¿Quién manda? La consulta y la 4ta transformación

El tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha suscitado una amplia polémica en el espacio público desde hace un buen rato. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha de la consulta las distintas opiniones se fueron intensificando. En general, los comentarios básicamente se dividieron en dos segmentos: los que estaban a favor y los que se oponían ala magna obra del sexenio de Peña Nieto. Es cierto que existieronigualmente consideraciones que intentaban ponerse por encima del debate polarizante que a menudo existe en los medios de comunicación nacionales, aunque siempre fueron muy marginales. En los planos locales, el tema nunca ocupó mayor interés, quizás porque se considera un asunto que apela más a los ciudadanos de la Ciudad de México o a los que eventualmente viajan por ese sistema de transporte.

Algunos analistas y periodistas intentaron ocultar sus preferencias hacia la opción de Texcoco, siendo exhaustivos en estudios técnicos que no sólo sustentaban la idoneidad de esa propuesta sino, además, calificaban de inviable la alternativa por el aeropuerto militar de Santa Lucía y su adecuación para uso combinado con el actual aeropuerto Benito Juárez.

Desde la campaña, el ahora presidente electo mencionó que se cancelaría la obra por, entre otras razones, constituirse en una empresa faraónica y que extraería una buena cantidad de los recursos públicos para beneficiar a una minoría. No está demás recordar que el presidente Peña Nieto inició su sexenio con impulsos reformadores, que muy pronto se desinflaron ante la presunta colusión de intereses entre gente muy cercana a él. El problema de la Casa Blanca, la suspensión del tren México-Querétaro o el socavón del paso express de Cuernavaca que tuvo víctimas mortales, hizo estallar la poca credibilidad en el régimen dado el ostensible nivel de corrupción que estos problemas evidenciaban. Si esta fue la característica del sexenio ¿Por qué razones habríamos de creer que la magna obra del aeropuerto en Texcoco se fundaba bajo otros principios? Todo esto sin mencionar la oposición de los pueblos residentes en la zona y el grave daño ambiental documentado, como de hecho ya ocurre con la obra en estos momentos.

Dado el clima de polarización social, el presidente electo opta por convocar a una consulta ciudadana sin prácticamente anclaje legal alguno, pero también sin impedimento para que esta pudiera darse. Es cierto, sin embargo, que la consulta pudo haberse realizado mejor en otro momento y con un respaldo jurídico más robusto, pero eso implicaba posponer una decisión que, para el gobierno en ciernes, no podía darse el lujo de ignorar.

Por lo pronto, vale la pena recuperar algunas de la cifras que arrojó este ejercicio. Como se sabe, de los poco más de un millón de ciudadanos participantes, aproximadamente el 70 % votaron a favor de “reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía”; mientras que el 30 % restante optó por que continuase la construcción en Texcoco. En casi todos los estados se mantienen esas diferencia, salvo en los casos de Guanajuato donde la diferencia fue menor al 10% y Nuevo León, donde ganó la opción de Texcoco con un estrechísimo margen.

Aunque en las boletas y las personas que atendían las casillas de votación contaban con la información básica acerca de las alternativas, me pregunto con cuanta información pudo haber emitido su voto un ciudadano de Uxpanapa; en una de las regiones más apartadas del territorio veracruzano. No dudo que esto pueda sostenerse en otros casos.

Al hacer un chequeo muy somero de la base de datos uno se percata que en Chiapas, por ejemplo, una abrumadora mayoría se pronunció por la opción de Santa Lucía, puesto que más del 80% votaron en ese sentido; mientras que por Texcoco lo hizo una proporción menor al 20%, pero destacan lugares como San Juan Chamula, Oxchuc o San Juan Cancuc donde no hubo sufragios por ninguna de las opciones durante los días de la votación. Aquí, o bien la población decidió mantenerse al margen o los grupos de Morena tienen escasa presencia en estos lugares. Con todo, zonas tan apartadas como Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa o Suchiate, quizá no pueda explicarse de otro modo el sentido de su voto, teniendo en cuenta la escasa información que pudieron tener, sino porque fueron invitados por promotores morenistas a acudir a las urnas.

Llama la atención la manera en que muchos de los analistas y periodistas de todo tipo se pronunciaron sobre el tema. Pero más reveladora resulta el espíritu de cuerpo que han demostrado los conservadores grupos empresariales y los principales medios de comunicación que comparten aquella ideología.

En muy poco tiempo, los empresarios pasaron de criticar en los diferentes tonos posibles al excandidato presidencial de Morena a una suerte de conciliación zalamera. Durante la campaña estuvieron muy activos financiando propagandas para alimentar el miedo, con el fin de impedir su arribo al poder. Ahora vuelven a la carga esgrimiendo una violación al Estado de derecho cuando han sido ellos mismos usufructuarios de la capitulación del mismo extrayendo rentas del erario. Los empresarios y, en particular, las cúpulas de los más ricos de este país, en el tema del aeropuerto demuestran que lo que defienden son intereses económicos y contratos que no soportan el más mínimo escrutinio. Obras importantes canceladas bajo las sospechas de corrupción e infraestructura de mala calidad, fueron la característica principal de este sexenio que termina. ¿Por qué habríamos de creer en los empresarios y el gobierno actual que ahora lo harían diferente en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México?

Foto: Isaín Mandujano

Los grupos económicamente más poderosos del país han sido los principales beneficiarios del régimen neoliberal que se instauró en México desde los 80. Con De la Madrid inició el saqueo, pero se intensificó con Salinas. Así, poco a poco los bienes propiedad de la nación pasaron a formar parte de las élites económicas de nuestro país cuya voracidad no tiene límites. Los gobiernos de la transición continuaron el atraco y entregaron las joyas de la corona (PEMEX y CFE) a agentes privados nacionales y extranjeros. Y, en efecto, experimentamos de manera brutal la claudicación del Estado por ponerse al servicio de una minoría rapaz.

Los medios de comunicación tradicionales han quedado exhibidos, particularmente los consorcios mediáticos más importantes del país. Pocos fueron los que tomaron una distancia crítica frente a la polarización y la campaña de miedo que aquellos emprendían. Esas voces de modernos conservadores no se cansaron de machacar que el peso se derrumbaría frente al dólar, que los mercados reaccionarían negativamente y un catálogo de exageraciones que el ciudadano común simplemente ignora, no concede credibilidad alguna o no le interesa. Nunca han sido del todo confiables, pero la campaña que emprendieron con relación al tema del aeropuerto abona en sentido inverso a su ya de por sí mermada credibilidad.

Después de conocerse los resultados de la consulta, el presidente electo ha retomado el tema y en un tono más o menos conciliador ha recordado que el cambio de régimen va en serio. El Estado asumirá su papel regulador que nunca debió haber perdido. Es cierto, todo cambio lleva riesgos y uno de ellos podría ser una suerte de involución autoritaria. No obstante, México ha cambiado, existe un marco institucional frágil, pero básico a la hora de la resistencia. En la zona gris de los cambios que se avecinan, todavía existen espacios para la esperanza.