Habitantes de Chiapas niegan entregar sus tierras a la minería. Foto: Archivo

Por Fundación Heinrich Böll – México y el Caribe

Académicas de FLACSO México y De Montfort University presentaron hoy un mapeo de los conflictos sociales y ambientales relacionados con proyectos mineros, de hidrocarburos, eólicos e hidroeléctricos en México reportados en la prensa desde 2006. Las investigadoras identificaron 879 hechos conflictivos reportados en 304 proyectos, a partir de la revisión de 964 notas periodísticas.

De acuerdo a esta investigación, los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán; mientras que la conflictividad por campos petroleros se concentra en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En relación con gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla- Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa, y Chihuahua-Sinaloa. Los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de hechos conflictivos por instalaciones hidroeléctricas, y los conflictos por instalaciones eólicas se concentran en Oaxaca y Yucatán.

En términos absolutos, los datos analizados revelan que la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos (374 hechos conflictivos reportados en 134 proyectos mineros), seguida por la extracción de hidrocarburos (campos petroleros y gasoductos), luego por instalaciones hidroeléctricas y finalmente por eólicas. En su mayoría, los hechos conflictivos reportados por la prensa en minería, hidrocarburos e hidroeléctricas son relacionados con afectaciones al medio ambiente. En el caso de los desarrollos eólicos, la causa principal de conflicto identificada en las notas son problemas de ordenamiento territorial; en tanto que para la actividad minera se reporta también una alta incidencia de conflictos laborales.

En términos relativos, sin embargo, en los gasoductos se reporta el mayor número de hechos conflictivos por proyecto (casi 5 hechos conflictivos por proyecto), seguidos por las hidroeléctricas (3.8 por proyecto), las eólicas (3.3 por proyecto), las mineras (2.7 por proyecto) y, finalmente, los campos petroleros (casi 2 hechos por campo).

La base de datos desarrollada identifica también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos.

Los datos recabados muestran que, contrariamente a lo que se suele decir, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada”(como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de accionescon otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las

empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios. Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.

Dado que los datos fueron recabados a partir de notas periodísticas, la investigación también muestra algunos rasgos del tipo de reporte que suscitan estos conflictos en México, incluyendo las amenazas a periodistas derivadas del ejercicio de su labor.

Las notas periodísticas de recopiladas en la base de datos fueron escritas por un total de 373 periodistas. El 18% (67 periodistas de 40 medios), ha recibido amenazas o agresiones. Sin embargo, no es posible establecer si las amenazas fueron derivadas directamente por el reporte de hechos socio-ambientales conflictivos o por otros asuntos reportados por el mismo periodista.

Los principales estados en los que se presentaron amenzas o agresiones son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de Mexico, Chiapas y Veracruz. Los periodistas más amenazados pertenecen a Proceso, La Jornada, El Universal, Lado B y Animal Político. De los 40 medios a los que pertenecen los periodistas amenazados, la mayoría (26) son de alcance local, y en menor medida (14), se trata de medios de cobertura nacional.

Finalmente, destaca el uso de los medios como vía para expresar reclamos por parte de las comunidades. De un total de 669 hechos reportados que presentan repertorios de acción llevados a cabo por comunidades, 336 (50.2%) incluyen el uso de medios periodísticos.

La cartografía y bases de datos presentadas están abiertas al público para su consulta y forman parte del proyecto Conversando con Goliat, coordinado por FLACSO-México y De Montfort University, con financiamiento de British Academy. El mapeo de los datos recabados para este proyecto se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México –México y El Caribe y CartoCrítica, A.C.

El mapa de conflictos sociales relacionados con proyectos mineros y energéticos está disponible en la página del proyecto Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales:https://conversingwithgoli.wixsite.com/misitio