El dolor infinito

Para Paul Tell, con el remedio en el desamparo

No les falta razón a quienes han afirmado que México se ha convertido en un auténtico cementerio. Al menos desde la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico, el país ha experimentado desde entonces una espiral de violencia imparable, cuyas consecuencias resultan incalculables por el carácter fragmentario y asistemático de los datos disponibles hasta ahora.

Sólo los cínicos e hipócritas pueden permanecer inmutables ante el sufrimiento de las personas. Los desgarradores testimonios ofrecidos por familiares de los desaparecidos ante el presidente electo, constituyen genuinamente los gritos desesperados frente a una autoridad que en diferentes niveles y contextos parece haber colapsado en sus obligaciones de combatir la imparable criminalidad que llena de luto muchos hogares mexicanos.

En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, los familiares de las víctimas de la violencia elevan la voz porque han sido años de silencio y de autoridades que no sólo se niegan a escuchar, sino que han sido indolentes en la resolución de los miles de casos que hacen estallar las estadísticas oficiales.

Violencia feminicida.

El señor Fabián Sánchez, pide al presidente electo, “si no me vuelve a ver, aquí está toda la información. Mi hija se sacrificó y me voy a sacrificar por ella para desmembrar a todos estos desgraciados… “ Y ya no pudo seguir porque una crisis nerviosa lo dejó postrado a merced de los paramédicos que hubieron de auxiliarlo. Conviene reiterar que el Sr. Sánchez está amenazado de muerte por investigar la desaparición de su hija, nada más y nada menos que por las propias autoridades ministeriales. O la voz de doña María González, que suplica frente a López Obrador si “quiere que me hinque para que me ayude a buscar a mi hijo” quien desapareció desde hace siete años.

En un auditorio que exudaba el dolor largamente contenido de los familiares de la víctimas, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con ellos para que se haga justicia. “Vamos a buscar la forma de reconciliarnos, vamos a buscar la manera de conseguir la paz, con justicia y con dignidad, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo con ese propósito, yo reconozco de manera sincera lo que ustedes han hecho y comprendo su dolor, comprendo lo difícil que es no estar con sus seres queridos, sobre todo sé muy bien lo que significa el amor de los padres a los hijos, que es posiblemente el amor más sublime y por eso entiendo mucho el dolor de ustedes. Yo sí perdono, yo en esto puedo diferir con algunos. Ya saben que siempre digo lo que pienso, y les digo: olvido no, perdón sí, ése es mi planteamiento. Respeto a quienes dicen ni perdón ni olvido, los entiendo, los comprendo, yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo. Les digo por lo que corresponde a mi responsabilidad, yo voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia y voy a comprometerme a que va haber justicia en todo lo que humanamente estéde mi parte. Voy a cumplir con ustedes.”

Peor aún, en múltiples casos las sospechas apuntan más bien a la colusión de intereses entre las organizaciones criminales y algunos actores estatales. Esta colonización de ciertos espacios institucionales del Estado mexicano, particularmente en el sistema de seguridad y de justicia, nos hacen ver el enorme reto que el nuevo gobierno debe enfrentar.

Hace no mucho tiempo, uno de los personajes de leyenda en el periodismo mexicano, entrevistó a uno de los grandes capos del narcotráfico en el país. De manera cruda, Ismael “el Mayo” Zambada, nos recordaba que había narcotráfico para rato, puesto que sus tentáculos y redes de operación ya estaban presentes en el entorno social. De ahí, también, el mayúsculo desafío que tenemos enfrente como sociedad.

Muchos grupos de la sociedad civil se han organizado no sólo con el fin de comprender el fenómeno sino, además, para actuar otorgando algunos apoyos a familiares de desaparecidos y denunciando la negligencia y, en su caso, la abierta corrupción de las autoridades que deberían ser el freno a la violencia en sus diferentes manifestaciones, pero particularmente a la violencia criminal, es decir, aquella que se deriva de las organizaciones criminales, de los agentes estatales coludidos con ellos o de la inacción de las propias autoridades. Pero la acción de todos estos grupos (en su mayoría concentrados en la Ciudad de México) no es suficiente para el tamaño del problema.

Sin embargo, el colapso de nuestras instituciones de justicia no sólo se explica por la corrupción y la penetración con que las organizaciones criminales han logrado horadar las instituciones de seguridad en todo el país.

Como se ha dicho hasta el cansancio, nuestro sistema de justicia no fue diseñado para revelar la verdad en algún acto criminal, sino para fabricar culpables y para extraer algún tipo de renta para los que han caído en desgracia.

El nuevo sistema de justicia penal intenta revertir tibiamente esta circunstancia, pero no es posible cambiar de manera inmediata las falencias de una maquinaria que sobretodo ha servido para fabricar culpables, con los recursos hasta ahora disponibles. Las policías, por ejemplo, fueron adiestradas para mediar el conflicto usando el “tolete” como medida disuasoria. Ahora resultan fundamentales para la investigación criminal, pero están pobremente capacitados para ello.

Mientras esto ocurre, la brutalidad con que a menudo se ejerce la violencia estatal y criminal crece como los hongos, orillándonos al escenario más funesto de que se tenga memoria en México, que se materializa en el profundo dolor de la víctimas de los desaparecidos, cuyos cuerpos han quedado esparcidos por todo el territorio sin saber siquiera dónde están.

Con un sistema de justicia que ni mínimamente puede revertir la terrorífica tendencia de la impunidad, puesto que de la totalidad de los delitos denunciados más del 95% no se resuelve; largo parece el camino de reconstrucción de una de las instituciones más importantes que contribuiría a la pacificacióndel país.

Cabe apuntar, además, que Chiapas no está exento de este terrible escenario y el gobernador electo tiene pleno conocimiento de ello. Aunque las cifras para la entidad no parecen tener punto de comparación frente a los casos de Veracruz, Tamaulipas o Guerrero; lo cierto es que el fenómeno no deja de ser preocupante. En este sentido, es indispensable ir construyendo puentes de entendimiento con los grupos organizados de la sociedad civil chiapaneca a fin de modificar las tendencias. Al mismo tiempo, es necesario empezar a difundir las propuestas que el nuevo gobierno está obligado a ofrecer en esta materia.

Por lo pronto, la sociedad no tiene otro camino que el apoyo y solidaridad con las víctimas; al mismo tiempo en que se demandan los cambios que se aprecien como necesarios para detener este inaudito baño de sangre. Los desaparecidos y sus familiares no pueden esperar ni un minuto más.