Signos alentadores y preocupaciones del nuevo gobierno

Apenas hemos rebasado la cuarentena y parece que aún estamos en campaña. El ahora presidente electo, salvo los escasos días que pasó junto con su familia de vacaciones hace apenas un par de semanas o un poco más, continúa desarrollando una actividad febril como si todavía estuviera en campaña. No está mal el ímpetu que ahora imprime al conjunto de las actividades que realiza; puesto que hay asuntos en la agenda nacional que requieren atención urgente. Sin embargo, habrá que atemperar los ánimos para poder pensar de manera serena lo que realmente se podrá hacer en el sexenio. Para nuestra mala fortuna, no todo lo que se plantea se podrá realizar, ni resulta deseable que cualquier tipo de ocurrencia distraiga la atención del nuevo gobierno.

La euforia colectiva no nos permite reconocer que, en efecto, estamos ante un hecho genuinamente trascendente, en tanto que se ha podido enviar un mensaje contundente a través del voto a toda la clase política de este país, incluidos los propios morenistas; muchos de ellos igualmente sorprendidos por los resultados y por los retos que tienen enfrente en su oportunidad de gobernar.

El frenético activismo del presidente electo puede conducirnos a un callejón sin salida, puesto que no es por voluntad que los grandes problemas nacionales habrán de resolverse. La solución de los grandes rezagos del país se han postergado durante tanto tiempo que es imposible resolverlos en tan sólo seis años. Por lo tanto, sería recomendable equilibrar los ritmos y concentrar los esfuerzos para discernir entre lo deseable y lo posible, de tal forma que se puedan enfocar estratégicamente mejor los escasos recursos disponibles para un cúmulo de necesidades que no podrán resolverse.

La casa de transición, por ejemplo, se ha convertido en un auténtico espacio en que llueven las peticiones para el presidente electo. Todas las mañanas se presentan muy diversas personas a hacer alguna solicitud para resolver un problema de salud, de empleo y hasta alguien se atrevió a pedir que se exhumaran los restos de Pedro Infante para “certificar” que no había muerto en un accidente aereo como se dijo en su momento. No han faltado personas que dejaron evidencias de su devoción poniendo veladoras en la casa de la colonia Roma, seguramente para que la santísima trinidad cuide al presidente porque han sido largos años de ayunos de un líder que los atienda y los escuche.

Hasta ahora, AMLO nos informa casi a diario los proyectos que habrán de realizarse y, en algunos casos, los que se pondrán a consulta de la ciudadanía a través de diferentes métodos que permitan tomar el pulso de lo que la gente opina. Un día si y otro también, López Obrador realiza sus ruedas de prensa para comentar que ha decidido nombrar como secretario o secretaria a alguien; luego cómo se atenderán ciertas necesidades o se resolverán algunas de las múltiples problemáticas que padecemos como país. Asimismo, con frecuencia se difunde que se ejecutará determinada obra, como la que acaba de informar de construir una vía de ferrocarril que prácticamente conecte la ruta maya y que atravesaría los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Si bien este proyecto estimulará la generación de empleos para una zona bastante golpeada por la crisis del sector petrolero y agropecuario, además de que promoverá el turismo, no está claro si se han tomado en cuenta los impactos ambientales, los litigios que puede conllevar la obra por los predios que se afecten, el tipo de turismo, la cantidad de pasajeros para que sea rentable y sobre los vestigios arqueológicos que pueden ser afectados en esta zona.

Sin embargo, detecto algunos signos preocupantes en ciertas medidas y propuestas anunciadas por AMLO. Por ejemplo, la conversión de la residencia oficial de Los Pinos en un museo; la creación de 100 nuevas universidades; la figura de los 32 delegados y el aparato que habrá de respaldarlos y las prácticamente nulas o casi inexistentes propuestas en torno a la reconstrucción del Estado, particularmente en lo referente al sistema de justicia.

Entonces, convendría que las próximas autoridades meditaran un momento y escogieran estratégicamente las batallas que sean realmente viables y oportunas. Convertir, por ejemplo, Los Pinos en museo distrae recursos humanos y financieros que son urgentes para el combate a la pobreza y la desigualdad que priva en todo el país o, también, revertir los niveles de violencia y contribuir a la pacificación del país que, como ya se ha dicho hasta el cansancio, no significa nada más invertir en policías y armamento.

El tema de la educación superior es muy importante sobre todo por el deterioro que acusan la mayoría de las universidades del país. Al menos desde los años 80 del siglo pasado se establecieron políticas de restricción presupuestal que ha dañado no solamente en términos materiales la infraestructura sino, además, impactó negativamente el desarrollo de la investigación científica del país. Más recientemente, varias universidades del país han sido objeto de restricciones presupuestarias y han sido usadas para el desvío de recursos públicos. Igualmente, el sistema de pensiones de las universidades públicas del país está al borde del colapso por la corrupción histórica a la que ha estado sometido, los desequilibrios entre la base de trabajadores en activo frente a los jubilados y una mala distribución de los escasos recursos de la cual son beneficiarias. Ante este panorama suena desproporcionado aventarse la puntada de crear 100 universidades públicas del país cuando las existentes están prácticamente en quiebra.

A mi modo de ver, uno de los temas más preocupantes del catálogo de propuestas que se autoimpone el nuevo gobierno es de los 32 nuevos delegados, mismos que habrán de ser apoyados por 264 sub-delegados. Sin duda, la medida intenta poner orden en las gubernaturas y alcaldías del país, sobre todo a partir de un manejo centralizado de los recursos federales que habrán de invertirse a lo largo y ancho del país. Desde luego, existen muchos ejemplos que sustentan el cúmulo de agravios que ha tenido que soportar la ciudadanía en todo el territorio nacional. No han sido pocos los casos de gobiernos estatales que de manera descarada han hecho un uso inadecuado de los recursos públicos, como escasos son los alcaldes que no estén manchados por la corrupción sin límites. Aceptando sin conceder que los recursos federales se atomizan frente al actual diseño con que opera la administración pública por la gran cantidad de delegaciones, es por lo menos dudoso que el nuevo esquema a través de los delegados (auténticos virreyes se dice en los medios) vaya a funcionar mejor. Frente al manejo inescrupuloso y hasta delictivo con que operan muchos gobernadores y alcaldes, la propuesta del nuevo gobierno nos retrotrae al siglo XIX cuando Porfirio Díaz mantuvo a raya a los poderes locales a través de los jefes políticos. Cabe entonces preguntarse si no pudieran inventarse nuevas formas de relación entre poderes que contemple los mecanismos indispensables para el control social y la construcción del más elemental Estado social de derecho con las instituciones capaces de aplicar la normatividad que se considere adecuada, para sancionar actos de corrupción como los que actualmente lastiman a la sociedad.

Más allá de la voluntad (pensemos que buena) que manifiestan nuestros nuevos gobernantes, no sólo hay que moderar las iniciativas sino incluso valorar cuáles verdaderamente valen la pena, no vaya a ser que nos resulte más caro el remedio que la enfermedad.