Fin de sexenio en Chiapas ¿buenas nuevas para los excluidos?
Por Daniel Villafuerte Solís
El sábado 24 de noviembre se coronó el fin de un sexenio gubernamental que inició con un capital político impresionante, Chiapas se pintó de verde, pero concluyó teñido de sangre. Ese día fue presentado el último (des) informe de gobierno del gobernador “interino” Manuel Velasco Coello, en medio de reclamos de trabajadores de la salud, de la educación, de los desplazados, de organizaciones campesinas. Además del historial de agravios acumulados durante el sexenio y de la herencia del gobierno anterior.
La respuesta fue el desalojo violento de los manifestantes, incluyendo niños, que fueron reprimidos con gas pimienta y golpes. No hubo, como prescribe un régimen democrático, diálogo, negociación, toma y daca. Estas acciones de un gobierno en contra de su población lo único que provocó fue incrementar el malestar en la sociedad. La respuesta de los indignados fue una marcha de 80 mil personas en Tuxtla Gutiérrez, 50 mil agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 30 mil de la sección 50 de los trabajadores del sector salud, para exigir juicio político al gobernador Velasco. El caso de los trabajadores de la salud es un tema que tiene que ver con la vida precarizada, con la salud de una población con mayores enfermedades que no puede comprar los medicamentos, mucho menos pagar un servicio privado, pero también de las malas condiciones laborales del personal del sector salud. El estado que guarda el sistema de salud representa la síntesis del abandono, de la corrupción, de un servicio decadente, rebasado por las crecientes demanda de una sociedad vulnerable.
El acto del sábado 24 de noviembre de ninguna manera es un hecho aislado, fue resultado de la tónica durante todo el periodo de gobierno, y de las viejas demandas no resueltas por los gobiernos anteriores. El mapa del conflicto muestra zonas viejas y nuevas con demandas diversas sin atención, sin respuesta. Esto es el reflejo de una administración que nunca se comprometió a resolver los problemas, y de la ausencia de un operador político con sensibilidad y pericia.
Lo más grave es la ausencia de respuesta de las autoridades federales, que no exigen rendición de cuentas. Se tolera, se cubre y hasta se premia con una senaduría plurinominal. Ningún ciudadano eligió a Velasco Coello como senador, lo puso su partido, en contubernio con el INE y el sistema de partidos.
Si intentáramos hacer un ejercicio sobre los logros del gobierno encontraríamos que no hay nada que valga la pena, quizá la obra más importante del sexenio fue el Lienzo Charro para deleitarse en sus propias veleidades.
La administración de Velasco Coello concluye con más pena que gloria. La deuda pública, de acuerdo con el anexo estadístico del sexto informe de gobierno de Peña Nieto (http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_Anexo_Estadistico.pdf), pasó de 16 412 millones de pesos al concluir sexenio de Juan Sabines a 22 056 (a marzo de 2018), es decir un incremento de 34.4 por ciento (las cifras a diciembre quizá lleguen a situarse en 50 por ciento). Quizá alguien pueda decir que no fue tanto comparado con el incremento generado en la administración de Sabines que fue de 1 746 por ciento (pasó de 889.7 a 16 412 millones de pesos). Sin embargo, el hecho es que el gobierno de Velasco no hizo absolutamente nada por exigir el esclarecimiento de la herencia de Sabines, y, por el contrario, siguió incrementado la carga de la deuda que se convirtió en una traba para responder a las demandas más elementales de una sociedad menesterosa.
De una población total de 5 406 040 personas, el número de pobres en Chiapas es de 4 millones 114 personas, y de pobres extremos 1 millón 498 mil personas, de acuerdo con los datos más recientes generados por CONEVAL. De este tamaño es la deuda del gobierno que termina. La misma fuente revela que el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza se incrementó a tal grado que al tercer trimestre de 2018 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica se ubicó en 67.8 por ciento, una cifra verdaderamente escandalosa. Esto revela que los escasos empleos creados durante el sexenio son precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades de alimentación.
Durante la administración de Velasco se crearon escasamente 9 289 empleos registrados en el IMSS, y el total de asegurados alcanza la penosa cifra de 223 173 personas, frente a una población ocupada de 1 858 911 personas (a diciembre de 2017), es decir únicamente 12 por ciento se encuentran registrados como derechohabientes. Es más, en el sector de la construcción se produjo una disminución de 2 824 empleos.
Por si la anterior fuera poco, la red de carreteras durante el sexenio no registró ningún aumento, aunque sí un leve incremento en el número de kilómetros de carreteras concesionadas. En el campo las cifras son un verdadero escándalo, la producción del principal grano para la alimentación de la población, el maíz, lejos de aumentar sufrió una caída, al pasar de 1 407.7 miles de toneladas a finales del sexenio de Sabines a 1 296 miles de toneladas en 2017.
Pero aún hay más: las universidades están en quiebra financiera, la UNACH, la principal universidad del estado, carga con una deuda estimada en alrededor de 1 500 millones de pesos; la segunda más importante, la UNICACH, con alrededor de 400 millones, pasivos producto de la falta de presupuestos para atender la demanda creciente. Cabe mencionar que ambas instituciones no reconocen la existencia de deuda pública, en su portal de transparencia no hay registro de información. Por otra parte, tanto la UNACH como la Universidad Politécnica de Chiapas se les ha señalado de estar involucradas en la llamada Estafa Maestra.
La sociedad chiapaneca ha sido agraviada durante muchos años, hay heridas que siguen abiertas, algunas se han venido profundizando: Migración internacional, desplazamiento forzado, y feminicidios son fenómenos cada vez más expuestos a la luz pública. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018 (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_chis.pdf) revela otros rubros importantes, en forma ascendente son: desempleo, salud, inseguridad, aumento de precios y pobreza, cuyo promedio está en 40 por ciento, el más alto es pobreza con 45 por ciento.
Podríamos seguir con la numeralia del historial de agravios en contra de la población chiapaneca, pero para efectos de la reflexión lo más importante sería preguntarnos ¿por qué ocurren y siguen ocurriendo estos hechos?, ¿cuál es el fondo de la explicación?, ¿cuáles son los niveles de subjetivación de la sociedad cuya actitud contestataria no ha sido capaz de poner un ¡ya basta! a las atrocidades cometidas sexenio tras sexenio?
Estamos frente a una profunda crisis cuyos efectos esperados podría ser la toma de conciencia, sin embargo, la otra cara de esta crisis es el ¡sálvese quien pueda!, es darle gracias al gobierno por que nos da nuestro ¡Prospera! y otras baratijas que deprecian la consciencia. Este fenómeno lo encontramos hasta en los recintos universitarios que arrollados por imposición de modelos productivistas se diluye la perspectiva crítica.
Estamos viviendo una etapa de orfandad de valores éticos, de principios fundamentales para la conducción de la vida y de la responsabilidad social, por eso nos preguntamos ¿habrá buenas nuevas a partir del 8 de diciembre, cuando inicie el nuevo gobierno de Chiapas, ya con una directriz federal que ha expresado como lema de cambio la Cuarta Transformación de la República? Por el bien de todos, ojalá que así sea y desde los primeros días podamos ver el cambio anhelado, en concordancia con las directrices del nuevo gobierno federal.
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