Democracia, de rodillas
Foto Francisco Velázquez
La democracia partidista no funciona sin dinero. Sin embargo, cuando es mucho, la pervierte; y cuando es poco o nada, la castra y la pone de rodillas. El 26 de noviembre, es decir, en 21 días, habrá elecciones extraordinarias en Chiapas y no hay recursos públicos para que se lleven a cabo. La Secretaría de Hacienda estatal aún no suministra los 19 millones que solicitó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para organizar los comicios en diez municipios, donde los tribunales anularon las elecciones por diversas irregularidades asociadas con la violencia.
El asunto preocupa y adquiere tintes de alarma. En las desastrosas condiciones en que están las finanzas públicas, nada garantiza que el Ejecutivo otorgue ese dinero para subsanar las diferentes etapas del proceso. Si evade su responsabilidad, procede una demanda jurídica contra el gobierno, pero por los tiempos apretados se ve difícil una resolución oportuna; además, está demostrado que tampoco las sentencias del Poder Judicial se cumplen, como ha sucedido en los casos que se ha ordenado la restitución de funcionarios municipales, recuérdese Oxchuc o Chenalhó.
De cualquier forma en que se resuelva el problema –cancelación de los comicios, atracción por parte del gobierno federal y del Instituto Nacional Electoral, o entrega parcial y demorada de recursos estatales–, las elecciones extraordinarias quedarán señaladas como un atentado institucional a la democracia. El Estado quedará exhibido como incapaz de reproducir y garantizar el sistema que le da sustento a sí mismo.
De entrada, si se decide efectuar los comicios en condiciones precarias, queda libre el camino para que el “dinero sucio” sea el que se apodere de la dinámica electoral, desde las campañas hasta el día de la votación. En esas condiciones ¿se podrá hablar de legalidad y legitimidad? La equidad sería el primer principio electoral muerto, y de ahí la confianza, la certeza y todo lo que se le asocie. Bajo estas circunstancias, lo que tanto se teme y se rechaza, la violencia, se da por descontada. Y luego vendrán, los brotes de ingobernabilidad.
En ese contexto y con los antecedentes inmediatos del proceso del 1 de julio, ¿los actores políticos querrán dirimir sus inconformidades ante los tribunales? Por supuesto que lo dudarán. Podrán venir pactos extralegales o políticos que “arreglen” el conflicto, pero la legitimidad de los gobernantes quedará fracturada y la democracia sumamente desprestigiada.
Por las consecuencias perniciosas que acarrearían unos comicios extraordinarios efectuados sobre las rodillas, la responsabilidad del gobierno estatal en la configuración de un escenario catastrófico, es total. Queda poco tiempo para que atenúe ese desenlace no deseable para Chiapas, pensando en sus derivaciones violentas y en que estratégicamente la gobernabilidad es fundamental para el buen inicio del próximo gobierno.
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