El debate conservador en la 4T

Dentro de los múltiples temas de la agenda pública que se discuten en estos días sobresalen las desafortunadas declaraciones de la diputada veracruzana sobre el toque de queda para erradicar la violencia hacia las mujeres y, por otro lado, el debate sobre el recorte presupuestal a la estancias infantiles.

Una diputada en el Congreso veracruzano declaró que para evitar más agresiones a las mujeres debería aplicarse un toque de queda con el fin de acabar con la ola de violencia existente, bajo el argumento de que las alertas de género no han funcionado. Dicha medida, aseguró, deberá aplicarse pasadas las 10 de la noche. La representante popular en la Cámara de diputados de Veracruz forma parte de esa red extrañamente variopinta que ha caracterizado a Morena en su ruta hacia el poder.

Luego de haber hecho semejante declaración y ante las protestas de grupos organizados que defienden la causa de las mujeres, y una profusa difusión a través de los medios de comunicación, la diputada se vio obligada a retractarse y aceptar que había cometido un error al expresar sus propuestas e ideas para combatir las agresiones a mujeres.

MORENA

Cierto es que el tema resulta relevante y preocupante, puesto que en el último año se han reportado cada vez más casos de asesinatos de mujeres no sólo en Veracruz, sino en varios estados de la República. En efecto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2018 se observa una tendencia en el crecimiento de los feminicidios, ya que en el primer año se registraron 407 casos en el país, mientras que hasta noviembre de 2018 la cifra se elevaba a 760 agresiones.

Más aún, las opiniones expresadas por la diputada se presentan en una coyuntura en la que el gobierno estatal ha lanzado un programa de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Tanto el gobernador actual, Cuitláhuac García, como la diputada, Ana Miriam Ferráez, son integrantes del mismo partido, pero parecen no compartir la misma agenda e incluso parecen defender posturas diametralmente opuestas.

Todo esto ha desatado una ola de pronunciamientos en pro y contra de los comentarios esgrimidos por la diputada veracruzana. Uno de los más graves, a mi modo de ver, es el respaldo acrítico de los argumentos sobre los cuales se sustenta una postura que implica la restricción de libertades. Sobre esa base se han cimentado regímenes dictatoriales y crímenes de lesa humanidad. Es obvio que nuestra desesperación ante la inacción estatal o su abyecta colusión que deriva en impunidad alimente nuestros deseos más básicos, pero es una malísima idea abrir la puerta a la masacre que, por lo demás, ya hemos experimentado con la participación del ejército en labores policiacas. Hay varios ejemplos de ello en la historia más reciente del país. Para muestra están los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingan, solamente por citar unos cuantos.

El toque de queda no es cualquier cosa y debemos estar plenamente conscientes que algún ente público debería garantizarlo. Pensar así es considerar que la sociedad misma ha capitulado y que no existe otra salida sino la restricción de libertades y una institución capaz de garantizar dicho método que, para todos fines prácticos, solamente puede alcanzarse mediante la mano dura a través de las fuerzas del orden con las que cuenta el Estado o, lo que es lo mismo, que finalmente aceptemos que el ejército nos gobierne.

Dicho sea de paso, algo de esto es lo que se discute con la propuesta del nuevo gobierno respecto de la creación de la guardia nacional en donde, en pocas palabras, se conceden facultades al ejército para el combate a la delincuencia. ¿No que el ejército volvería a los cuarteles? Quienes se han opuesto a semejantes medidas tienen sobradas razones del proceder de las instituciones castrenses, como para pensar que estas deben ser acotadas desde el ámbito civil.

Pese al despropósito que ha significado la declaración de la diputada, la sociedad civil organizada en Xalapa ha iniciado una campaña interesante para brindar seguridad a las mujeres. Inicialmente, fueron algunos comercios del centro de la ciudad quienes bajo el tema NI UNA MENOS, se identifican y ofrecen protección a las mujeres en situaciones de riesgo, que tienen la percepción estar siendo amenazados o tienen la sensación estar en peligro. “Si estás cerca de la calle Murillo Vidal y te sientes en peligro, dice uno de los anuncios, ven con nosotros y te ayudamos a llegar segura a tu casa”. Esta campaña está demostrando que la imaginación es el mejor antídoto para la prevención o que aquella es más plausible que la restricción de libertades. Al mismo tiempo, resulta indicativo de lo mucho que se puede hacer desde la sociedad a fin de garantizarnos la mejor de nuestras convivencias en las diferencias. De la misma forma, se va generando una suerte de pedagogía social que permite actuar desde lo social y en el umbral de la precaución.

El otro tema, el de las estancias infantiles, ha enfrentado a dos visiones extremas que alimentan prácticas conservadoras. Este proyecto originalmente establecido desde la administración de Vicente Fox ha constituido un apoyo para las madres, cuyos ingresos no permiten financiar el cuidado de los niños en sus ausencias mientras se desempeñan como trabajadoras.

La propuesta de disminuir los recursos, según el presidente, no solamente obedece a las políticas de austeridad republicana con que se ha inaugurado el presente régimen sino, particularmente, al hecho de que “muchas de estas operaban de manera insegura” y que, también, servían para desviar recursos. En el primer caso, se destaca fundamentalmente lo que sucedió en la guardería ABC que no sólo significó un gran tragedia para los padres cuyos hijos murieron calcinados o como producto de la inhalación de gases tóxicos, sino también para los infantes que aún tienen secuelas en su salud por el incendio que consumió las instalaciones. Es cierto, además, que esa guardería en particular no operaba con los mínimos requisitos de seguridad, como el hecho de contar con salidas de emergencia que fue uno de los principales elementos del funesto desenlace. En el segundo caso, el gobierno federal tiene que mostrar las pruebas de cuáles de ellas fueron usadas para el desvío de recursos públicos y actuar en consecuencia, es decir, contra quienes resulten responsables de la probable comisión de delitos.

En ambas situaciones, el gobierno federal puede tener instrumentos poderosos para sustentar una draconiana medida como la que ha tomado. Porque hay que decir que no todas las guarderías operaban de la misma forma. Estos programas fueron sistemáticamente evaluados, al menos en la administración de Vicente Fox, y en ellas existen elementos que pueden dar lugar a un diagnóstico más exhaustivo del modo de operar en algunas de ellas. En algunos casos, se hicieron recomendaciones argumentando por qué no debían operar y básicamente se aludía a cuestiones de insalubridad y riesgo. La verdad es que resulta un milagro que no hayan ocurrido más tragedias.

Desde luego, la propuesta de las estancias infantiles en sí misma no puede ser mala por definición, ni puede descalificarse simplemente por razones ideológicas. Como en todo, algunas de las guarderías funcionaron razonablemente bien y otras no tanto; algunas era más sano cerrarlas o reubicarlas que continuar con una operación que no cumplía con estándares mínimos de seguridad.

Sin embargo, en el ADN de la “izquierda” y la “derecha” no existen los ciudadanos como tales sino, quizás, como clientes. Pretender apoyar a las mujeres en situación de precariedad laboral no es malo de entrada, pero poco ayuda la estridencia que se ha desatado entre los actores políticos. No se les ocurre otra cosa que diseñar políticas en donde los ciudadanos son etiquetados como “beneficiarios” y no como sujetos con plenos derechos. Por lo tanto, cualquier propuesta diseñada e implantada de esta forma no conduce más que a la refuncionalización de las viejas prácticas de generar clientelas.

Es un buen momento para pensar en una renta básica universal que, quizás, no pueda instrumentarse en el corto plazo, pero allana el camino en la construcción de un genuino Estado social de derecho y que significa pensar a la ciudadanía más allá de su estatus como consumidores, beneficiarios o, peor aún, clientes de las instituciones y liderazgos autoritarios.