Alianzas espurias y oportunismo político

No creo equivocarme si afirmo que no ha existido transición de un sexenio a otro con mayores expectativas y presión como actualmente se vive con el nuevo gobierno que habrá de instalarse en diciembre próximo. En esto, pienso que no sólo los críticos y perdedores en la pasada elección ponen su parte, sino que los prospectos a funcionarios y el propio presidente electo contribuyen a que el clima político se tense; de manera que surgen dudas razonables sobre la viabilidad de las propuestas que se enarbolan y la hipotética sobriedad con la que supuestamente habrá de conducirse la nueva administración. Entre que gobierno en ciernes hace esfuerzos por disminuir la carga a la ciudadanía de lo que significa sostener a la burocracia bajando los salarios de los altos funcionarios, de la misma forma se hace propaganda de una supuesta austeridad republicana; pero uno de los más cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, participa de una fastuosa boda que contrasta con la supuesta medianía con la que debe vivir un funcionario, tal y como proclama el presidente electo.

Si el gobierno se ha constituido y siempre ha sido la principal mina de oro para políticos sin escrúpulos, está aún por verse de qué lugar saldrán los nuevos perfiles que habrán de poblar la nueva administración en donde su principal virtud sea el conocimiento técnico y la probidad. Como la realidad misma nos ha demostrado, en el gobierno pueden existir discrepancias, pero al momento de proteger intereses tiende a prevalecer el espíritu de cuerpo. Por eso, la nueva clase gobernante no emergerá solamente de los espacios burocráticos de quienes han hecho virtud de su labor como funcionarios, sino que deberían venir de la sociedad misma o al menos eso esperaríamos de un gobierno que contempla nutrirse de los mejores elementos para el buen desempeño de sus funciones.

Por lo pronto, las políticas de austeridad parecen no tener punto de retorno, puesto que en el Congreso ya se llevan a cabo los ajustes tanto en el gasto, como en el monto de las percepciones de los integrantes de las cámaras. De hecho, nos hemos enterado de muchos de los excesos en que se incurría en el Congreso y es correcto disminuir el monto de los recursos que se invierten ahí no sólo porque se trata de una promesa de campaña, sino porque resulta inmoral frente a los grandes rezagos del país y la pobreza que se experimenta en todas partes.

Sin embargo, cuando uno se entera de la forma en que los gobernadores ya no digamos se exceden en gastos, sino que abiertamente desvían recursos sin que prácticamente ocurra nada, no es descabellado pensar entonces que la operación de nuestras instituciones siguen prácticas semejantes al crimen organizado o es que este ha colonizado a varios segmentos de la administración pública. El día de ayer, por ejemplo, se hicieron fuertes señalamientos a la secretaria, Rosario Robles, por el desvío de recursos usando a varias universidades públicas del país, lo que en el argot periodístico se conoce como la estafa maestra. No obstante que la ex secretaria de la SEDESOL y su equipo más cercano ya arrastraban una suma considerable de recursos públicos sin aclarar, prácticamente todos ellos pasaron a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. De acuerdo con los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, la suma no aclarada y con presunto daño patrimonial rebasa los 6 mil millones de pesos, mientras estos funcionarios ocuparon puestos claves en la Secretaría de Desarrollo Social.

Igual de escandalosas resultan las declaraciones del exsecretario de Finanzas del gobierno del Estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, quien a finales de septiembre reconocía que, por instrucciones del exgobernador, se desviaron más de 700 millones de pesos correspondientes al seguro popular en 2013. Las opiniones del ex funcionario no tienen desperdicio en tanto que nos revelan crudamente la manera en que se desviaron los recursos públicos. En sus declaraciones a un diario de circulación nacional muestra la mecánica y con frialdad acepta que sabía de la existencia de empresas fantasma a través de las cuales se destinó a otros fines el presupuesto para atender necesidades de los veracruzanos.

Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas.

No dudo que existan otros modelos de operación en la administración pública del país, pero tan sólo estos casos resultan reveladores del gigantesco deterioro de los gobiernos de la república en sus distintos niveles. Lo que, a su vez, nos explica al menos una parte del hartazgo de la ciudadanía y algo de la racionalidad de su voto en las pasadas elecciones. Ello, también, es indicativo del tamaño del reto que tenemos enfrente.

Sin embargo, en los planos locales el escenario aparentemente se torna prometedor, sobre todo si pensamos que algunos gobernadores y alcaldes no tendrán que lidiar con los intereses políticos de un gobierno federal de un partido político distinto. En efecto, los gobiernos estatales de Chiapas, Tabasco y Veracruz, por mencionar algunos, que en breve entrarán en funciones bajo las siglas de Morena, no podrían albergar mejor escenario que el que representa un presidente de la república creador de la agrupación política que los llevó al poder en cada una de sus entidades federativas. En todo caso, serán sus propias habilidades o defectos los que permitan coronar una buena o mala administración. Por lo pronto, el presidente electo ha decidido mantenerlos a raya mediante la designación de los 32 coordinadores estatales que habrán de tener funciones metaconstitucionales, lo que significa el control y centralización de la inversión pública federal en cada una de las entidades federativas. Con otra palabras, los gobernadores ya no podrán hacer lo que les venga en gana con los recursos públicos, puesto que tendrán el contrapeso de un representante directo del ejecutivo federal. Esta medida, si bien intenta resolver la falta de contrapesos con la que operan los gobernadores, resulta una medida por lo menos desconcertante en un sistema democrático que privilegia el funcionamiento institucional mediante el control entre poderes.

Estando de acuerdo en que resultaba imprescindible poner un alto a los gobernadores por los excesos demostrados, no necesariamente es la mejor medicina nombrar una suerte de vicegobernadores para someter a los poderes locales. Siendo que las capacidades recaudatorias de los gobiernos subnacionales son punto menos que insignificantes, de modo que buena parte de los recursos provienen de la federación, se cierra el círculo perverso que hizo de los gobernadores auténticos reyezuelos manteniendo bajo control el presupuesto. Lo que esto nos muestra es que nuestra tradición política sigue vivita y coleando, aquella que se sustenta en el autoritarismo del régimen. En lugar de fortalecer a los órganos del control del propio Estado (los congresos estatales, por ejemplo), se propone la vía más rápida y fácil de la centralización. En vez de hacer más robustas las organizaciones de la sociedad civil para convertirlas en genuinas instancias de control social sobre los poderes públicos, se nos retrotrae cien años concentrando el poder económico de la federación a través de los coordinadores estatales. Me temo que estas medidas no podrán sostenerse por mucho tiempo.

Lo más perturbador es que el gobernador sustituto de sí mismo, Manuel Velasco, termine siendo uno de los interlocutores imprescindibles para el nuevo gobierno de López Obrador. El gobernador de Chiapas, ha dado muestras de su sagacidad política pactando con el ahora presidente electo la rendición del Partido Verde en su entidad, con el propósito no sólo de asegurarle los votos que ayudaron a conseguir el más alto cargo de la república sino, además, permitir que un candidato y ahora gobernador electo, Rutilio Escandón, pudiera alcanzar el ejecutivo estatal.

El gobernador electo cuenta con carrera burocrática y en el sexenio de Manuel Velasco, se desempeñó como presidente del Tribunal de Justicia del Estado. A decir verdad, nunca fue un candidato competitivo, pero tuvo la fortuna de que muchos acontecimientos le favorecieran. Para empezar, el pleito encarnizado por la candidatura al gobierno del Estado en el Partido Verde propició que el proceso sucesorio se desbaratara. El PRI cargaba con sus propios lastres locales y la losa que significaba un gobierno como el del presidente Peña Nieto, cuya administración estuvo marcada prácticamente desde sus inicios por casos de corrupción que implicaron directamente al presidente. La alianza PAN-PRD nunca pudo despegar en tanto que el candidato resultaba un tránsfuga del PRI y el candidato presidencial, Ricardo Anaya, afectó la campaña local por el impacto de los casos de corrupción en que se vio implicado. Desde luego, el propio crecimiento de la campaña de López Obrador fue otro de los elementos que tuvo a su favor, Rutilio Escandón, que imprimió la fuerza suficiente y arrastre necesarios para que los votos llegaran sin el mayor esfuerzo. También, el pacto Manuel Velasco, AMLO y Peña Nieto, terminó por allanar el camino al que en los próximos días se convertirá en jefe de la administración pública estatal.

Aunque Chiapas no es de la entidades más violentas del país, pues las cifras oficiales la ubican -digamos- a media tabla en el conjunto de las 32 existentes, no es menos cierto que su paso por el máximo tribunal estatal del hoy gobernador electo fue, cuando mucho, de bajo perfil. Siendo parte fundamental en la implantación del nuevo sistema de justicia penal y pese a la cuantiosa inversión manejada, ni el mejoramiento físico y la ubicación de los juzgados pueden considerarse como idóneos, como tampoco ha sido suficiente la capacitación a policías y funcionarios que habrán de brindar seguridad e impartir la justicia que tanto reclama la ciudadanía. Peor aún, se están presentando casos alarmantes de violencia hacia periodistas, mujeres y comienzan a prosperar formas de justicia por propia mano. En este contexto, no sorprende que las percepciones de la ciudadanía acerca del nuevo modelo de justicia termina favoreciendo a los delincuentes.

Lo que hasta ahora puede observarse es que el gobernador electo no sólo carece de ideas, en la medida en que se ha limitado a repetir lo que López Obrador dijo durante la campaña sino que, además, tiene dificultades para integrar el equipo de funcionarios de primer nivel que le habrán de ayudar en la difícil tarea de gobernar un estado que acusa severos problemas de justicia social.

La corrupción en el sector público siempre ha existido. Sin embargo, encuentro al menos dos diferencias con relación al pasado. Por una parte, la clase política quizás podía tener algo más de pudor en torno a su actuación pública, es decir, había algún grado de autocontención. Hoy, los políticos actúan con el más absoluto descaro y en ello no encuentro distingo alguno entre las organizaciones políticas existentes en el país. Por otra parte, otra cosa que nos diferencia con el pasado es que contamos con algunos instrumentos legales para transparentar las acciones de quienes son beneficiarios de los recursos públicos. Antes, lo que operaba era la opacidad, hoy podemos conocer con cierto grado de detalle la forma en que opera la criminalidad organizada en el ámbito estatal. Califico de criminalidad organizada estatal a los distintos ejemplos que en todo el país tenemos a propósito de las formas en que son desviados los recursos públicos, porque no son casos aislados, existe un patrón y no se puede operar de otra manera sin que exista una red de intereses que permita la apropiación privada de los recursos del Estado.

Uno de nuestros grandes problemas nacionales ha sido la impunidad y opacidad con la que actúan los poderes públicos del país. Pero la transición nos dejó como activo las normas de la transparencia, justamente para hacer cada vez más claro el destino y uso de los recursos públicos, es por ello que ahora podemos saber cómo y en dónde se invierte o, mejor dicho, a dónde irán a parar los recursos que son producto del esfuerzo de todos los mexicanos. Esto, desde luego, es una buena noticia y debemos conservar e incluso ampliar el derecho a saber porque contribuye a poner diques de contención a los excesos. No obstante, el caso es que no podemos avanzar mucho más si no logramos transformar por completo todo nuestro sistema de justicia, porque es ahí donde muchos de los casos de flagrante desvío de recursos no puede ser castigado conforme al actual estado de cosas. Peor aún, el saber y documentar (como lo hace la Auditoría Superior de la Federación) casos de corrupción, pero que nuestro actual sistema de justicia es incapaz de procesar, tiene un impacto brutal sobre el animo de la ciudadanía, como ya lo estamos experimentando para bien y para mal.