Aldama-Santa Marta, Chenalho: las aristas de un conflicto

Habitantes de Aldama empiezan a regresar a sus hogares. Aún no se ha detenido a los civiles armados que han asesinado a 5 personas del municipio. Foto: Ángeles Mariscal

El “conflicto Aldama-Santa Marta, Chenalhó” vuelve a ser motivo de noticia en este año 2019, que inicia. Consternó la pérdida de otra vida.  La madrugada del 22 de enero, dos personas de Aldama fueron heridas y una más asesinada, cuando se dirigían a su cafetal. Los comuneros fueron agredidos desde terrenos de la comunidad agraria Santa Marta, según denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las ráfagas de proyectiles se prolongaron varias horas, produciendo miedo entre la población; lo que condujo a un nuevo desplazamiento forzado. El conflicto se ha agudizado desde 2017 y ha dejado más de una decena de fallecidos, de ambos bandos. Además se produce en un contexto de repunte de la paramilitarización y la capacidad de fuego en el conflicto.

Adicionalmente, hoy el tema adquiere relevancia porque el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, que se ocupe del asunto. Abriendo la esperanza que esta medida pueda ofrecer justicia a las víctimas.

En lo general, hasta ahora el gobierno federal y del estado ha sido omiso en ocuparse en resolver el fondo de la conflictividad que agobia a los municipios indígenas en el estado, pese a que en muchos casos, los problemas que hoy irrumpen son resultado de equivocadas decisiones gubernamentales. Estos son los casos de Chenalhó-Chalchihuitán, y Aldama-Santa Marta, Chenalhó.

Aldama, Chiapas; marzo de 2018. Vista de las montañas que forman el límite natural entre el municipio de Aldama y Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
Foto Carlos Ogaz

Una reforma agraria errática

La relación entre Aldama y Santa Marta no fueron antes conflictivas. Tienen una estrecha vecindad y durante varios años hubo matrimonios integrados por miembros de ambos pueblos. Las fiestas patronales eran motivo de visita mutua, y las dos vírgenes, la de Santa Marta y la Santa María Magdalena (de Aldama), se visitaban, llevando regalos a sus respectivos mayordomos.

El pueblo de Santa María Magdalena (que cambió de nombre a Aldama, después de su remunicipalización en 1999); Santa Marta; Santiago el Pinar y San Andrés Larrainzar, comparten una micro región cafetalera. El mercado dominical de Larrainzar era un lugar de encuentro. Estos pueblos han estado unidos en la historia, desde tiempos anteriores a la Colonia. Durante el siglo XIX sus territorios comunales fueron privatizados por familias de finqueros ladinos, quedando su población sometida a relaciones de peonaje.

En el trajín del mercado se fraguó la rebeldía. En 1974 decidieron realizar acciones conjuntas y recuperar de manera masiva sus territorios, expulsando a los finqueros ladinos. Irrumpe frente a la amenaza de legalización del despojo. En esos años, topógrafos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que integraban la “Brigada Chiapas”, realizaban trabajos técnicos para resolver problemas agrarios en la región.

Después de la expulsión, la estrategia que usó la SRA para la confirmación y titulación de los bienes comunales fue la opción del reconocimiento de actos de dominio, sin otorgar un valor de contundencia a los documentos. La SRA reconoció a los pueblos los Bienes Comunales de los pueblos, pero la estrategia a la que recurrió dejó sembrado conflictos agrarios.

Santa Marta obtuvo reconocimiento y titulación de bienes comunales en agosto de 1975, con el  nombre oficial de “Manuel Utrilla”, según quedó dispuesto en la resolución presidencial. Sin embargo los límites que marcó la SRA fueron impugnados por Santa María Magdalena, que adujo que una parte de sus territorios ancestrales le habían sido otorgadas a Santa Marta, sembrando un conflicto que ha costado más de una decena de vidas. Hay que decir que igual situación es el trasfondo del conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán.

La SRA intentó resolver el error con acuerdos de actas de conformidad, pero al paso de los años estos acuerdos fueron ignorados. Hubo además otros equívocos profundizando el encono. En el año 2000 Santa Marta, a través del PROCEDE logra obtener su plano definitivo, quedando los terrenos en disputa dentro de su territorio; terrenos de los cuales veinte hectáreas están sembradas con cafetales. Sin embargo nuevos errores volvió a llevar a los tribunales. En 2008, los comuneros de Santa Martha interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para recuperar las tierras, pero el resultado les fue adverso. El fallo otorgó a Aldama las 60 hectáreas y se ordenó a Santa Martha la indemnización de un millón 300 mil pesos.

Al paso de los años nuevos actores aparecen en escena abonando a la conflictividad. En 1994 un número importante de los habitantes de Santa María Magdalena y Santa Marta se sumaron como milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); pero otras contradicciones de identidad los cruzaban.

Santa María Magdalena y Santa Marta, se involucraron en las políticas de remunicipalización que promovió el gobernador Roberto Albores (1998-1999). Ambos poblados habían tenido rango de municipio en el siglo XIX. Documentos de 1882 los reconocen como tales; hasta 1921, cuando pierden esa jerarquía. Ambos pueblos quedaron subordinados como agencias municipales de San Pedro Chenalhó.

Durante varias décadas caminaron y lucharon juntos para lograr la restitución de sus poderes municipales. La política gubernamental de remunicipalización (1998-1999) que tenía la intención de restarles banderas a los rebeldes armados, ofreció crear el nuevo municipio de Aldama (con cabecera en Santa María Magdalena), que incorporaría a Santa Marta, como su agencia municipal. Los marteños no aceptaron el acuerdo, si previamente la SRA no resolvía la conflictividad agraria. Esta decisión puso en riesgo la remunicipalización de Aldama, dado su reducida población y territorio. Esto dio como resultado la profundización de la animadversión entre los pueblos vecinos, suprimiendo su vida colectiva. Las visitas entre las vírgenes Santa Marta y Santa María Magdalena, se cancelaron. La una y la otra, ya no celebraron juntas sus fiestas patronales.

Santa Marta fortaleció sus vínculos con la cabecera de Chenalhó, y ha disminuido el uso de la carretera que pasa por el centro de Aldama, para desplazarse a la cabecera de San Andrés, ante los recurrentes bloqueos que les impide el paso.

La zona en disputa es terreno minado. Santa Marta no acepta las decisiones de los tribunales que le ordenan la devolución de los terrenos que previamente le fueron entregados por una acción agraria errática, creando una situación que hoy ha adquirido nuevas aristas, ante la complejización del problema; siendo la más alarmante el crecimiento de la paramilitarización de la franja del. El miedo y el temor predomina entre la población de Aldama y Santa Marta, ya que ambos han sufrido bajas.

En Aldama las consecuencias son mayores, ya que ha producido una situación de desplazamiento forzado y crisis humanitaria. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha documentado que por este conflicto han sido desplazadas en el  municipio de Aldama, 416 mujeres, 84 adultos mayores, 326 hombres y mujeres jóvenes, 590 niños y niñas y 205 bebes menores de un año, quienes fueron desplazados de las comunidades de Xuxch’en, Coco, Tabak y San Pedro Cotzilnam. Es importante mencionar que estos poblados son mayoritariamente zapatistas, pero el conflicto con Santa Marta es básicamente de carácter agrario.

Después del repunte de violencia en enero de 2019, que había sido parcialmente contenida desde agosto de 2018, por la firma de un acuerdo de coexistencia pacífica, después que cinco personas, incluyendo mujeres e infantes, miembros de una misma familia, fueron asesinados el 04 de agosto (2018), en Santa Marta, se celebra que el gobierno federal intervenga directamente para resolver esta situación. De numerosas actas de acuerdos y convenios entre las partes en conflicto está tapizado el camino de los largos años de conflicto. Intentos todos ellos inútiles ante la escasa capacidad de los funcionarios que asistían a las reuniones de las “mesas de negociación”, y ante la poca voluntad del gobierno del estado en comprometerse a resolver estos problemas de calado mayor.

La ruta es muy clara. En primer lugar atender a la población desplazada y atender la emergencia humanitaria; tomar medidas efectivas para detener la violencia y dar garantías a la población; el desarme de los agresores; investigar y sancionar; y desarticular a los grupos armados. Estas son las medidas mínimas que podrán contribuir a devolver la paz y la convivencia entre dos pueblos de tradición ancestral en ese territorio.

Por lo pronto lo urgente es contribuir a la pacificación y evitar más muertes de población indefensa. El 23 de enero el Ejercito Mexicano arriba a la zona de conflicto para contribuir a la distensión, en apoyo principalmente a las denuncias de Aldama. Espero que la presencia militar en la zona sea una solución y no motivo de un nuevo problema. Se espera también que el gobierno federal involucre a actores locales de Chiapas, con capacidad de decisión.

No obstante, me surge la pregunta sobre las implicaciones de la presencia del Ejército Federal en territorio que se reivindica zapatista, sin que esté de por medio la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).