Buenos y malos augurios

Ni siquiera ha tomado posesión el nuevo gobierno federal, pero todo parece indicar que quien manda en el país no es el presidente Peña Nieto sino quien lo sucederá en el cargo a partir del 1º de diciembre. Los analistas incluso opinan sobre el estilo y los cambios que experimenta el presidente electo. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se someterá a consulta pública, las reformas educatriva y energética no serán canceladas como se dijo en campaña; en todo caso se harán ajustes con el propósito de evitar actos de corrupción. No está mal rectificar o matizar las propuestas y no es un asunto menor vigilar que todo tipo de contratos se realicen bajo criterios transparentes. Un buen gobierno no solamente debe medirse en función de la aplicación irrestricta de normas; merece reconocimiento cuando es capaz de rectificar teniendo como imperativo el interés general.

Al mismo tiempo, se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos que ofrece certidumbre en cuanto a la continuidad del tratado de libre comercio que desde 1994 tenemos con nuestros vecinos del norte. Aunque esto todavía llevará su tiempo para que sea ratificado por el Congreso norteamericano, no es una mala noticia que se haya alcanzado un acuerdo frente a la cerrazón y su visión antimexicana del presidente de aquel país.

Mientras eso se discute en el plano nacional, dos noticias me han parecido particularmente perturbadoras y ambas, por desgracia, tienen que ver con Chiapas.

En primer lugar, me llamó poderosamente la atención el posible cierre de la espléndida librería del Fondo de Cultura Económica, José Emilio Pacheco, en Tuxtla. Ubicada en las estribaciones de lo que era el municipio de Terán, la librería destaca por la diversidad de su catálogo y el espacio reservado para el fomento a la lectura en los niños. Mientras visito a mi familia, nunca dejo de asistir con mis hijos o solo, con el propósito de consultar lo que tienen, encontrar novedades o ediciones renovadas.

En una ciudad de poco más de medio millón de habitantes, es posible que el negocio de la cultura a través del comercio de libros pueda ser rentable, pero eso no es suficiente para garantizar que una cantidad importante de lectores estén ávidos de libros. Es necesario mejorar los salarios para que alcance para algo más que lo indispensable. Con todo, ni eso por sí sólo puede asegurar el éxito en ventas. Hace falta mucho más el términos de fomento a la lectura. Es cierto, la promoción de la lectura no sólo corresponde al gobierno; también grupos de la sociedad civil pueden contribuir a esto. Pero en una entidad donde la gran mayoría de la población vive en la pobreza, el Estado se convierte en el principal agente que debería procurar acercar los libros al conjunto de la ciudadanía.

En otras países, por ejemplo, se ha ensayado la promoción de la lectura mientras uno se traslada en taxi de un lugar a otro. Tuxtla Gutiérrez tiene más lugares para tomar cervezas o licor que bibliotecas o librerías. Me atrevería a decir que ni el conjunto de bibliotecas y librerías alcanzan el 10% de las cantinas que existen en la ciudad. No estoy en contra de esos lugares que son de convivencia, simplemente trato de mostrar el poco aprecio que podemos tener socialmente por la difusión de la cultura literaria en sentido amplio. Si en cada cantina, de esas que pululan a lo largo y ancho de la ciudad, ofreciéramos la posibilidad de diversificar nuestras charlas con referencias a lo último que hemos leído, podría ser un buen estímulo para la consulta e incluso para la compra de libros.

Si los diputados locales y federales de Chiapas donaran un porcentaje de sus dietas, podrían financiarse ediciones baratas de novelas, cuentos, obras de teatro o, también, libros producto de investigaciones científicas; aunque lo que a menudo producen los científicos no es muy sexis que digamos, es decir, no convoca multitudes. Pero otros géneros sí que pueden ayudarnos incentivar la lectura.

Un buen incentivo, igualmente, lo constituyen los grupos de lectura con niños y adolescentes, sobre todo en aquellos lugares en los que están prácticamente canceladas actividades de este tipo.

En Colombia, la violencia comenzó a disminuir cuando se diseñaron y se pusieron en práctica políticas de apoyo a jóvenes y niños con el fin de alejarlos de las drogas y el sicariato. Se brindó acceso y se promovieron actividades artísticas en barrios de las ciudades más importantes. De este modo, se vinculó a estos grupos con actividades como la danza y la música, y se recuperaron espacios públicos para la convivencia colectiva.

Eso no resolvió el problema de la violencia, pero contribuyó a disminuirla y, lo que es mejor, se promovió una suerte de cultura de la paz, al tiempo en que los jóvenes encontraban una manera menos violenta de convivir.

Por eso, cerrar una librería no sólo es una acto difícil de asimilar y una barbarie sino, además, es condenar a los jóvenes dejándoles como única salida su incorporación a las redes criminales o la drogadicción.

Como este pueden ponerse muchos más ejemplos de las alternativas que podemos imaginar.

La otra cosa que ha llamado poderosamente mi atención es la decisión del gobernador, Manuel Velasco Coello, de jurar como senador electo por la vía plurinominal sin soltar los hilos del gobierno de Chiapas. El ahora ex-gobernador (es una eufemismo) ha dado muestras del estilo frívolo y sin escrúpulos a la hora de ejercer el poder desde su llegada al ejecutivo estatal. Cree que la tarea de gobernar le otorga patente de corso para hacer lo que le venga en gana. Por eso puede pisotear la Constitución chiapaneca, ningunear al Congreso, burlarse del electorado y la ciudadanía en su conjunto.

Pero el ex-gobernador de Chiapas no está sólo en este modo de proceder. Lo mismo se puede decir del actual gobernante en Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, que pretendió heredar el cargo a su hijo o, también, el ex-gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien dejó encargado del ejecutivo estatal a su hermano. En Puebla, Rafael Moreno Valle, deja el cargo a su esposa y Alfonso Sánchez Anaya intentó lo mismo en Tlaxcala. Por ello es que se dice que los gobernadores resultan una suerte de virreyes, porque son una fuente del poder arbitrario ejercido sin el más mínimo pudor. Los gobernadores carecen de contrapesos y esto hace que experimentemos este catálogo de aberraciones.

La situación del Estado de Chiapas me resulta particularmente agraviante y escandalosa. No sé, pero supongo que para muchos chiapanecos las actitudes de los gobernantes en turno son indignantes. De manera descarada, Manuel Velasco Coello, nos enseña que no tiene recato alguno por conseguir a cualquier precio lo que se proponga. No tiene vergüenza alguna si se trata de comprar voluntades.

Aun cuando los medios locales y nacionales han difundido el cochupo del ex-gobernador, no parece que esto trascienda el chismorreo y la comidilla por los excesos de un político. Más sorprendente resulta el servilismo del Congreso estatal al prestarse a la burla que significa las vanidades de un gobernante. Los chiapanecos en particular, pero todos los mexicanos en general, debemos llevar el registro de los dizque representantes populares que ahora asumen una actitud vergonzante plagados a los intereses de Manuel Velasco Coello. Los diputados que se prestaron a esta maniobra no deben volver a ocupar cargo de representación popular alguno por su ostensible falta de independencia. El Congreso está para fungir como contrapeso al poder, no para actuar con servilismo frente a él. Debe vigilar el cumplimiento de las leyes y no modificarla a capricho de los gobernantes como ha sucedido en esta ocasión y prácticamente siempre. El interés general por el cual deben procurar todos sus esfuerzos los diputados actuales y futuros, no debe contaminarse con los anhelos y aspiraciones de nuestros gobernantes por más legítimos que puedan ser.

Es obvio que el ex-gobernador lo que busca es impunidad y la senaduría le ofrece la garantía de no poder ser juzgado por los desastres que deje en su gestión. Con la inmunidad que le otorga su actual cargo al que pronto pedirá licencia, no sólo le benefician en términos económicos, sino que le garantizan que en los próximos seis años no podrá ser tocado por los delitos en los que eventualmente pudo haber incurrido y de los cuales puede ser llevado a proceso si los nuevos gobernantes se deciden a hacerlo.

Más inaudito resulta que en la entidad donde se vivió un levantamiento armado, precisamente por las condiciones de injusticia imperantes y el proceder de la clase política local, no exista poder alguno que frene estos despropósitos que ahora se viven en Chiapas. El Estado en que se reinventó la democracia magisterial y ha sido cuna de movimientos campesinos por la justicia, vive hoy la tragedia de su propia debilidad expresada en la venialidad de sus gobernantes. Estoy seguro que muy pronto los chiapanecos habrán de cortar por las vías institucionales los hilos que alimentan los pactos de impunidad de su clase política. Ni Chiapas, ni la República, pueden continuar inermes e indiferentes frente a este tipo de atropellos. Por el bien de todos, nunca más.