Nicaragua y el exilio de jóvenes activistas/II parte

Foto: Carlos de Jesús Gómez

Por Carlos de Jesús Gómez[i]

Bayardo Siles, activista de 28 años, fue detenido arbitrariamente en meses pasados en la frontera de Peñas Blancas cuando se dirigía en autobús a Costa Rica. Posteriormente, fue trasladado a prisiones de Managua y Matagalpa donde permaneció diez días. Durante este tiempo no le fue permitido realizar llamadas telefónicas, fue privado de alimentos que sus familiares le llevaban cuando se enteraron de su ubicación, fue objeto de violencia física y psicológica, y fue testigo de cómo se golpeaba y vilipendiaba a otros jóvenes detenidos. En entrevista, narra las condiciones de su encarcelamiento en el Chipote, cárcel, prisión ligada capítulos represivos durante la dictadura somocista.

En la cárcel del Chipote me infecté de un hongo en todo el cuerpo…. Las celdas eran súper sucias, era un hoyo solamente para poder hacer tus necesidades… te mantenías en bóxer o desnudo en la celda. En el día Managua es súper caliente, y las celdas en el día eran un horno, costaba respirar, y por las noches se enfriaban extrañamente. Eso era súper frio. Eran paredes de concreto rellenas de hierro. La habitación era de 2 x 2 metros, y había 4 personas. Para mí que es intencional que esté ese hongo porque desde el primer momento que yo puse el pie, me comenzó a arder, a corroer el pie, fue impresionante, fueron 4 días para salir completamente llagados mis pies (Bayardo S.).

Bayardo es nieto de Pedro Joaquín Rodríguez, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y durante su adolescencia fue miembro de la Juventud Sandinista. Sin embargo, en el año 2009 decidió renunciar a la afiliación del Frente debido a que los proyectos por la defensa y extensión de los derechos que venía realizando eran bloqueados por el gobierno sandinista, cerrándose, por ejemplo, las 48 Municipales de Adolescentes abiertas entre 2006 y 2009, donde se discutían con jóvenes temas políticos, de educación, salud, y recreación.

Siles ha sido activista en la defensa de los derechos de la diversidad sexual, haciendo parte del movimiento LGBTI desde hace 10 años. Como él, diferentes activistas desde el exilio han participado en diferentes protestas y movilizaciones sociales oponiéndose a diferentes acciones políticas del gobierno de Daniel Ortega, lo que les ha causado una persecución política y múltiples tipos de violencia ejercidas por el Estado. Algunas de las coyunturas que han venido tensionando las relaciones entre la sociedad y el gobierno han sido las polémicas elecciones desarrolladas en 2016, la ineficiente respuesta gubernamental del gobierno ante el incendio de la Reserva Indio Maíz, y las recientes reformas a la Ley de Seguridad Social, en abril del presente año.

Estas movilizaciones reflejan son resultado de un cúmulo de agravios que diferentes movimientos sociales han denunciado en los últimos años. El movimiento por la diversidad sexual encabezado por la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), el movimiento ambientalista, el movimiento en defensa de la tierra y el movimiento feminista han tenido un protagonismo político visibilizando las prácticas xenofóbicas, misóginas, neo-extractivistas, neoliberales y represivas del gobierno orteguista, y encabezando, desde abril de este año, la oposición en las calles de Nicaragua.

De tal manera, la represión ejercida a la oposición política no es novedosa. El proyecto del Gran Canal, concesionado en junio de 2013 a la empresa china HKND Group, fue una decisión política que trajo consigo despojos de indígenas y campesinos, lo que derivó en descontentos y movilizaciones campesinas y la represión sistemática de las mismas. Desde el 19 de abril, sin embargo, la violencia de Estado ha incrementado exponencialmente. Informes de Naciones Unidas[ii] han documentado y denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias e ilegales, los casos de tortura, la violencia sexual en centros de detención, las obstrucciones a la atención médica y la criminalización de los defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes.

Por su parte, el Informe Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, elaborado por la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), del 1º de octubre de 2018, da cuenta de las principales violaciones a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, entre los que se incluyen la violación a los derechos a la vida, la asociación, la concentración, la movilización y la manifestación pública, la petición y la denuncia, la libertad individual, la libertad de conciencia, el pensamiento en público y privado, no ser sometido de manera arbitraria y al debido proceso, y a elegir y ser electo.[iii]

La represión ejercida en contra de los movimientos sociales tampoco es exclusiva de Nicaragua. Existe un consenso entre diferentes analistas en que existen innovaciones en las formas de represión estatal, especialmente a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de esta fecha se han desplegado nuevos modelos de control y desmovilización social, como son las diferentes legislaciones anti-terrorismo. Tales políticas han marcado un hito en las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, con fuertes implicaciones en la forma en que otros Estados buscan contener las disidencias sociales. En América Latina, Honduras, Ecuador, Colombia, Chile, México y otros países han aprobado leyes que, por su ambigüedad, permiten equiparar las protestas al terrorismo.

En Nicaragua, después de que Ortega destruyera de forma violenta los tranques o barricadas, se ha dado paso a otra etapa represiva apoyada en el poder de los medios de comunicación, la violencia policíaca, la aprobación de la ley antiterrorista y la manipulación del sistema judicial. Como en el caso de Bayardo Siles, la detención de Edwin Carcache Dávila, Yubrank Suazo y Amaya Coppens[iv], entre otros jóvenes activistas, ha sido condenada desde fuera de Nicaragua exigiendo su liberación. Sin embargo, no todos han tenido la suerte de Bayardo, quien fue liberado después de diez días. Los organismos de derechos humanos calculan que unas 400 personas permanecen detenidas por razones políticas, de las cuales 350 se encuentran con procesos judiciales ya abiertos, el 80% por delitos de “terrorismo”.

La reciente aprobación de la Ley No. 977, en su artículo 44, manda reformar los artículos 394 y 395 de la Ley 641 o Código Penal de la Republica de Nicaragua modificando la definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo utilizando tipos penales abiertos que dejan al criterio absoluto del juzgador la interpretación de los mismos (HADEMOS, 2018). Alberto Novoa, abogado y ex-Procurador General de la República se cuestiona:

¿Quién califica a una organización de terrorista, el gobierno? Recientemente han sido detenidas como colaboradoras del proyecto terrorista personas que lanzaron a las calles globos azules y blancos… ¿Y qué significa alterar el orden constitucional? ¿Pedirle la renuncia a Ortega, pedir elecciones anticipadas? ¿El que pide eso es terrorista? ¿El que pide la derogación de la ley canalera, la ley 840 es terrorista? Si analizamos lo que dice esa ley nos damos cuenta que buena parte de nuestras acciones ejerciendo derechos pueden caer en el ámbito penal de “terrorismo” y es a ese abuso a lo que estamos hoy expuestos.[v]

Como en el caso de Siles, la mayoría de los opositores detenidos, mayoritariamente jóvenes, han sido secuestrados, ilegalmente detenidos sin orden judicial por policías, militares o paramilitares, y no han sido presentados al juez en las 48 horas posteriores. Los testimonios todos dan cuenta de malos tratos, torturas e ilegalidades. Es un hecho que ser joven en Nicaragua es, a la vista del gobierno orteguista, sinónimo, de disidencia política, por lo cual debe ser anulada a toda costa. Esto ha provocado que miles de jóvenes abandonen su país, en espera de que las cosas mejoren.

Harvin J. Meléndez, activista de 29 años de edad, es uno de los jóvenes exiliados en Costa Rica. Se sumó a las protestas, siendo parte de la Plataforma Nacional Juvenil y del Movimiento Autónomo 18 de abril, y como parte de sus acciones, buscó apoyar a opositores que iban a ser capturados acusados de terroristas, exigiendo el respeto de los derechos humanos. Esto le valió para que fuera identificado y perseguido por el gobierno suerte compartida con muchos jóvenes que participaron en alguna de las protestas. Salir del país no estaba entre sus planes, pero la violencia de Estado lo obligó a optar por el exilio.

No lo había pensado tanto por la familia, pero la familia me dijo que no llegara a mi casa porque andaban preguntando por mí. Vi que no podía ver a mi familia y que tampoco podía estar en un país donde la vida no valía nada y tampoco hay posibilidad de seguir trabajando, por todo lo que estaba pasando también, y ya no podías seguir encerrado en algún lugar en Nicaragua sabiendo que en cualquier momento podían atentar contra tu vida. Lo que hice fue decidir si lo que iba a hacer, siempre apoyando la lucha, decidí optar por una maestría en derechos humanos. Vi la necesidad de hace investigación para que en Nicaragua se demande todo lo que el gobierno estaba haciendo al pueblo (Harvin M.).

Otro caso es el de Ximena de los Árboles, activista eco-feminista de 23 años, quien decidió salir del país por la misma escalada de violencia. Participante de diferentes protestas en los últimos años e Inmersa en la organización de acciones colectivas de tipo cultural y artísticas, manifiesta haber experimentado la euforia de la movilización social y un compromiso con el movimiento social abierto en abril de este año. Sin embargo, la cercanía de la violencia había alcanzado a sus amigos cercanos y conocidos que habían resultado heridos y asesinados, lo que la orilló a tomar la decisión de salir de su país por primera vez.

Fue una decisión difícil, pero pensé que era necesario salir porque después se iba a poner más difícil. Hay amigos que ya no lograron salir legalmente. Se han venido mojados, ilegalmente, porque ya ha sido imposible. Vivo en el exilio, nunca había salido del país, habían intentos de ir a eventos congresos… jamás me imaginé que la primera vez que salí de mi país iba a salir exiliada, es duro ver los contrastes de cómo se vive en otro país (Ximena A.).

Ximena recuerda, en un conversatorio realizado en San José, cómo los jóvenes han venido liderando muchas de los movimientos de los últimos años y el papel fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos en diferentes contextos represivos. Ejemplo de esto, son las luchas feministas en un contexto caracterizado por retrocesos en materia de derechos de las mujeres, como la prohibición el aborto terapéutico a finales de 2007, y la represión policíaca que han sufrido diferentes organizaciones por manifestarse en la vía pública o el papel de las mujeres campesinas en contra los proyectos extractivos y la defensa del territorio.

Desde el exilio, en Costa Rica, muchos jóvenes continúan participando. Bayardo, Harvin y Ximena, saben muy bien que las redes han sido fundamentales para que ellos puedan conseguir apoyo elemental en su estancia en Costa Rica, por lo cual buscan dar continuidad y fortalecer las de redes de apoyo para que las personas que se encuentran en albergues bajo condiciones precarias puedan acceder a servicios de educación, salud y refugio, pero también en materia de prevención de problemas latentes como son la trata de personas, la explotación laboral, y la militarización de los jóvenes. Otros jóvenes exiliados siguen movilizados en caravanas por América Latina y Europa, buscando visibilizar la situación de Nicaragua, y buscando el apoyo de la comunidad internacional.

En resumen, el gobierno de Ortega pensó que con una dosis de represión podían callar las voces de los jóvenes opositores que se han venido activando en los últimos años. Sin embargo, lejos de que las acciones represivas hayan desmovilizado a los manifestantes y que el movimiento haya perdido legitimidad, se han venido sumando diferentes actores sociales, en desmedro de la legitimidad del gobierno de ortega, que se mantiene en el poder con las armas.

A siete meses de haberse abierto este ciclo de protestas, los escenarios son muy inciertos. Entre los activistas, sin embargo, prevalece el ímpetu de seguir movilizados y lo hacen de maneras diversas, con acciones de tipo cultural, performativo o soterradas, procurando disminuir el costo de la represión o bien desde el exilio, entre jóvenes que buscan que las condiciones en Nicaragua mejoren para poder volver.

No veo Costa Rica como destino para vivir, temporalmente estudiaré y trabajaré pero no veo a CR como un país destino, porque en Nicaragua tengo mi familia, mi círculo social y hay muchas cosas que se pueden crear y hacer políticamente en Nicaragua, restablecer la democracia, evitar la violencia que se viene haciendo (Harvin).

Prefiero estar en Costa Rica por el momento, avanzar en la universidad, parece que mi universidad va abrir clases virtuales y quiero terminar de estudiar, conseguir un empleo, enviar dinero a mi familia que también se ha visto afectada, y también seguir la lucha, visibilizándola. Considero que la presión internacional es clave, sin duda no resuelve los problemas, pero quiero seguir haciendo lo que hemos hechos, aprovechar espacios que se nos abren y tratar de organizarnos y articularnos mejor (Ximena).

[i] Investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica – Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica. Correo electrónico: jesus.gomezabarca@gmail.com

[ii] Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comusionado. Seguimiento a la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua: intensificación de la criminalización de las protestas boletín mensual n. 1 – septiembre. Disponible en http://www.oacnudh.org/oacnudh-presenta-primer-boletin-mensual-de-seguimiento-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-nicaragua/

[iii] Hagamos Democracia (HADEMOS), 2018. Informe Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, elaborado por la Asociación, firmado el 1º de octubre de 2018. Disponible en http://www.hagamosdemocracia.org.ni

[iv] Véase https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474431-dirigentes-detenidos-crisis-nicaragua/

[v] Novoa, Alberto (2018). “El sistema judicial está siendo usado por el régimen como arma política represiva”. Revista Envío No. 439. Disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/5539