvio es que resulta políticamente incorrecto invitar a la ciudadanía a pagar sus impuestos responsablemente; de tal forma que el gobierno pueda cumplir sus compromisos. Con otras palabras, ningún alcalde quiere pagar políticamente el precio de cobrar impuestos y, peor aún, incrementarlos porque esto provoca resistencias entre la ciudadanía.

El otro problema me parece que es de carácter -vamos a decir- técnico.  En este sentido, sospecho que no todos los ayuntamientos tienen ni el personal suficiente, ni está capacitado para actualizar la base catastral y modificar el régimen tarifario existente.

Y, sin embargo, se calcula que, mediante la actualización de este impuesto, los ayuntamientos, en promedio, podrían recibir hasta 700 millones de pesos anuales adicionales.

Hay que añadir, además, que independientemente de los problemas antes señalados, los ayuntamientos conservan retos importantes en torno a sus vínculos tanto con sus pares municipales, como con los gobiernos estatales y el federal. En este sentido, cabe mencionar que las relaciones no sólo son asimétricas, sino que no existe prácticamente colaboración entre los gobiernos municipales y sus relaciones con la federación a menudo resultan más de subordinación que de un poder legal y legítimamente constituido. Peor aún, como en casi todos los años, a partir de septiembre, es un peregrinar de alcaldes por la Cámara de Diputados federal a fin de ser beneficiados con presupuesto. De ahí la cultura del “moche” con los diputados, puesto que si pretenden ser beneficiarios con recursos para sus municipios, deben pagar una renta al diputado que interceda por ellos. En este sentido, la relación que priva sobre todo con los poderes de la unión están mediadas por una suerte de rentismo en el que cada actor obtiene un beneficio.

El tema de la violencia igualmente constituye uno de los desafíos importantes que mantienen en tensión a los gobiernos municipales en el país. Aunque en todo el territorio nacional existen distintos grados de violencia criminal derivado de los muy diversos tipos de delitos, hay municipios en que se ha recrudecido la violencia y, en otros, se mantienen tasas moderadas. Las excepciones a estas tendencias son los municipios de Yucatán y Quintana Roo, salvo que en este último caso los municipios de Benito Juárez y Solidaridad presentan altas tasas de homicidios.

Aunque las estadísticas son poco confiables, de acuerdo con los datos del INEGI hay poco menos de 60 municipios en el país que presentan altos índices de violencia criminal, al contar con tasas de homicidios muy elevadas que rebasan los 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes, aunque algunos superan incluso la tasa de los 100 homicidios. Estos municipios incluso están por encima de la media nacional que oscila entre los 25 y 30 homicidios por 100 mil habitantes. Casos emblemáticos de esta tendencia son los municipios de Acapulco, en Guerrero; Tijuana, en Baja California; León, en Guanajuato; Colima, Manzanillo y Tecoman, en Colima.

Ahora bien, en el régimen de la 4T, después del desorden y la anarquía con la que se manejaron los gobiernos subnacionales desde la administración de Fox hasta Peña Nieto, se nos propone un regreso al pasado a través de los superdelegados. Los superdelegados es la fórmula en la 4T para mantener bajo control a los gobernadores que se despacharon con la cuchara grande durante los tres últimos sexenios. No obstante, es posible que se tenga un mayor control sobre el gasto y redireccionar los apoyos que a través del gobierno federal se otorgan a los estados del país, pero esto no significa que los propios superdelegados puedan hacer un uso clientelar de los recursos que ahora pasarán por su manos. Cabe recordar que, aunque esto ya provocó algunos desacuerdos, la mayoría de los alcaldes y gobernadores han preferido no confrontar de manera directa las medidas tomadas por la federación en esta materia. Con todo, esto no resuelve el problema de fondo que implica hacer más eficiente y transparente la administración pública. Más aún, queda relegada la posibilidad de generar nuevas instituciones y prácticas que permitan contar con una administración eficaz para combatir los rezagos sociales existentes. Aceptando que, en verdad, existía un serio problema por la falta de controles hacia los gobiernos subnacionales, está aún por verdad que la medida porfiriana de los superdelegados pueda realmente ser más eficiente e institucionalizar apoyos a los que la ciudadanía tiene derecho. Para nuestra mala fortuna, creo que la medida terminará revitalizando los viejos mecanismos de intermediación política materializados en un régimen autoritario y clientelar, y no en la reivindicación de una ciudadanía que por derecho propio exige a sus autoridades lo normativamente le corresponde.

No obstante ello, la moneda está en el aire no tanto por las medidas que en este y otros temas el régimen de la 4T intenta llevar a cabo, sino por los propios cambios que la sociedad mexicana ha experimentado en los últimos años. Con todos sus problemas, tenemos una ciudadanía que ya no se reduce a los viejos moldes y, pese a su debilidad coyuntural, puede reaccionar activamente si detecta oportunidades para cambiar.