¿Cómo redibujar el mapa de la autonomía indígena?
Geopolítica comunitaria y defensa de la vida
Por Pablo Uc[i]
Durante el Segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, realizado en el mes de julio pasado en el municipio de Oxchuc, se bosquejaron las potenciales alianzas entre el gobierno federal electo y algunos de los municipios indígenas de Los Altos de Chiapas que han demandado el reconocimiento de su libre determinación y sus consejos de gobierno autónomo. También proyectó la posible estrategia del flamante gobierno obradorista orientada a reordenar, contener y cooptar la amplia geografía autonómica indígena en el sureste mexicano.
Una comitiva de emisarios del entonces presidente electo, encabezada por Adelfo Regino Montes –hoy titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas- y María Luisa Albores –al frente de la Secretaría de Bienestar-, asistieron al simbólico acto masivo en la explanada del municipio tseltal. En el acto participaron representantes del Concejo Mayor de Cherán, Michoacán; Tecoanapa y Ayutla los Libres, Guerrero; San Andrés Totoltepec, de la ciudad de México; de Oxchuc, Chilón y Sitalá, entre otros municipios de Chiapas; así como del estado de México y Oaxaca.
La crítica a los partidos políticos como causa central de la fragmentación comunitaria y el reclamo apremiante por el reconocimiento de la libre determinación, fue una demanda casi unísona en los discursos de los/as voceros/as de los pueblos indígenas asistentes. El reclamo de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, estuvo presente y Regino Montes, quien fuera también secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado de Oaxaca, prometió –una vez más en la larga historia de promesas regularmente incumplidas-, su implementación. Se trató, paradójicamente, de un discurso que invisivilizó de manera explícita la centralidad del movimiento zapatista y el EZLN en la definición de los contenidos y la defensa de dichos acuerdos históricos, cardinales en la reciente historia de los pueblos indígenas.
Dicho encuentro prefiguró la apertura de un canal de interlocución con el gobierno encabezado por López Obrador, pero ante todo, significó un acto de presión sobre las autoridades locales, en especial sobre el Instituto Electoral de Participación Ciudadana –el cual ha postergado sistemáticamente el proceso de reconocimiento a la libre determinación que reclaman los municipios de Oxchuc, Sitalá y Chilón. Además, cabe recordar que desde 2016, año en que estalló la violencia post electoral en el municipio de Oxchuc, el territorio se sostuvo en constante rebeldía ante el gobierno estatal de Manuel Velazco Coello, al que repelió militarmente tras la expulsión de fuerzas policíacas locales y federales. En este sentido, el Segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación… se trató del primer gran acto público de apertura y recepción de autoridades del Estado en dicho territorio, cuyo objetivo fue claro: proyectar una alianza indígena regional –el eje Michoacán-Guerrero-Oaxaca-Chiapas- por la libre determinación frente a las autoridades locales y en posible alianza con el gobierno federal electo.
Por su parte, el enclave autonómico indígena de mayor peso y maduración en la región, sigue situado en los territorios zapatistas. A 25 años del levantamiento armado de 1994 y a 15 años de la fundación de los caracoles y las juntas del buen gobierno, el control territorial del movimiento ha enfrentado un desgaste real derivado del repliegue de sus bases de apoyo y fluctuantes disidencias. No obstante, su proyección territorial sigue detentando un contrapeso elemental en espacios estratégicos tanto en la Selva Lacandona como en Los Altos de Chiapas. Su directriz moral le permite seguir convocando-articulando movimientos sociales indígenas y populares en resistencia a nivel nacional y movimientos anti-sistémicos y de resistencia anti-capitalista a escala internacional.
La autodeterminación en clave no estatal zapatista, ha dejado clara su distancia abismal con el gobierno de AMLO. Fundamentalmente, ha develado las contradicciones intrínsecas al Estado capitalista mexicano, insistiendo en que los proyectos de desarrollo extractivo de la “Cuarta Transformación” representan la continuidad en la ejecución del esquema de despojo integral sobre los recursos naturales en los territorios del sur sureste del país. Esto es, las implicaciones del Tren Maya –y la negociación-simulación de las consultas-; el canal seco/corredor comercial en el istmo de Tehuantepec –espíritu histórico del desarrollismo modernizador porfirista-; y de las Zonas Económicas Especiales –esquema de inserción plena al capital extractivo transnacional desde el Caribe Atlántico hasta el arco del Pacífico.
Estos ejes geoestratégicos, irrenunciables para un proyecto nacionalista extractivo que promete un aumento sustantivo y clientelar en el gasto social, también constituyen los frentes clave de la resistencia territorial que enarbola la lucha zapatista, antes de y frente al nuevo gobierno federal. Pero no sólo de la resistencia zapatista, de sino buena parte de las consignas políticas que han enarbolado, por ejemplo, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), o el Movimiento Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE).
Cabe reconocer que la capacidad de convocatoria nacional e internacional del zapatismo, así como su protagonismo en la orientación del Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), serán determinantes en las tensiones territoriales emergentes en el estado de Chiapas y el posicionamiento de las comunidades tseltales, tsotsiles, choles y tojolables mayas. También resulta imprescindible reconocer que dicho liderazgo puede menguar si no fortalece su capacidad de convocatoria local, reconociendo la centralidad de los pactos y alianzas estratégicas con otras iniciativas autonómicas indígenas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, México, Oaxaca, Chiapas –muchas de ellas no adherentes al CIG. Así como la ampliación del eje indígena autonómico a la península: Campeche-Yucatán-Quintana Roo, que experimentan una creciente politización indígena comunitaria.
La legitimidad del gobierno federal, coyunturalmente, tendrá una capacidad extraordinaria para contener, cooptar, fragmentar y desmovilizar las piezas que se desajusten del tablero nacionalista de su cuarta transformación. Es por ello que redibujar el mapa de la autonomía indígena en México y Centroamérica-Abya Yala, puede significar el trazo de resistencias contra la fragmentación entre pueblos que poseen una memoria y un horizonte político más amplio que el de los míticos caudillismos nacionales y las relaciones interestatales capitalistas.
Un nuevo pacto indígena campesino autónomo en México sería capaz de sostener un espacio de auto-convocatoria entre proyectos comunitarios con estructuras organizativas sobre las que se fundan heterogéneos principios de autodeterminación y autogobierno. La geopolítica comunitaria en defensa de la vida será un contrapoder certero al esquema republicano colonial extractivo y la proyección del gobierno federal en Chiapas y el sureste mexicano en el futuro inmediato. Pero también deberá contemplar que la apuesta diferenciada de algunas organizaciones indígenas y populares por la ampliación de la estatalidad en una coyuntura estratégica, no debe suspender los canales de defensa común por la libre determinación y el autogobierno, la democracia comunitaria y la hegemonía del diálogo.
Se trata de un principio elemental de pacto contra la política sistémica de muerte que ha enquistado el mundo de la vida reciente en nuestros territorios y que va más allá de los protagonismos políticos que focalizan la tensión pública en los medios. Son tiempos de amplia densidad política, fértiles para el antagonismo pacífico y la desestructuración de la guerra impuesta en México-Abya Yala.
[i] Miembro del Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Correo electrónico: pablo.uc@gmail.com
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