La agenda Chiapas en el contexto de la Cuarta Transformación

Foto: Rodrigo Pardo/Tragameluz

Por Daniel Villafuerte Solís[1]

Desde el histórico 1 de julio a esta fecha, han transcurrido 48 días. En este breve tiempo poselectoral se han presentado varios eventos: anuncios de proyectos prioritarios; reuniones, donde destaca el encuentro con miembros del más alto nivel del gabinete del presidente Donald Trump encabezado por el vicepresidente Mike Pence con un grupo representativo del futuro gobierno de López Obrador; también hemos escuchado  propuestas parciales del plan de gobierno, además de las consabidas críticas de medios, columnistas y de algunos intelectuales, sobre la composición del gabinete, en particular ha destacado la crítica hacia el nombramiento de Manuel Bartlett como futuro responsable de administrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que hasta la Coparmex ha sugerido su cambio, y no precisamente porque este organismo sea democrático sino porque ve un peligro para sus intereses pues algunos de sus afiliados se han beneficiado con la generación y venta de energía eléctrica a la CFE.

El tema poselectoral no ha sido la nota relevante en la coalición “Juntos haremos historia”, ni siquiera el caso de Puebla, el más emblemático. En buena medida, esto se debe a que se trata de incidentes menores frente al voto masivo por Morena y su coalición, aunque en los últimos días ha emergido el tema de la decisión del Tribunal Electoral del Estado de México de retirar a 10 diputaciones a Morena que habían sido asignadas el 9 de julio. En el caso de Chiapas, el escandalo mayor han sido las impugnaciones de dos candidatos que incurrieron en delitos electorales, falsificando documentos que los acreditaban como pertenecientes al distrito al que se postularon: el primer caso corresponde al distrito 11, con sede en Las Margaritas, donde fue propuesto Roberto Rubio, exsecretario técnico de la oficina del gobernador Manuel Velasco; el segundo caso ocurrió en el distrito 2, con sede en Bochil, donde se postuló Humberto Pedrero, exsecretario estatal de Hacienda. Ambos casos fueron anulados por la Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, este caso además fue turnado a la FEPADE para ser investigado por delitos electorales.

Aunque estos casos son incidentes menores, constituyen un reflejo del mal funcionamiento de un sistema que se ostenta como democrático, por demás oneroso para el pueblo mexicano. Refleja también las prácticas de una clase política decadente caracterizada por felonías, corrupción y aferrada al poder para reproducir las mismas prácticas de control y enriquecimiento ilícito.

Más allá de estos incidentes, desde ahora y hasta el primero de diciembre el gobierno federal en ciernes tendrá que afinar las propuestas, poner las piezas en su lugar para que la maquinaria de gobierno aceitada puede funcionar de manera firme, sin atorones, por que heredará una carga muy pesada en todos los ámbitos: el de las finanzas públicas, donde existe una deuda pública impagable que ha alcanzado niveles históricos; la redefinición del TLCAN; la profunda crisis del sistema de salud y del sistema educativo; una economía de cara a la globalización y extremadamente dependiente de Estados Unidos, entre otros temas. En la herencia también destacan los temas sociales, donde se ubican la exorbitada pobreza y la corrupción, asociada a la impunidad.

En Chiapas todavía no hay señales claras sobre la composición del nuevo gabinete y mucho menos de un posible plan de gobierno que al menos pueda atenuar los enormes problemas. Aquí, en la aldea local, la lista de prioridades es extensa: educación, ciencia y tecnología, que ocupan los últimos lugares en el país; pobreza y exclusión social, que siguen siendo el rasgo más distintivo de la entidad; deterioro y destrucción de los recursos naturales; crecimiento caótico de las ciudades, donde priva la inseguridad, el desempleo y la violencia que generan migración interna e internacional; conflictos comunitarios, etc. ¿Hay cosas peores?, desde luego, la clase política y los grupos de poder que medran con la ignorancia del pueblo. Otro gran tema es el de la frontera, el papel de Chiapas como espacio fronterizo ha sido visto en clave de seguridad nacional, consideración que debe cambiar por el de desarrollo desde una óptica centrada en los intereses sociales.

Para avanzar en la construcción de una agenda es necesario cumplir con ciertos prerrequisitos: uno de ellos es el impulso real y consistente de un “pacto social” incluyente, donde priven la transparencia y la consulta pública. Una sociedad enferma y con hambre de justicia, como la nuestra, requiere de imaginación, de compromiso, de propuestas incluyentes, de la consciencia de remontar el peso del tiempo histórico.

En todo esto, debe renacer el papel de la universidad pública como parte de la consciencia crítica y propositiva; alentar el compromiso de los sectores excluidos de la sociedad para el impulso de proyectos autonómicos con impactos regionales en el equilibrio sociedad-naturaleza.

El papel del Estado debe cambiar radicalmente, en vez de criminalizar la protesta social dar cabida a todas las voces, a la consulta pública, a la rendición de cuentas. Hay que reconocer que vivimos en una sociedad regional profundamente heterogénea, clasista y multiétnica, con una visión de género que profundiza aún más desigualdades, que requieren tratamientos generales y particulares, no se puede hacer tabla rasa en las políticas públicas.

Chiapas lo corroe una enfermedad, un historial de agravios, que debe tratarse con toda profundidad y compromiso. Es tiempo de cambio, es tiempo de crítica propositiva, es tiempo de hacer florecer lo mejor de su sociedad, sus niños, sus jóvenes, sus indígenas, sus mujeres, quienes están llamados a construir una nueva sociedad fundada en el respeto, la ética, el compromiso y el cambio social. La visión del centro debe cambiar radicalmente, dejar de ver a Chiapas como la gran despensa de alimentos y materias primas, convertir el extractivismo en un circulo virtuoso donde el Estado comience a pagar las rentas extraídas durante décadas. Este es el gran reto del nuevo gobierno, ni más ni menos.

[1] Investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Miembro invitado del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODMCA). Correo: daniel.villafuerte@unicach.mx.