La Guardia Nacional: continuidad de una política de Estado

Foto: Chiapas Paralelo

Por Fernando Pérez*

La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia Nacional -en principio, integrada por las policías militar, naval y federal- como una estrategia de seguridad pública es una política de Estado, no una política de gobierno ni de un partido político. Pues, aunque el argumento se basa en el grave problema de violencia e inseguridad pública por el que atraviesa el país, la Guardia Nacional significa continuar con la política de militarización emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Política que, más allá de brindar seguridad y protección a los ciudadanos de abajo, está enfocada a salvaguardar los intereses de la oligarquía nacional, a mantener el control del poder político y defender el régimen económico emanado del sistema capitalista.

De acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024,[1] la Guardia Nacional contaría con al menos 100 mil elementos, de los cuales, alrededor de 50 mil provendrían de la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Quienes empezarían a operar desde el momento en que sea aprobada la propuesta por los órganos institucionales (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores). Mientras que los otros 50 mil serían reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional en el transcurso de 2019 a 2021. Pero, en tanto se aprueba la propuesta, el Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval informó que, “desde el 1° de diciembre las Fuerzas Armadas y la Policía Federal desplegaron 35 mil 745 elementos a lo largo de 150 coordinaciones territoriales”,[2] de las 266 en las que va a operar la Guardia Nacional.

La propuesta ha sido criticada por distintos organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos. Puesto que desde 2006 a 2018, la estrategia de militarización enmarcada en la “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” tiene como saldo cerca de 300 mil personas asesinadas y 40 mil personas desaparecidas. Además, “entre 2007 y 2017 se presentaron 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos”[3] por violaciones graves a los derechos humanos.

A estas críticas se suman las de organizaciones sociales y políticas del país, que no sólo ven en la Guardia Nacional la continuidad de una militarización per se, sino una amenaza a los procesos organizativos independientes. Pues, en los últimos 12 años, se han documentado 3,967 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos (999 en el sexenio de Calderón y 2 968 en el de Peña Nieto); más de 150 casos de víctimas de desaparición forzada integrantes de alguna organización; y 250 casos de defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente.[4]

Lo anterior muestra que la estrategia de militarización del territorio nacional sólo ha traído calamidades y desesperanza para miles de familias que forman parte del pueblo de México. Por el contrario, como política de Estado ésta ha cumplido con un doble propósito. Por un lado, se impulsó la economía de guerra promovida por Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida.[5] Por otro, se trató de sembrar el miedo y el terror en la población, no sólo para desarticular los procesos organizativos independientes y disidentes, sino también para sofocar cualquier intento de levantamiento social. Es decir, la militarización del país es parte de una política contrainsurgente, que en palabras de López Obrador sería, “para que no se suelte el tigre”.

Esto cobra sentido si retomamos la Ley de Seguridad Interior[6] promovida y decretada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con la cual, se pretendía dotar de un marco legal la actuación de las Fuerzas Armadas y darles la facultad para operar ante cualquier evento que se considerara una amenaza a la seguridad interna, incluyendo a los movimientos de protesta social. Si bien, esta Ley no prosperó, la propuesta de crear la Guardia Nacional también implica reformar algunos artículos de la Constitución para generar ciertas condiciones favorables para el desempeño de las fuerzas armadas. Un asunto que todavía se encuentra en plena discusión y se ha puesto sobre la mesa de la Cámara de Senadores para su posible aprobación.

Quizás las críticas no tuvieran tanta relevancia si al frente de la administración gubernamental estuviera el PRI o el PAN, partidos no sólo conservadores y reaccionarios sino defensores férreos de una necropolítica que sólo beneficia a los intereses del gran capital. Lo relevante es que al frente de dicha administración está el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Un partido autodenominado de “izquierda” y autoproclamado heredero del movimiento social, por lo que las críticas cobran relevancia significativa. Sobre todo, porque varios sectores de la sociedad creyeron o interpretaron los discursos de campaña de López Obrador como una promesa implícita de que iba a regresar a los militares a sus cuarteles. Algo que aún no hace -y probablemente no hará-, por el contrario, con el argumento de la “crisis de seguridad pública”, en distintos momentos, ha develado su empeño en legitimar la actuación de las fuerzas armadas, sosteniendo que “los militares son pueblo uniformado”, “que no pertenecen a la oligarquía nacional”, “que sólo han obedecido ordenes de sus superiores”, y que él como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas “nunca dará la orden para reprimir al pueblo”.

Sin embargo, no se debe subestimar que en México, históricamente, las fuerza armadas han servido para perpetuar en el poder a una élite política, en tanto que representa uno de los pilares principales del Estado burgués. Por lo que, de aprobarse la Guardia Nacional y de continuar con la política de militarización del país, las implicaciones a mediano y largo plazo podrían no ser tan favorables para el proyecto de la Cuarta Transformación.

* Doctorante de la Universidad Autónoma Chapingo y colaborador del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com

[1] https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-Paz-y-Seguridad_.pdf

[2] https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-convoca-a-jovenes-mexicanos-a-formar-parte-de-la-guardia-nacional

[3]Hernández Navarro. “AMLO, el Ejército y el 68” , en La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/opinion/023a1pol

[4]https://comitecerezo.org/spip.php?article3149#DEBATIENDO-UNA-AMNISTIA-PARA-PRESOS-POR-MOTIVOS-POLITICOS

[5]Véase, Iniciativa Mérida, Compendio. Servicio de investigación y análisis. Subdirección de Política Exterior. Centro de Documentación, Información  y Análisis. Cámara de Diputados LX Legislatura. 2008. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-CI-A-02-08.pdf

[6]Esta Ley fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en noviembre de 2018. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_151118.pdf