El nuevo gobierno de Chiapas, la numeralia de la exclusión y la cuarta transformación
Daniel Villafuerte Solís[1]
En días pasados, Andrés Manuel López Obrador declaró que México se encuentra en una situación de bancarrota, la reacción de los empresarios y diversos opinadores fue virulenta. La verdad es que coincido con la opinión de López Obrador, quizá hasta se quedó corto. Algunos economistas ilustrados argumentaron que la bancarrota se produce cuando el país declara moratoria a su deuda, pero México todavía puede pagar, para que todos entendamos uno de estos economistas caricaturizó: si una persona está enferma, pero puede ir al trabajo, en vez de estar en el hospital, significa que puede cumplir con sus obligaciones. Más allá de esta desatinada comparación, la triste realidad es que este aparente pago de la deuda se hace acosta de mayor endeudamiento, del desvío de recursos para servicios fundamentales como la educación y la salud, por eso está tronado el sistema de salud, lo vivimos en Chiapas. México debe alrededor de 200 000 millones de dólares, que representa alrededor del 50 por ciento del valor del producto interno bruto, guardando las debidas proporciones la deuda de Zambia representa el 53 por ciento de su PIB, en números absolutos alrededor de 14 600 millones de dólares, por este hecho está en riesgo de perder su soberanía frente a China, país que ha invertido grandes cantidades en proyectos de infraestructura; además, se le suspendió una inversión de 34 millones de dólares por parte de Reino Unido, Finlandia, Irlanda y Suecia, destinados a educación y asistencia social.
Por si esto fuera poco, México tiene una duda interna récord que suma 6.5 billones de pesos; la deuda de PEMEX llega a 100 mil millones de dólares y el déficit comercial en materia de energéticos alcanzó en 2017 la escandalosa cifra de 4 mil millones de dólares, en parte porque el país importa el 72 por ciento de la gasolina que consume. Por otra parte, en el ámbito social tenemos cerca de 60 millones de pobres y una violencia criminal con miles de muertos y desparecidos que cada día aumentan en estados como Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Podríamos seguir agregando más cifras para fundamentar por qué México está en bancarrota, solo diremos que lo está porque un puñado de poco más de 30 familias poseen inmensas fortunas, y porque una casta de funcionarios ha venido sangrando el erario durante décadas.
Pero si México está en bancarrota, ¿qué podemos decir del estado de Chiapas?, que registra las cifras de pobreza más altas del país, con altos niveles de endeudamiento y violencia en distintos municipios de la entidad, con enormes rezagos en educación, salud y empleo. Una población en crecimiento que rebasa, según las últimas estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los 5.4 millones. Con una economía extractivista y un sector comercio donde predominan los micro y pequeños establecimientos que no generan empleos decentes.
El nuevo gobierno está en espera de tomar protesta, el Ejecutivo todavía no da señales claras del perfil de los integrantes de su equipo y tampoco se sabe de propuesta de desarrollo para superar las enormes carencias. Es probable que por lo menos la mitad de los funcionarios provenga del todavía gabinete gubernamental, otros cambiarán de color, pero predominarán los mismos que vienen del viejo régimen con toda la carga de prácticas nocivas. Tendremos vino viejo en odres nuevos. Todo es posible en el juego del poder, con una población segmentada y alienada por la pobreza. En lo que hace al poder municipal la suerte está echada, la gran mayoría proviene de las filas de los partidos conocidos y los partiditos locales creados exprofeso, producto de la metamorfosis del poder instituido: 76 presidentes afines al poder actual (Verde, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas, PRI y Nueva Alianza), frente a 28 de fuerzas del “cambio” (PT, Morena, Encuentro Social). En la representación del congreso es evidente la presencia de las viejas estructuras de poder con 16 diputados (Verde, Chiapas Unido, PRI y Mover a Chiapas), frente a 19 del PT y Morena, a los que eventualmente se sumarían 3 del PES que no fueron en coalición. El PAN y el PRD sólo tienen un representante. De todos modos, es una composición variopinta donde hay diputados que provienen del Verde enquistados en las fuerzas del “cambio”.
La escuela que ha dejado Manuel Velasco Cuello ha sido una de las peores, en fuerte competencia con su predecesor, Juan Sabines Guerrero. Una escuela caracterizada por la rapiña, del menosprecio por Chiapas y por la vida de millones de indígenas, campesinos que se encuentran sumidos en una profunda crisis. Esta escuela seguramente será la que de la pauta en el nuevo gobierno de Rutilio Escandón.
En Chiapas, según las estadísticas más recientes, viven 5.4 millones de personas, más de 4 millones son pobres. De estas vidas precarias, 1.5 millones se debaten en medio del hambre y la miseria, son lo que científicamente el gobierno llama pobres extremos. ¿Qué tipo territorio es este donde sobreviven millones de seres humanos, donde mucho de ellos esperan del gobierno que los sustraiga de su situación? Este es el tamaño del problema social en este atribulado estado, sin hablar de precaria economía rural-doméstica; de profunda asimetría de las regiones (Altos-Soconusco; Costa-Sierra, Centro-norte, etcétera).
Esta realidad, producto de largas décadas de abandono gubernamental, de favorecer un modelo de hacer y deshacer, de manipular y traficar, que optó por mantener a Chiapas como una despensa para servir al centro del país, aprovechando los recursos hídricos para beneficiar el desarrollo industrial del país; el gas, la electricidad, el petróleo, el aceite y el azufre que produce Chiapas para beneficiar el desarrollo del capitalismo en otros espacios.
¿Cómo enfrentar esta cruda y lacerante realidad en la idea política de la Cuarta Transformación? La posibilidad de llevar a la práctica esta idea debe pasar por un replanteamiento de raíz de la forma en que han venido operando los sucesivos gobiernos de la entidad y su relación con el centro del país, es decir, los poderes federales. Implica poner de pie lo que está de cabeza.
El gobierno central no puede seguir, a pesar del pacto federal, reproduciendo un modelo “finqueril” en los estados, donde los gobernadores son omnipresentes y omnipotentes, dadores de vida y muerte de una población inerme, vulnerable frente a los poderes fácticos y constituidos. Es tiempo de llamar a cuentas a los gobiernos de los estados, en el marco de respeto al pacto federal, que no significa impunidad y corrupción. No se puede continuar permitiendo, como ocurrió con Manuel Velasco, que se cambie la constitución local en cuestión de horas y se trasgreda el espíritu de la Constitución Política del país plasmado en el artículo 116. Resulta absurdo que una persona sea gobernador interino de sí mismo y también Senador de la República con licencia.
Hace falta un balance serio y profundo de la actuación del gobierno chiapaneco que está feneciendo. La enorme deuda debe transparentarse y el gasto en programas sociales que no cuadra con el incremento de la pobreza, entre otros aspectos urgentes. Debemos recordar que de acuerdo con la información del Censo de Población 2010 en el estado se registró 1 142 000 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, a los que debemos sumar la población campesina. En estos sectores de la población se encuentran los 1.5 millones de excluidos que sobreviven en condiciones miserables, donde la falta de comida es una constante. Por esta realidad y muchas otras cosas más, el nuevo gobierno debe dar señales de cambio y ser consecuente con la idea de la Cuarta Transformación.
[1] Investigador en el Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA), del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
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