Chiapas, las elecciones que podrían nulificarse

Un raro silencio recorre a los partidos políticos en Chiapas, a excepción del Partido del Trabajo, ante la entrega incompleta de financiamiento público, lo que podría ocasionar la nulidad de las elecciones locales de este año.

No se necesitaría para eso un Tribunal Electoral a modo, pues el propio Código de Elecciones y de Participación Ciudadana establece que es causa de nulidad la falta de equidad de los o las contendientes, y en Chiapas claramente se está violando el principio de certeza y de igualdad. 

Esta situación comenzó el 3 de octubre del año pasado cuando el Congreso del Estado aprobó la solicitud de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos durante 2018, para redirigirlo a las labores de reconstrucción por los daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre. 

El 26 de diciembre de 2017, ya un tanto olvidados de la tragedia, la legislatura local votó a favor de otorgar a los partidos la cantidad de 259 millones seis mil 400 pesos, los cuales durante este 2018 se han suministrado a cuentagotas. En enero, el Gobierno del Estado entregó el 35 por ciento de lo que correspondía a ese mes, en marzo el 40 por ciento y en abril el 36. 

¿Dónde quedó entonces aquella iniciativa aprobada por los legisladores y legisladoras de que sus partidos no recibirían financiamiento público, y que serían los candidatos  y sus simpatizantes quienes pagarían los gastos operativos y de campaña?

Lo cierto que aquella iniciativa, aprobada por unanimidad, estaba más pensada en proyectar una buena imagen de los políticos, que en solucionar las necesidades de los damnificados, y además contravenía las disposiciones legales en la materia las cuales prohiben dejar sin recursos a los partidos en  un año electoral.

Hasta el momento, el financiamiento a los partidos políticos, nos guste o no, está estipulado en el artículo 41, fracción II, de la Constitución federal, así como en la local y en el Código de Elecciones y de Participación Ciudadana. En todo caso, si se planeaba apoyar a los damnificados, debieron ser las dirigencias las que tomaran ese acuerdo, recibieran el recurso y, como sucedió a nivel federal, regresarlo a Hacienda. Aquí, simplemente otros tomaron la decisión por ellos, y ahora no han recibido el presupuesto contemplado para sus gastos operativos.

¿Por qué, si el financiamiento público está garantizado en la Constitución para asegurar equidad en las elecciones, los partidos políticos no han protestado?

Porque es muy posible que se estén planteando un escenario en donde puedan obtener beneficios para ellos, porque podrían inconformarse y solicitar la nulidad de las elecciones en Chiapas. Los ingredientes están servidos y son fácilmente demostrables con la entrega de recursos incompletos y a destiempo, que viola el principio de elección libre, de equidad y de imparcialidad.