Obras como desprecio a la ciudadanía

Aquello que debería ser un orgullo para los ciudadanos de una ciudad, o un estado, como lo son las obras para mejorar sus condiciones de vida se han convertido en el mejor ejemplo del desprecio hacia ellos. Así, nada parece más ajeno a quienes ostentan el poder público que la ciudadanía, aquella que los ha puesto en el lugar que ocupan y, sobre todo, a la que deben servir. Los ejemplos son numerosos y, seguramente más graves y trascendentes en la vida personal o comunitaria de muchos miembros de esta sociedad, pero hay momentos en que una forma de actuar, reincidente por cierto, denota y muestra con claridad el menosprecio por los ciudadanos. Ese desdén y falta total de respeto por lo que significan los conciudadanos, aquellos que comparten una vida en común, y más cuando ello se produce en conglomerados humanos como lo son las ciudades, es lo apreciado en las urbes chiapanecas de manera tan constante que ni siquiera sorprende.

Y ese desprecio absoluto por los ciudadanos es un contrasentido porque esas construcciones deben realizarse para mejorar la vida de todos. Cualquier acción de esa naturaleza causa problemas, inconvenientes, como sucede cuando se llevan a cabo en nuestros hogares cualquier tipo de modificaciones arquitectónicas, necesarias o por el simple gusto estético. Pero ello no significa que se castigue y haga vivir a nuestros seres queridos con las mayores incomodidades; por el contrario, se buscan todas las formas para que los inconvenientes sean los menos. Una manera de pensar unida al afecto por el entorno más cercano: la familia y los vecinos. Estima que empieza por uno mismo si comparte el mismo espacio vital porque de lo contrario, y aunque tampoco debería ser así, la indiferencia es una posibilidad no respetable, pero posible.

Antiguo palacio de gobierno, en Tuxtla.

Esa última opción es la que caracteriza cualquier tipo de obra pública en las ciudades chiapanecas, y la capital del estado de Chiapas se ha convertido en el ejemplo de aquello que no debe ser. Con o sin aviso, se interrumpen vías públicas sin buscar alternativas y con la inacción de los servidores públicos. A ello se une que esas construcciones las efectúan empresa surgidas como hongos en el sexenio o trienio y, por tanto, su experiencia y eficacia está en las antípodas del gusto por el cobro de sus actividades, es decir, que lo mucho cobrado está alejado de la prestancia en desarrollar su contrato. En definitiva, que las obras que en otros estados duran una semana, aquí dilatan seis meses, y no es exageración, es constatación de cualquier chiapaneco que viaje por la República.

En fin, salir a la calle como viandante, usuario de algún transporte público o propietario de un vehículo se ha convertido en una aventura digna de emular la paciencia de Job. Lo peor es que la ciudadanía se ha acostumbrado tanto a ello que su indefensión es tan grande como las molestias que les causa la indolencia de sus autoridades y de los trabajadores al servicio de las mismas. Cualquier ejemplo sobra, pero que no existan servidores de tránsito aligerando los embotellamientos causados por la ineficiencia de sus superiores no es un problema de esos trabajadores mal pagados, sino de quienes los dirigen.

El análisis de ello es penoso puesto que habla del carácter de “número” otorgado a los ciudadanos. El vecino presidente municipal o gobernador resulta que no lo son. Ninguna novedad, por cierto, pero al menos deberían tener la sensibilidad política de tratar a los ciudadanos chiapanecos como si lo fueran, aunque la política sea simulación, como es bien sabido.

Demasiado maltrato que, por los vericuetos del poder y de cómo surge y se maneja en el estado, conduce a explosiones violentas pero entre la propia ciudadanía. Si toda esa energía se dirigiera contra los maltratadores hacia la ciudadanía otra situación viviría Chiapas.