El dilema del Estado ante el Mocri CMPA EZ
Pedro Ruiz tuvo la mala suerte de embarcarse en la compra de media hectárea en la colonia Santa Inés, en Berriozábal, hace unos diez años.
Amigo mío desde los tiempos cobachenses, fui testigo de su empeño por convertir aquel terreno, lleno de espinas y quebrachos, en un sembradío que bien podía competir por su productividad para la mazorca de oro.
Esforzado como es, Pedro compraba gallinaza para enriquecer aquellas tierras duras y pedregosas. Él mismo, armado de palas y picos, sacaba piedras y con esas piedras empezó a construir una casa pequeña, pero acogedora, de dos cuartos y un corredor.
Después, porque es un hombre que no sabe de la quietud, decidió comprar media docena de gallinas ponedoras. Al paso de los años, tenía un centenar de pollas y de gallos, que le daban lo suficiente para comer y disfrutar de aquel lugar fresco y limpio al que se había enraizado.
Hace unos cinco años vio, con preocupación, la llegada de miembros del Mocri EZ cerca de Santa Inés, y su rápida expansión.
Una tarde lo visitaron para decirle que si quería seguir cultivando sus hortalizas –por cierto, no he visto una planta de cilantro tan grande, de medio metro de alto quizá, como la que me regaló– tenía que pagar una contribución mensual a la organización.
Indefenso, al igual que todos los habitantes de Santa Inés, empezó a pagar una cuota para aquietar el ánimo violento de los nuevos pobladores.
Al poco tiempo, un miembro del Mocri, que se había hecho su amigo, le pidió que abandonara su casa, porque se la “expropiarían” y que a él lo secuestrarían. No dudó de la veracidad de la advertencia, y con lo que pudo sacar, se trasladó a Terán, en donde inició de nueva cuenta con media docena de gallinas. El resto, un centenar que quedaron en Santa Inés, fueron destinadas a alimentar el apetito insaciable del Mocri.
Su vecino Raúl Malpica, quien ignoró las malas noticias, le quitaron la casa, lo secuestraron y lo golpearon. No sé el destino de ese hombre, pero debe de tener secuelas por la tortura padecida.
Como mi amigo, los habitantes de Santa Inés tienen escrituras públicas, pero de poco les ha valido ante un Estado cómplice del Mocri, de sus atropellos y despojos.
El viernes pasado, vimos por fin que el gobierno actuó en contra de este grupo que fue fortalecido por las dos administraciones anteriores, y utilizado como grupo de choque violento para desbaratar movimientos sociales legítimos.
Un exprocurador de justicia, honesto como pocos, me dijo y confío en su palabra, que al rastrear los orígenes del Mocri en Chiapas encontró que Fernando Gutiérrez Barrios, entonces secretario de gobernación, lo había traído de Veracruz, en donde lo había creado, para desestabilizar al gobierno de Patrocinio González Garrido.
Sabido es que estos personajes mantenían un celo particular por ganarse las simpatías del presidente Carlos Salinas de Gortari, y poder controlar la Secretaría de Gobernación, que pasó a manos del hombre de Catazajá, con el final abrupto que usted ya conoce propiciado por el surgimiento del EZLN.
Aquí los hermanos Jiménez Pablo, liberados de la cadena de Gutiérrez Barrios, encabezaron algunas luchas justas, otras turbias y las más de las veces polémicas por los intereses oficiales claros que representaban. Intentaron, incluso, ser aliados del EZLN, pero el subcomandante Marcosles cortó el paso, los desarmó y vilipendió. El Mocri CMPA se escindió en Movimiento Nacional, que responde más a la filosofía de actos de justicia reivindicatoria, y en Mocri CMPA EZ, que ha sido una veleta pero alineada siempre a los intereses gubernamentales, a cambio de protección total.
Bajo ese amparo, el Mocri CMPA EZ comenzó a apropiarse de terrenos, y debido a que es mejor negocio despojar a las personas de sus casas, decidió enfocarse a la “expropiación” inmobiliaria violenta y al transporte público con taxis, combis y mototaxis.
La protección gubernamental, más los apoyos económicos que se presume ha recibido del gobierno, el Mocri CMPA EZ se convirtió en una empresa muy rentable para sus dirigentes, y un trabajo bien remunerado para sus integrantes. Además, es difícil desertar de esta organización por los códigos de lealtad establecidos, casi paramilitares, con castigos brutales por deserción.
El gobierno de Rutilio Escandón empezó, quizá sin proponérselo, a golpear al Mocri, al cancelar los apoyos económicos para las organizaciones sociales. Por eso hemos visto un incremento cada vez mayor de marchas y protestas de agrupaciones sustentadas por el Estado. El dinero, simplemente, no ha fluido.
Cuando el Mocri se apropió de un terreno en el Libramiento Norte –en disputa, por cierto, entre la exdiputada María de Jesús Olvera y la familia Aramoni, vinculada a la señora Leticia Coello–, obligó al gobierno de Morena a demostrar que estaba por el restablecimiento Estado de derecho y quizá hasta hacer patente la lealtad con su predecesor. La estrategia fue policialmente fallida por el desencadenamiento destructivo en tiendas y autos, más una psicosis que dejó vacía a la capital y la figura de un Mocri con garrote golpeándonos las espinillas, pero de una aprobación ciudadana apabullante.
Si el gobierno considera que con haber desalojado al Mocri de esas propiedades ha cumplido su labor, es un error, porque aún falta que propietarios de Santa Inés, Fraccionamiento Magally, Loma Larga, 2 de Marzo y demás damnificados recuperen sus propiedades. Se requerirá, por supuesto, verdadero trabajo de inteligencia para lograr un resultado limpio, y no la cascada de violencia que vimos el viernes.
La implantación de un Estado de derecho, un proyecto que se ha abandonado en Chiapas en los 12 últimos años, debe abarcar no solo al Mocri, sino a organizaciones que actúan al margen de la ley. Solo así se recuperará la gobernabilidad y se sentarán las bases del desarrollo social en esta pobre entidad nuestra.
Por lo pronto, mi amigo Pedro Ruiz ha recuperado la esperanza de regresar a su casa en Santa Inés, y ese mismo sueño deben tenerlo muchos quienes han perdido sus propiedades ante la rapiña del Mocri CMPA EZ.
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