Entre tirios y troyanos

Como muchos articulistas y opinadores diversos, iniciado el nuevo año convierten sus escritos en un catálogo de temas pendientes en la agenda. Más aún, con el nuevo gobierno de la república, muchos dirigen sus observaciones a las acciones y decisiones tomadas por el presidente, así como a la oposición que algunas de estas medidas han provocado en diferentes sectores.

No obstante, aunque la crítica resulta moderada en algunos, con frecuencia los señalamientos al gobierno en turno se convierten en extremos prácticamente irreconciliables: entre los que defienden la 4T por disciplina casi militante y quienes todo lo ven mal; mientras que en las redes sociales esta situación resulta peor de polarizante, esquizofrénica y hasta soez.

Algunos analistas, por ejemplo, insisten que el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está significando pérdidas para el país. Desde luego, en ese punto tienen razón, pero se olvida que los antecedentes del gobierno que lo planeó e instrumentó terminó como uno de los más corruptos de la historia contemporánea del país. Como ejemplo está el tren de alta velocidad México-Querétaro sepultado por corrupción en las licitaciones y que, además, también tuvo implicaciones en el presupuesto por demandas de las compañías chinas que lo construirían. No tardará mucho para que salgan a la luz pública las diversas irregularidades cometidas en el NAIM.

Al catálogo de críticas se suma la cancelación de la reforma educativa y “la vergonzosa” adhesión al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La mal llamada reforma educativa podría acaso tener méritos, pero resultaba sobre todo una disputa política y de poder entre el gobierno federal y el sindicato. Ese simple hecho la descalifica completamente. Considero que las vías para relacionarse de otra manera con los sindicatos es por el camino de la aplicación de la ley y apoyar la democratización de los mismos. La dizque cruzada por la educación fue, en particular, un ajuste de cuentas entre mafias anidadas en el poder público y los propios sindicatos, en este último caso, la SNTE que dirigía en ese entonces Elba Esther Gordillo. Por cierto, líder que fue encumbrada por el propio régimen después de desplazar a Carlos Jonguitud Barrios. Los desafíos al presidente Peña Nieto de Elba Esther le costaron 5 años de cárcel. De modo tal que la supuesta mejora de la educación ocupaba un espacio marginal en las prioridades del régimen. Otro ejemplo, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, decidió invertir en 2016 en publicidad parte significativa el presupuesto para la secretaría por él dirigida, con el fin de autopromoverse y ganar la candidatura presidencial por el PRI. De nuevo, ¿Dónde quedó la supuesta mejoría en la calidad de la educación?

Hay, sin embargo, algunos que reconocen que, en el tema del presupuesto, imperó la prudencia de las instituciones hacendarias del gobierno federal. En este asunto, cobra especial relevancia el apoyo a jóvenes y ancianos, aunque no deja de observarse que esto puede derivar en una política de carácter clientelar. Pero debe reconocerse, también, que se han dispuesto algunos medidas para evitar el intermediarismo en la instrumentación de la política social.

Por el lado de los proyectos de desarrollo propuestos por el líder máximo de la 4T, el del tren Maya, lo que resulta particularmente relevante es la incertidumbre y, sobre todo, la falta de información de cómo finalmente se pondrá en práctica este proyecto. Algunos piensan que sus impactos económicos regionales serán muy menores o modestos; mientras que otros apuntan a la dificultades del trazado de las vías e incluso las dudas razonables acerca de la carencia o no de los estudios de factibilidad. Además, resulta particularmente relevante el tema del impacto ambiental que puede tener una obra de esa magnitud. Esto puede ser relativo porque, hasta donde se sabe, la obra se construirá sobre el derecho de vía existente. Si esto es así, no obstante, ello traerá problemas para el transporte de pasajeros, pues nadie en su sano juicio invertirá largas horas en un trayecto que puede hacer en mucho menos tiempo por carretera, aunque esto signifique sacrificar el romanticismo.

Igualmente, en el asunto de la reforma energética al menos se le concede a López Obrador que ha sido consistente en su propuesta, es decir, que en lo referente a la explotación de hidrocarburos la reforma “traicionó” los principios consagrados en la Constitución. Ahora bien, en términos de la petroquímica que implica la rehabilitación de algunas refinerías y la creación de otras para satisfacer la demanda de gasolinas y dejar de importarlas, algunos analistas ponen en duda que no se tomado en cuenta los costos que ello tendrá frente a los beneficios que se espera obtener de esa estrategia. No obstante, lo que se discute ahora mismo es el asunto del robo de combustible y los impactos que esto tiene no sólo en la finanzas públicas, sino la estrecha colusión de intereses entre agentes del gobierno, el sindicato, políticos diversos, las redes criminales que operan en el país y no pocos empresarios del ramo que, por las buenas o por las malas, obtienen beneficios de estas actividades delictivas. El presidente ha dado cifras que resultan alarmantes respecto al robo de combustible. Ha dicho que en sexenio pasado se robaban aproximadamente 600 pipas diarias de 15 mil litros de combustible. Y las pérdidas se han venido incrementando con los años, pues en 2016 el robo de combustible significó una merma de 30 mil millones de pesos y el año pasado se estima que la cifra creció a más de 66 mil millones de pesos en pérdidas. Dada la gravedad de esto y los distintos actores involucrados, no hay que regatear méritos al gobierno actual que enfrente un problema de semejante envergadura y procure restaurar la legalidad. Esto apenas empieza y es posible que se den a conocer actos de corrupción que escandalicen a la opinión pública.

Rutilio Escandón y AMLO, en el Congreso.

Por otra parte, se destaca la existencia de una “ambestida” en contra de los organismos autónomos por la vía del recorte presupuestal, pero no se deja de reconocer que los cambios en el Banco de México y la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, así como la sustitución de uno de sus integrantes, han sido cambios que se han realizado de manera adecuada y sin sobresaltos. Ante todo, es extraño que no se diga una sola palabra crítica sobre el desempeño de los “organismos autónomos”. Más allá de que muchos de ellos, si no es que todos, han quedado atrapados en el fugo cruzado de los intereses estratégicos de los actores políticos, su desempeño, salvo raras excepciones, ha sido de regular a malo. Ahí tenemos la experiencia de la Secretaría de la Función Pública con el caso de la Casa Blanca o la de Malinalco que exoneró a altos ejecutivos del gobierno anterior. Las Comisiones de Derechos Humanos, por ejemplo, han dejado mucho que desear en su desempeño y con frecuencia resultan ineficaces en los fines que les dieron origen. Por supuesto que hay que defender a los organismos autónomos, siempre y cuando se realice un diagnóstico sobre su desempeño y se hagan los cambios que se consideren pertinentes.

En materia de seguridad, parece que estamos en una suerte de punto muerto o compás de espera. Se reconoce que hay críticas incluso desde los mismos aliados al gobierno, pero, al mismo tiempo, la estrategia de seguridad propuesta por el actual gobierno tiene el mérito de al menos encarar el problema, cosa que el gobierno de Peña Nieto ignoró. En el tema de seguridad, en los últimos tres sexenio ha existido un estira y afloja entre los actores políticos principales que, al final de cuentas, terminó por hacer fracasar una supuesta política de contención del crimen. Este gobierno al menos encara la gravedad del asunto y, hasta ahora, no lo exacerba, como fue el caso de Calderón; o no lo ignora, como ocurrió con Peña Nieto.

Por último, se destaca el papel de los superdelegados. Es evidente que esta medida continuará provocando tensiones entre el gobierno federal y las entidades federativas. Más allá de esto, se confirma lo que ya sabíamos, que no habrá federalismo viable mientras no se modifiquen las reglas para el cobro de impuestos; cuando el papel preponderante lo tiene el gobierno central y la recaudación se la lleva ese gobierno en un 80 o 90%, escaso margen deja a los gobiernos locales para hacerse de recursos propios. Por otro lado, el riesgo de cambiar el régimen fiscal es que, como ya vimos, los gobernadores terminen haciendo lo que se les pega la gana con los recursos que deben invertirse en atender la necesidades de la población, en particular aquella que resulta más vulnerable. Mientras no existan contrapesos en los gobiernos locales y organismos genuinamente autónomos que funcionen, los ejecutivos estatales seguirán procediendo como caciques de pueblo o, peor aún, como verdaderos hampones tras el presupuesto público o ahogando en deudas a los gobiernos estatales, cosa que, a final de cuentas, habrán de pagar los contribuyentes de distintas manera, sea por el incremento en los servicios del gobierno o la falta de atención a los problemas que en la vida diaria enfrenta la ciudadanía.