Cataluña juzgada a través de sus políticos independentistas (2): construir una acusación

Como mencioné en el anterior artículo signado como parte (1), no retomaré los históricos agravios existentes entre Cataluña y lo que hoy es el Estado español, sin embargo hay que recordar que la historia siempre desea poner a todo el mundo en su lugar si su objetivo es la búsqueda de la veracidad a través de los datos. Ello mismo es deseable que ocurra con los acontecimientos narrados en este breve texto, aunque las personas afectadas por la prisión y posibles sentencias condenatorias tengan poco consuelo en tal esperanza. Esto mismo no resta, por supuesto, que puedan en su momento reconocerse errores políticos por parte de los dirigentes catalanes juzgados, pero un error no debe ser motivo de prisión, y menos de condena, si el debate versa sobre las ideas. Muchos podrán decir que no son ideas, sino incumplimientos de ley, pero intentaré mostrar lo paradójico que resulta ello en el caso hispano.

Lo que está ocurriendo hoy en día en el juicio a políticos y activistas sociales catalanes demuestra que están siendo juzgados con acusaciones construidas por aquellos que, llamándose defensores del orden, son parte interesada en el proceso. Juicio que visible en directo por la televisión también cuenta con la falsaria intervención de los medios de comunicación privados al servicio de los grandes capitales hispanos, siempre nostálgicos de la dictadura franquista. El resultado de ello es la repetición hasta la saciedad de un relato que las imágenes de los hechos juzgados y los relatos de quienes no están comprometidos con la causa judicial desmontan a simple vista.

Un juicio farsa, como se encargan de recordar políticos y activistas sociales de todo el mundo pero que en el Estado español tiene como única dirección la salvaguarda de la unidad de España, por encima de la opinión de los ciudadanos catalanes expresada a través del ejercicio democrático del voto, como ha quedado claro y seguirá ocurriendo si no cambian mucho las cosas.

De reve.es

El contexto que conduce al juicio político que hoy está transcurriendo es sencillo, aunque no pueda extenderme en detalles. Los catalanes votaron un parlamento autonómico donde la mayoría de sus diputados representaban opciones independentistas, es decir, decididos a romper con España pero con la idea de lograrse a través del ejercicio democrático de un referéndum, como los celebrados en Escocia y Quebec. El compromiso con sus electores y la presión de los mismos condujo a intentar negociaciones con el gobierno español para que se produjera tal referéndum. La negativa constante de dicho gobierno, amparado en una Constitución que más parece libro sagrado que el marco legal que se acomoda según el cambio de los tiempos sociales, llevó al desarrollo de una consulta popular declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español. Ante tal coyuntura la sociedad civil asumió el papel de cabeza de la votación, como había ocurrido con anterioridad a la hora de reivindicar el derecho legítimo a la autodeterminación a través de múltiples y masivas manifestaciones pacíficas. Ejemplo de ello es que los cuerpos de seguridad del Estado no lograron encontrar previamente al día de la votación urnas, papeletas, y todo aquello necesario para su desarrollo. Una situación que hizo quedar mal a los servicios de inteligencia policiales y que agravió aún más al españolismo de rancia estirpe que defienden, como queda demostrado constantemente en sus organizaciones convertidas en estandarte de la extrema derecha más recalcitrante de Europa.

El día 1 de octubre de 2017 se llevó a cabo el referéndum con la defensa de los colegios electorales por parte de la sociedad civil. Algunos colegios fueron atacados por los policías españoles trasladados de otras regiones del país a Cataluña. Muchos de esos contingentes policiales despedidos de sus tierras al grito de “a por ellos”. Un cántico muy relacionado con la violenta actuación contra personas indefensas que custodiaban sus colegios electoras y su deseo de votar con las prácticas de la conocida como protesta o resistencia pasiva.

Tras estos hechos una huelga general en Cataluña y la proclamación simbólica de la República catalana, haciendo caso al mandato de las urnas, causaron que las investigaciones encabezadas por un juez ultraconservador y un oficial de la guardia civil, que con pseudónimo hacía gala de su anticatalanismo y franquismo en twitter, se dirigieran al encarcelamiento de las personas que hoy son juzgadas. Junto a ellas otras marcharon al exilio, como es el caso del legítimo Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y alguno de los miembros del gobierno catalán. Además, más de 30 personas son también acusadas y juzgadas por esos mismos hechos y otros en los que no puedo entrar para no alargarme.

Las estructuras del Estado español se movieron para montar las acusaciones, algo nada extraño si se sigue lo que se conoce como “las cloacas del Estado” y que hoy en día aparecen en algunos medios digitales, los únicos que no se han plegado a los monopolios ultraderechistas de los medios de comunicación que deshumanizan al “otro” y usan las máximas de Goebbels, como la de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, para elaborar un falso relato de lo que aconteció y sucede hoy en día en Cataluña. Tales cloacas refieren al uso de los aparatos policiales españoles para construir falsedades sobre políticos o sobre quienes se consideran un peligro para la situación de privilegio de políticos y empresarios. Un watergatepero mucho más profundo y que se ha demostrado con los privilegios obtenidos por los policías que han participado en ese juego sucio, expresión máxima de las prácticas antidemocráticas de los principales partidos de España, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En definitiva, esas cloacas se han utilizado para escarmentar, puesto que ese es el fin, a los políticos catalanes que tienen una ideología tan respetable y lícita como es la de desear el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. En el Estado español pensar distinto está convirtiéndose en un delito y más si son los catalanes los involucrados. Catalanes convertidos desde hace muchos lustros en los únicos que otorgan identidad, por oposición, a una mayoría de españoles.

También lo ocurrido habla de la imposibilidad de diálogo con los políticos del Estado español, cegados por la unidad de España y sobre todo preocupados por sacar partido del anticatalanismo en las urnas. Quien haya seguido la campaña de las últimas elecciones se habrá percatado de ello observando a la derecha, en sus múltiples versiones, y al PSOE. Lo anticatalán da resultados, como sabrán quienes conozcan mínimamente la historia del Estado español.

Por lo tanto, la cárcel es un escarnio para los ciudadanos que quieren pensarse distintos y fuera del Estado español. Para quienes cuestionan leyes porque éstas existen para poder modificarse y adaptarse a los nuevos tiempos. De lo contrario continuaríamos con situaciones como la esclavitud, la imposibilidad del voto femenino o la segregación racial en Estados Unidos y Sudáfrica. Lo anterior conduce a una cuestión cada vez más evidente, y es la falta de libertades en un Estado de la Comunidad Europea atrincherada en lo económico y anquilosada y derechizada en sus acciones políticas.

Además de lo expuesto, quienes puedan seguir el juicio verán la indefensión que sufren los juzgados con la forma de actuar de los jueces, demostrada con la imposibilidad de exhibir las contradicciones de los testigos ofreciéndose los videos pertinentes cuando se produce el interrogatorio de los abogados defensores. Un ataque al derecho de defensa que no parece ser relevante para una opinión pública puesta al servicio de una única idea: la unidad de España.

De la misma manera, y como dije arriba, la mencionada opinión pública juega un papel fundamental en la tergiversación de todos los hechos. Los medios de Madrid, salvo las excepciones de algunos de carácter digital tan relevantes como “publico.es”, se comportan como lo hicieron en los años previos a la Independencia de Cuba (1898), situación perfectamente demostrable en las hemerotecas y en los estudios históricos. Hoy, como en aquel entonces, las mentiras direccionadas para acabar con los “considerados enemigos”, en vez de ciudadanos con otra forma política de pensar, no solo son permitidas, sino alentadas, sin ningún tipo de rubor ni compromiso profesional con la objetividad por parte de los que se asumen como periodistas y analistas de la realidad. La España inquisitorial, la orgullosa de su estirpe colonial y de vetusto nacional catolicismo, revive para demostrar que nunca ha sido un Estado democrático, salvo durante los pocos años de la II República, puesto que el liberalismo pasó de largo en un país al que solo rozó en sus retrogradas formas de entender la política y sus estructuras estatales, iniciando por el poder judicial.

Los datos ofrecidos, en forma sumamente resumida, no auguran ninguna sentencia justa, en especial porque la violencia aducida, por mucho que se insista en esa teoría desde la acusación “popular” y la fiscalía española, es inexistente, por el contrario se trata del más simple y legítimo derecho a la protesta y la manifestación de la sociedad civil. Cualquier manifestación en Francia, Italia o México resulta en muchos casos más violenta que las que se produjeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, y mucho menos existió en la actitud de resistencia pasiva de los votantes del día 1 de octubre del año mencionado.

A los políticos se les puede acusar de desobediencia, por supuesto, pero ello no significa estar en la cárcel y menos ser juzgados por rebelión. Los gobiernos españoles llevan años desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional que otorgan la razón a los gobiernos catalanes y ningún político español es acusado de desobedecer.

Lo expresado, por supuesto, significa una clara posición en el conflicto y el juicio, pero está fundamentada en la observación de hechos, alguno de ellos en los que participé y estuve presente. Dicho lo anterior, nada parece poder cambiar el rumbo de una sentencia que para muchos ya está dictada y que, en lo personal, también considero que está establecida desde que se construyó la acusación con fiscales, jueces e investigadores policiales caracterizados por su fervor nacionalista español, siempre alejado del liberalismo y cercano al ultramontanismo católico que caracterizó al régimen franquista. Es por ello que dejaré descansar a los lectores sobre este tema hasta que finalice el juicio y, entonces, analizaré las sentencias y las presumibles consecuencias que comporten para Cataluña y para el Estado español.