La equivocada estrategia de golpear al árbitro electoral

El posdebate de candidatos a gobernador, que es el verdadero acumulador de preferencias, se esfumó en Chiapas. En su lugar apareció una campaña de desprestigio en contra del árbitro electoral.

Todo empezó en el predebate, cuando Enoch Hernández, “líder moral” de Mover a Chiapas, solicitó aplazar el debate porque, argumentó, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abría la puerta a la participación de nuevos candidatos a la gubernatura.

Los consejeros electorales no cedieron a esta solicitud ni a las presiones que se comenzaron a multiplicar y que provenían de funcionarios, diputados, dirigentes de dos partidos y hasta de un candidato.

Doblegarse a esa exigencia, según lo interpretaron las consejeras, era enviar un mensaje de debilidad a la ciudadanía, era señalar que el IEPC estaba a las órdenes del gobierno y de los actores políticos locales.

En un ambiente de ánimos caldeados se desarrolló el debate entre los cuatro contendientes a la gubernatura, que como escribí en este espacio, triunfaron las evasivas.

Un debate así, en donde varios actores buscaban sangre, podía esperarse cualquier salida. Fallas de transmisión, interrupciones de la energía eléctrica y golpeteos a la organización electoral.

No sucedió nada de eso, pero sí emergió una campaña de desprestigio, comandada por troles, en contra del árbitro electoral, por violar, decían, los principios de igualdad, certeza y uniformidad.

Las preguntas planteadas por las moderadoras a los candidatos levantó más los enconos, porque se vio como un ataque abierto al gobernador. 

Los troles dirigieron entonces sus diatribas directamente en contra del consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, de quien dijeron había expedientes de sus malos manejos como rector en la Universidad Intercultural de Chiapas, sin que mostraran un solo documento que acreditara sus dichos.

El diputado Willy Ochoa se subió al ring. Habló de cantidades exorbitantes que había  pedido el órgano electoral. El IEPC aclaró que no habían solicitado 12.7 millones para el voto de chiapanecos en el extranjero, sino cinco, y que la comparación de costos del PREP era incorrecta. En Puebla había sido de 30 millones, y no de 14 como había dicho el Congreso, y lo mismo pasaba con Oaxaca, en donde no se habían gastado 15 millones sino 29. En el colmo de las desmesuras, Enoch Hernández declaró que solicitaría al INE que atraiga las elecciones locales del próximo primero de julio.

Las andanadas para desacreditar al árbitro electoral es una estrategia perdedora para todos. El IEPC no puede estar bajo las órdenes del Partido Verde, Mover a Chiapas, Chiapas Unido o de la estructura gubernamental.

Debe moverse con independencia, debe ser fortalecido, porque un árbitro debilitado complicará y cuestionará también el triunfo del próximo gobernador, de las cuarenta diputadas locales y de los 124 presidentes municipales. 

Es necesario y urgente que regrese la prudencia, que ningún actor político local interfiera en el IEPC para presionarlo, debilitarlo y cooptarlo. Lo hemos vivido en el pasado y esa estrategia ha dado pésimos resultados. 

Es una salida perdedora, incluso para el mismo gobernador, que en esta última etapa de su administración, debe alzarse como un estadista, un hombre respetuoso de las instituciones, para distanciarse de su predecesor, Juan Sabines, quien en su afán de controlarlo todo, se llevó el repudio de la población chiapaneca. 

Empujar a una elección de Estado traería consecuencias desastrosas. Pudiera acarrear causales para invalidar los resultados de la elección en los tribunales, y que los perdedores cuestionen la legitimidad de los ganadores, lo que nos llevaría a un conflicto poselectoral de gran envergadura, y a una rispidez social incluso mayor que la que se generó en el 2015.

La legitimidad de la elección del primero de julio requiere de instituciones electorales fuertes, autónomas y creíbles, y los políticos locales deberían ser los mas preocupados en defenderlas. La violencia contra las instituciones electorales no contribuye a mejorar la calidad de la democracia. Ese no es el camino a seguir.

Hay que dejar al árbitro actuar con imparcialidad, porque de eso dependerá la tranquilidad después del 2 de julio.