Veracruz: la justicia enmarañada

El gobierno de la república empezó con muchos bríos trabajando intensamente en los cambios que propuso durante la campaña el ahora presidente López Obrador. Las distintas mediciones que toman el pulso a la ciudadanía acerca de su aprobación de las acciones que hasta ahora ha tomado el presidente le ofrecen un respaldo casi unánime. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra mirada hacia lo que están haciendo o dejando de hacer los ejecutivos en los planos subnacionales las cosas pueden no ser tan óptimas como pudiera pensarse. En Veracruz, por ejemplo, pasamos de gobiernos que fueron una auténtica desgracia para la población, como en los casos de Fidel Herrera y Javier Duarte, a un cambio que no ha significado mayor diferencia frene al gran vacío de poder que el actual ejecutivo estatal manifiesta frente a la inacción y la anarquía que caracteriza a su gobierno.

En efecto, mientras el actual gobernador, Cuitláhuac García, se extravía en minucias (salir a pintar banquetas o inaugurar pequeños tramos rehabilitados en algunas calles de la capital veracruzana), la criminalidad no solamente resulta imparable sino que, además, todo parece indicar que se ha venido incrementando en los poco menos de 70 días del gobierno de Morena en la entidad.

En Coatzacoalcos, por ejemplo, estalla un movimiento social encabezado por empresarios debido a la ola de inseguridad que ahí se vive. Una empresaria fue secuestrada hace unos días en aquella ciudad sureña y finalmente fue encontrada asesinada con lujo de saña.

En Xalapa, asesinan a una líder de los comerciantes hace apenas unas semanas y poco después matan a balazos a un joven. Mientras tanto policías sostienen un intercambio a tiros con presuntos delincuentes en la avenida Lázaro Cárdenas, en una zona de intensa actividad comercial.

El nuevo gobierno de Morena se enfrascó en una lucha ciega con el fin de quitar al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, quien fuera impuesto por el anterior gobierno de Miguel Angel Yunes del PAN. El fiscal actual había remplazado a, Luis Angel Bravo, quien se desempeñó en el mismo cargo durante el gobierno de Javier Duarte que, como se sabe, resultó no sólo uno de los gobiernos más corruptos de los que se tiene memoria sino que, además, constituyó una de las etapas más negras en las que los índices de criminalidad se dispararon en toda la entidad. Sirviendo a un gobierno de este tipo, Luis Angel Bravo, no tuvo más remedio que pactar su dimisión a cambio de impunidad, cosa que no le cumplieron cabalmente puesto que pasó algunos días en la cárcel de Pacho Viejo.

Por cierto, esta situación de remoción de fiscales estatales ha sido la dinámica que han impuesto algunos gobiernos subnacionales, como en los casos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, por citar algunos. En general, los fiscales son producto de las correlación de fuerzas en los congresos estatales que, al cambiar, muchos de ellas caen en desgracia. Por tanto, no llegan a sus cargos por la probidad y/o profesionalismo que acaso les caracterice, sino que responden a la red de alianzas que se entretejen para favorecer intereses políticos particulares.

Al pie del cañón
Fotografía tomada durante el cierre de campaña de Cuitláhuac García, candidato a gobernador del estado en Boca del Río, Veracruz. Junio 2018
Autor: Iván López

Dado que un fiscal solamente puede ser removido debido a faltas graves en sus funciones, al nuevo gobierno veracruzano se le ocurrió la peregrina idea que podía fincarle responsabilidades usando la escandalosa situación de los desaparecidos, de tal forma que se pudiera sustentar un juicio político en el Congreso para remover al fiscal Winckler.

Para quitar al fiscal se necesitaba no sólo buenas intensiones y cumplir ofertas de campaña, sino una genuina estrategia y oficio político para alcanzar los acuerdos dentro del congreso que facilitaran el cambio en la fiscalía veracruzana. Cabe recordar que remplazar al funcionario se requiere mayoría calificada y, aunque Morena tiene mayoría, no le alcanza para tal fin, de modo que tiene el imperativo de tejer alianzas con otras fuerzas políticas.

No obstante, la operación política hasta ahora no sólo ha dado muestras de su ineficacia porque no han podido remover al fiscal, como eran los deseos del nuevo gobierno. Peor aún, la forma en que se ha intentado “convencer” a los diputados que no son de Morena a fin de procesar al fiscal ha apelado más al viejo método de las amenazas y la compra de voluntades. Más ridículo resulta el hecho de que ni siquiera entre los diputados de Morena existe consenso en la medida, lo que significa que diputados por ese partido no han votado en favor del dictamen y, por lo tanto, demuestran su desacuerdo o autonomía frente al gobernador. Por lo pronto, ha sido suspendida la votación en el Congreso porque,  insisto, Morena ha sido incapaz de reunir los votos necesarios para separar del cargo al fiscal actualmente en funciones.

Resulta paradójico que no se pueda cambiar a un fiscal, mientras percepción de inseguridad y los índices de criminalidad van en aumento. Es ahí donde la actual Fiscalía ha demostrado con creces su inoperancia. El grado de inseguridad y el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía veracruzana hace escandalosa la extremada vulnerabilidad que se vive en todas partes de su vasto territorio.

Apenas el día de ayer, algunos de los medios de información más consultados en Xalapa apuntaban justamente a un incremento de los llamados delitos de alto impacto en Veracruz. En efecto, todo parece indicar que nos encontramos en una ola expansiva de la criminalidad que tiene a los secuestros, extorsiones y homicidios como los delitos más frecuentes que padecen los veracruzanos. Más aún, en algunas regiones del Estado estos crímenes y la manera en que han afectado a la sociedad local ha motivado que la ciudadanía se manifieste públicamente por la paz exigiendo a las autoridades detener el estado de inseguridad que padecen.

Esta situación se corresponde con los datos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos reportes avalan un incremento en la incidencia delictiva del fuero común entre diciembre de 2018 y enero del presente año. En efecto, mientras que en el último mes de 2018 se denunciaron u ocurriendo 2,755 delitos, en enero de este año, es decir, en el período del nuevo gobierno de Cuitláhuac García de Morena, siendo el Fiscal, Jorge Winckler, se reportaron 4,309. Es decir, fueron denunciados poco menos del doble de delitos entre una fecha y otra, confirmando una tendencia a la alza en la incidencia delictiva del fuero común. En términos gruesos, los delitos más frecuentemente denunciados y que han crecido de manera importante en el periodo son: el secuestro, que se incrementó de 7 en diciembre 2018 a 39 casos reportados en enero de 2019; los feminicidios pasaron de 2 a 10 en el mismo periodo; los delitos sexuales en diferentes modalidades pasaron de 7 a 77; mientras que los delitos en contra de la familia pasaron de 34 a 367 y la misma dinámica se observa en los delitos patrimoniales, destacándose el robo a casa habitación y a negocios; por mencionar solamente algunos de las más importantes.

Son estos elementos los que verdaderamente ponen en un predicamento a los actuales funcionarios de la Fiscalía de Veracruz porque manifiestan crudamente la falta de eficacia de las instituciones de justicia. Mientras el fiscal defiende su cargo en la Cámara de Diputados para que no prospere el juicio político que se le sigue, el clima de inseguridad y violencia parece incontenible, pero es la población quien más crudamente padece la inoperancia de la Fiscalía. Ni los delitos del fuero común y muchísimo menos los de alto impacto han podido ser erradicados por instituciones de justicia que siguen funcionando a la antigüita.

Así, resulta muy difícil sanear las instituciones que deberían estar abocadas a la resolución de conflictos e instaurar una cultura de la legalidad, haciendo imposible que la justicia prospere. En este escenario, lo que más crece es el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía, mientras que se ofrece el incentivo perverso que alimenta una criminalidad desbocada por la falta de eficacia de los aparatos de justicia; cuya inacción, torpeza o corrupción permite que la impunidad se expanda y contamine a la sociedad.