Ante persistente violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos, proponen una ley general de prevención y protección
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Por Samantha Páez
De acuerdo con Alejandro Cerezo, de Comité Cerezo, de 2010 a 2018 fueron desaparecidas 150 personas defensoras de derechos humanos y 250 ejecutadas; en ese mismo periodo 12 periodistas fueron víctimas de desaparición y 72 de homicidio. Esto a pesar de la existencia en México de un mecanismo de protección por parte del gobierno federal.
Ante esa situación 60 organizaciones sociales y activistas, entre ellas la Red Nacional de Periodistas de a Pie, impulsan una iniciativa para crear una nueva Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Dicha propuesta fue presentada públicamente este miércoles 20 de noviembre y será llevada al Congreso de la Unión el 22 de noviembre, además se abrirán tres fechas para la discusión y retroalimentación con legisladores, integrantes del nuevo gobierno federal, organizaciones y personas interesadas en el tema lo días: 26 de noviembre, 5 de diciembre y 11 de diciembre.
Más transparencia
Al momento de presentar la iniciativa de ley general, Alejandro Cerezo destacó que una de las cosas en las que se pone más énfasis es en la transparencia y rendición de cuentas. La idea es que todos los datos que maneja el mecanismo, menos la información personal de las personas beneficiarias, sea pública.
Esto debido a que existen dudas de cómo se distribuyen los recursos y a los precios que maneja la empresa encargada de la protección de las personas beneficiarias.
En su informe “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, Fundar evidenció un subejercicio de los recursos del Fideicomiso Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de 37.2 millones de pesos de 2013 a 2015.
Además de que la mayoría de medidas de protección son físicas, lo cual eleva el gasto y no resuelve el problema de fondo, que es la inseguridad e impunidad que impera en el país.
Cerezo dijo que la iniciativa sería el primer paso para establecer una política pública de protección que siga los estándares internacionales y que se vuelva realidad las recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de derechos humanos.
Reparación del daño
Por su parte Jade Ramírez Villanueva, de Periodistas de a Pie, sostuvo que una de las partes más importantes la propuesta es la garantía no repetición y reparación de daño para periodistas y personas defensoras que sean víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
Con el reconocimiento de periodistas y personas defensoras como víctimas, más allá del amarillismo con que se aborda el tema, le daría un carácter urgente y pondría en contexto la compleja situación en la que ejercen su labor ambos gremios.
Para Jade Ramírez la nueva ley no restringiría al mecanismo de protección federal y no anularía a los mecanismos estatales, sino que permite que las personas beneficiarias elijan en qué mecanismo quedarse y participar más de las medidas de seguridad que requiera.
Fernando Ríos Martínez, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT), dijo que otra de las cuestiones interesantes de la propuesta es hacer responsables a los estados de la protección de periodistas y personas defensoras, además de hacer cumplir el mandato del mecanismo
Asimismo la iniciativa de ley pretende hacer valer el derecho a defender y legitimar el trabajo de las personas defensoras, para que los ataques en su contra sean considerados violaciones a los derechos humanos. Otra cuestión que se propone es que los delitos no prescriban, para que el sistema legal pueda resolver de fondo.
Legislaciones complementarias
Mario Andrés Hurtado Cardozo, de Propuesta Cívica, manifestó a su vez que la inicitiva para crear la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas se da en un momento coyuntural.
Donde la crisis es notoria tanto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) como en el mecanismo de protección, debido a que sus acciones son reactivas y no buscan de fondo garantizar los derechos humanos a la libertad de expresión o a la defensa de derechos humanos.
Hurtado puntualizó que no bastaría con avanzar en una normativa más amplia y de mayor protección a periodistas y personas defensoras, sino ésta no va acompañada de otras legislaciones a favor de los derechos humanos y que limiten la militarización del país.
¿Qué contiene la ley?
A groso modo la iniciativa contempla ocho puntos principales:
- Definiciones, donde se toma el concepto más amplio para definir a la persona defensora y periodista, y marco jurídico.
- Las obligaciones del Estado para a defender derechos humanos y la libertad de expresión, así como los delitos contra dichos derechos.
- De la investigación de los casos.
- Operación del mecanismo federal y los mecanismos estatales, así como de los recursos que se les destinarán.
- La reparación integral del daño.
- Capacitaciones, sanciones e inconformidades.
- Transparencia y Acceso a la Información.
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