El dictamen del TRIFE sobre las alianzas a la gubernatura de Chiapas ¿abona a la certidumbre o la incertidumbre?

Imagen tomada de Politico MX

Si hay algo que caracteriza al proceso electoral 2018 en Chiapas, es la incertidumbre.

La clase política en su afán de conservar el poder, es la primera que contribuye a esa incertidumbre.

A pesar de la incertidumbre y la competividad electoral que la alternancia genera, en Chiapas, son los mismos actores políticos de siempre.

Los candidatos a la gubernatura son un priista de la vieja guardia convertido en el candidato de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, José Antonio Aguilar Bodegas; Rutilio Escandón Cadenas, militante de la izquierda, pero quizá el único de ese pensamiento político que en Chiapas ha gozado de grandes  puestos en la administración pública, por la alianza encabezada por MORENA y por la Alianza PRI-Verde, Roberto Albores Gleason, heredero de una dinastía política que inició su padre ex gobernador.

MORENA no tuvo problemas para elegir candidato a gobernador. Sus problemas comenzaron con lo que las bases de ese partido consideraron una imposición: la designación de Eduardo Ramírez Aguilar y de Sasil De León como las dos fórmulas al Senado. A la fecha, esas designaciones provocan abucheos y rechiflas en cada evento político de MORENA.

La alianza encabezada por el PAN y el PRD eligió a José Antonio Aguilar Bodegas, político experimentado, pero sin una amplia base social, porque el PAN en Chiapas es un partido prácticamente marginal y el PRD sufrió la diáspora de su militancia hacia MORENA.

Dicha alianza espera que el candidato por su experiencia, le aporte un buen caudal de votos. Esos votos, le serán disputados al PRI por el origen partidario del candidato.

La mayor incertidumbre electoral en Chiapas la provoca la alianza PRI-PVEM. La clase política electoral quería de candidato a Eduardo Ramírez Aguilar; nunca pensó en Roberto Albores Gleason. Pero el PRI nacional se impuso.

Ese diferendo de las élites chiapanecas, provocó la ruptura de la clase política local y no parece que existan visos de reconciliación.

Habría que hacer notar que poco públicamente, pero siempre “off the record»;   la clase política chiapaneca afirma que a pesar de que públicamente el gobierno del estado apoya a la alianza PRI-Verde, en realidad el apoyo es para MORENA.

Primero porque la evidencia demuestra que la llegada de Eduardo Ramírez y Sasil De León a la formula por el Senado, revela un apoyo que no se puede negar por tratarse de operadores políticos del gobierno en turno.

En segundo lugar, porque las trabas puestas a la alianza, responden también a un hecho: los partidos políticos estatales o “chicos” son controlados por la estructura política estatal.

En tercer lugar, hay choque por las Senadurías de la alianza PRI-Verde. El candidato Albores, es el único de los candidatos a la gubernatura que está en campaña política sin el respaldo de candidatos al Senado.

El jaloneo por las Senadurías hace chocar de nueva cuenta al PRI nacional con el gobierno estatal. Las dos partes meten presión por supuestos candidatos. Se barajan nombres, pero el hecho es que ese jaloneo, es otra evidencia más del choque.

Ni se asusta ni se raja dice Albores Gleason. Pero los problemas le brotan por todos lados. En los nombres de los candidatos al Senado que lo acompañarán en la campaña ya en curso, y además en la viabilidad del apoyo de los partidos políticos locales a su candidatura a la gubernatura.

Para apoyar a Roberto Albores Gleason, PRI, PVEM, Nueva Alianza y los partidos locales chiapanecos firmaron una alianza, luego la deshicieron, luego regresaron a ella.

Hubo demandas, inconformidades e inevitablemente, la justicia electoral federal tenía que ofrecer un dictamen. Pero ese dictamen ha provocado más incertidumbre al proceso electoral local, porque los actores políticos lo interpretan o quieren interpretar a su manera.

Para el PRI la alianza con el verde y con los partidos locales, está firme. Para ellos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la adhesión de los partidos políticos “Chiapas Unidos” y “Podemos Mover a Chiapas” a la Coalición “Todos por Chiapas” quedando integrada además por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Sostienen que el Tribunal ordenó a todos los partidos políticos de la coalición, ratificar en un plazo de cinco días esa alianza, bajo la figura de una “candidatura común”; y que además, el dictamen no modifica la candidatura de Roberto Albores Gleason.

Los priistas celebran. Ello asegura votos que hacen competitiva la candidatura y viable la victoria de Roberto Albores Gleason en las elecciones estatales por la gubernatura.

El problema es que si nos atenemos a la evidencia “of the record” que aporta la clase política estatal, la estructura gubernamental hará todo lo posible por detener la victoria alborista.

De hecho, respecto al dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la interpretación difiere de los dichos del PRI.

Se dice que se cae la coalición de los cinco partidos. A esta coalición dejan de pertenecer los dos partidos chiapanecos.

Sin embargo, a los partidos se les da un plazo de cinco días a los partidos locales para aceptar nuevamente la coalición a partir de la firma de un nuevo convenio político. Pero, si los partidos locales deciden no ir en esa nueva coalición que se firmará, podrán ir ambos en una candidatura común con candidato propio.

Pero también los partidos locales, podrán postular candidato propio. Es decir, la decisión de sostener o no la alianza con el PRI y el Verde Ecologista, es decisión de los partidos locales, así también como aliarse entre ellos o ir solos con candidato propio a la gubernatura.

¿Quien tendrá la razón?

Jurídicamente se requiere firmar un nuevo convenio para ratificar la alianza en los términos que dice el PRI. Pero, ¿Qué pasa si los partidos locales no quieren?. ¿Parece claro o no el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?.

Si no hay de otra, los partidos de la coalición tendrán que firmar todos el nuevo convenio. Pero, en los hechos; ¿Ellos querrán? o en su caso, ¿Podrá de alguna forma obligarlos el PRI nacional?.

Ahora bien; ¿Que pasa si no hay firma de nuevo convenio?

El voto por la alianza PRI-Verde y aliados, se diseminará. Eso le conviene a MORENA que en Chiapas crece por el efecto de Andrés Manuel López Obrador.

La no firma, implicará recomponer el formato del debate que ya está a la vuelta de la esquina, las boletas electorales y toda la documentación oficial, el financiamiento a los partidos políticos, las campañas y la publicidad electoral.

Pero en el fondo, la disputa legal por la coalición desnuda a un gobierno estatal que rechaza al candidato del PRI-Verde, que promueve la división y que de manera extraoficial apoya a MORENA.

Un gobierno que juega todas las bandas posibles porque en todos los partidos políticos tiene a representantes vinculados a la estructura estatal.

Es es la “política real” chiapaneca. Se encuentra en el dilema de apoyar a la alianza oficial y sus candidatos José Antonio Meade y Roberto Albores Gleason o darle su apoyo al movimiento político emergente, MORENA.

Que caso tendría apoyar a un candidato nacional que no sale del tercer lugar y que en el mejor de los escenarios, todo indica que quizá solo pueda pelear por el segundo lugar nacional.

Es mejor apostar por el movimiento político emergente, aunque ello implique recomponer el escenario político estatal, pero al mismo tiempo asegure impunidad y continuidad de la clase política estatal.

Ello, aunque implique más incertidumbre política al ya de por si convulsionado escenario político estatal.