“El uso electoral de la pobreza y los programas sociales en México y en Chiapas” [i]

La afición al verde
Señor con su playera que le regaló en partido Verde viendo el partido de fútbol en el centro de la ciudad. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Autor: Rodrigo Pardo

Por Manuel Martínez Espinosa[ii]

Desafortunadamente, se han vuelto parte del paisaje natural las relaciones clientelares que los gobernantes, funcionarios públicos y partidos políticos establecen con los ciudadanos en época de elecciones y en el marco de los programas sociales.

En el actual proceso electoral la entrega de beneficios (compra) o la amenaza de perderlos (coacción) a cambio de la promesa del voto ha sido una constante por parte del gobierno federal, el partido en el poder y sus aliados. Ello se manifiesta en los “operativos en tierra” pero se ha posibilitado por una estrategia que ha seguido dos vías: la fabricación de un contexto propicio para la impunidad y el manoseo de las instituciones de desarrollo social.

La primera se refiere a la captura y desestabilización de los cargos directivos que han mermado las instituciones electorales, de combate a la corrupción y fiscalización. Por ejemplo, la composición del TEPJ y del INAI con personajes identificados con el partido en el poder, la ausencia del Fiscal nacional Anticorrupción por falta de acuerdo en el Senado, o la destitución del titular de la FEPADE que investigaba el caso de Odebrecht.

La segunda vía se trata del desvío de recursos y la utilización de las instituciones como plataformas electorales. Por ejemplo, el desfalco al erario público por casi 5 mil millones de pesos que la ASF identificó de la SEDESOL entre 2013 y 2016, así como los casos de un ex secretario de la SEDESOL y la ex coordinadora del PROSPERA que ahora son operadores políticos y candidatos a cargos de elección popular.

Todo ello ha posibilitado, por citar sólo un caso, que en todo el país se repartan tarjetas electrónicas, se recoja fotocopias de credenciales de elector y se entreguen recursos en efectivo y en especie en el marco de programas sociales, existentes o prometidos.

En el caso del estado de Chiapas también existen evidencias que nos permiten afirmar que la pobreza y los programas sociales se están utilizando para construir clientelas en el actual proceso electoral. Ello se puede verificar al articular el contexto, los antecedentes y los datos relacionados a los programas sociales en la entidad.

En primer lugar, conviene indicar que, según el CONEVAL, Chiapas ha sido la entidad con el mayor porcentaje de población en situación de pobreza en los últimos 10 años en el país. Asimismo, según Transparencia Mexicana, Chiapas es una de las entidades con mayor nivel de opacidad del país y, según el INEGI, se convirtió en la entidad con el mayor aumento de prevalencia de corrupción en el país.

Además, en el periodo 2012-2016 la ASF detectó en Chiapas desvíos por 10 mil 126 millones de pesos y la entidad es uno de los 7 estados del país que aún no conforma la estructura operativa de su Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero el contexto de pobreza, opacidad, malversación de fondos y ausencia de mecanismos institucionales anticorrupción es insuficiente para aseverar la manipulación de los programas sociales en el actual proceso electoral en Chiapas.

En este caso, un antecedente puede mostrar un itinerario factible: en el proceso electoral de 2015 (donde se realizaron elecciones federales a nivel nacional y elecciones locales en 16 entidades federativas), Chiapas fue el estado donde más denuncias por condicionamiento de programas sociales presentaron los partidos políticos ante la FEPADE.

Por último, en relación con los programas sociales, además de que en Chiapas no existen instancias de monitoreo y evaluación de los mismos, para el ejercicio de 2016 se identificaron 46 programas estatales de desarrollo social, de los cuales ninguno tenía padrón de beneficiarios y tampoco ninguno de ellos contaba con reglas de operación.

Por el contexto, los antecedentes y la situación del sector del desarrollo social en la entidad, es consecuente advertir que en Chiapas también se están utilizando los programas sociales con fines de rendimientos electorales. Así lo avala, por lo menos en términos de indicios, la FEPADE al indicar que Chiapas es la cuarta entidad donde más denuncias se han presentado en el reciente proceso electoral 2018. Incluso, organizaciones civiles han indicado que, en el mercado chiapaneco de la compra del voto, éste se “cotiza” hasta en $1200 pesos por elector.

El uso electoral indiscriminado de los programas sociales, que es posible gracias a las altas cotas de pobreza y desigualdad en el país, es un reflejo del quebranto del Estado de Derecho y un atentado contra la democracia.

Pero es, ante todo, una evidencia ignominiosa de las estructuras, instituciones y prácticas que deben cambiarse.

[i] Segunda entrega del Balance pre-electoral de Chiapas y México, 2018, elaborado por el Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA-CESMECA).

[ii] Investigador en el Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH).